La fiscal superior, Carmen Adán, ha alertado este lunes en el Parlamento Vasco de que la Ertzaintza tiene pocos efectivos dedicados a delitos contra el Medio Ambiente o de corrupción y que, además, los especialistas suelen abandonar sus puestos al poco tiempo. “En el tema de Zaldibar, por ejemplo, hicieron un gran trabajo. Pero parte de los miembros se van. No resisten. Hay cambios y no suficiente inversión”, ha explicado Adán, que lleva ya años alertando de disfunciones en las unidades especializadas de la Policía vasca que han llevado a que, particularmente en el caso de los delitos ambientales, muchos jueces y fiscales hayan optado por comisionar a la Guardia Civil y no la Ertzaintza como Policía judicial, aunque el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el PNV busca atajar esta práctica. Asimismo, ha considerado positiva la idea de la Fiscalía de Navarra de 'fichar' a asesores especialistas en delitos económicos para mejorar las investigaciones.
Adán ha recalcado igualmente en la Cámara las reflexiones que ya hizo por escrito en la memoria de 2022 de la Fiscalía, dada a conocer en septiembre. La colaboración del Gobierno de Iñigo Urkullu en la lucha contra la criminalidad ambiental no es suficiente, interpreta. Como ejemplos, ha señalado que “todos” los casos sobre vertidos en ríos llegan por denuncias de particulares y organizaciones mientras que “no hay ni una sola investigación que llegue de la Administración”. También ha considerado “acreditado” que en un caso complejo de Álava, con “23 encausados por blanqueo, contrabando o vertidos”, no fue ágil la respuesta de Medio Ambiente del Gobierno, por lo que hubo que pedir “apoyo” a la Fiscalía general y a la Guardia Civil cuando “se podría haber hecho desde la Administración autonómica”.
Según Adán, hay ocasiones en que el Ejecutivo vasco “se excusa” de cumplir los requerimientos judiciales, en que “no tiene conocimiento” de las actividades de algunas empresas o que entrega informes que apenas sí responden a unas preguntas, sin más profundidad. “No casa bien con esas labores inspectoras [que son de su competencia]”, ha recalcado la fiscal. Y ha añadido: “Las administraciones tiene atalayas privilegiadas. Lo suyo es que tengan capacidad de iniciativa que en este territorio no vemos”. El Ejecutivo ya respondió en el Parlamento mostrando que no es ésta la realidad.
En su comparecencia, ha dejado claro que no busca un “conflicto” institucional sino ganar en eficacia. “Sin ningún ánimo de colisión, hacemos constar lo que hay y lo que vemos”, ha explicado en una comisión parlamentaria en la que ningún partido político, ni PP, ni Elkarrekin Podemos-IU, ni EH Bildu, ni PSE-EE ni PNV, han preguntado a la fiscal por la investigación que ella misma mantiene abierta sobre la actuación de la consejera Arantxa Tapia tras una denuncia derivada del 'caso Davalor' de Navarra. Adán ha deslizado el dato de que están siendo investigados ahora mismo “seis aforados” pero tampoco aquí los partidos presentes en el debate parlamentario han requerido mayores explicaciones. La fiscal se ha referido, igualmente, a que continúan llegando a su oficina decenas de denuncias sobre posibles irregularidades. La mayoría son anónimas. “El ciudadano no se muestra para dar el dato concreto del delito”, ha apuntado Adán.
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