Euskadi desestima “cientos” de peticiones de policías y guardias civiles que querían ser víctimas policiales

El área de Derechos Humanos del Gobierno vasco, adscrita al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha empezado a denegar ya las solicitudes que, en bloque y de manera orquestada, realizaron “cientos” de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional -la cifra exacta se precisará este jueves, aunque 'Gara' hablaba de unos 300- para acogerse a la ley vasca que reconoce a las víctimas de violencia policial. Después de haber intentado tumbar esta normativa en los tribunales -también la gemela aprobada en Navarra- trataron de valerse de un inciso que permite ser considerado como damnificado tanto si el victimario es un funcionario público como si es un particular. Con este resquicio alegaban que ello englobaba también a las amenazas de ETA y el denominado 'síndrome del norte'. La tesis defendida por algunas organizaciones profesionales -y secundada por formaciones como Vox o el PP- es que esta norma blanquea el terrorismo de ETA al equiparar como víctimas a personas que sufrieron excesos de las fuerzas del orden.

Los agentes enviaron formularios de solicitud idénticos a la comisión constituida en Euskadi para valorar los casos de manera individualizada. Sin embargo, según las fuentes consultadas, la respuesta a ellas no será individualizada sino también idéntica. De hecho, no se ha considerado oportuno realizar las entrevistas personales con los solicitantes previstas en la normativa de funcionamiento de la comisión, que analiza las posibles torturas o actuaciones policiales con archivos judiciales o sanitarios. Un dictamen desestimatorio al que ha tenido acceso este periódico muestra que la comisión ha acordado “por unanimidad” rechazar la condición de víctimas de estos agentes.

¿Cómo lo argumentan? “Sin olvidar las posibles experiencias traumáticas” y desde la “empatía”, se estima que la actuación de ETA está amparada en otra normativa específica -la de víctimas del terrorismo- y que “si se perdiera la conexión” de los casos presentados con actuaciones “del Estado” o de particulares relacionados de alguna manera con él “se diluiría por completo el objeto” de la ley, “invadiendo otros sectores de regulación ajenos como, por ejemplo, el propio y específico del terrorismo”. Hay otra versión de respuesta para víctimas de ETA que también han solicitado el reconocimiento prevista en esta norma con una conclusión “similar”: no se dan los “elementos necesarios” porque “no se trata de hechos o violaciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado”.

La comisión de valoración está presidida por la letrada Juana Balmaseda. De ella forman parte la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando, Sabino Ormazabal, Jon Mirena Landa, Paco Etxeberria, Josu Oskoz, Víctor Verano, Amaia Bóveda, Luis Sala y Marian Sánchez. Las resoluciones que se están enviando las firma el viceconsejero José Antonio Rodríguez Ranz y a ella se le adjunta un dictamen firmado por Balmaseda. Fuentes del Gobierno vasco rechazan que sea un cuestionamiento las Fuerzas de Seguridad del Estado o una minimización del terrorismo de ETA. Se da la circunstancia de que hace solamente dos semanas el mismo área del Gobierno vasco realizó precisamente un reconocimiento a los 357 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a los alrededor de 700 heridos, así como a sus familiares. Se puso en valor la “estigmatización” que sufrieron y la amenaza permanente que fue ETA para ellos. En el informe que dio pie a este homenaje se destacaba que Guardia Civil y Policía Nacional “han sido la punta de lanza de la lucha por preservar el régimen de derechos fundamentales así como las instituciones” y que “es preciso poner en valor su trabajo, su sacrificio y el papel que han desempeñado en la derrota del embate terrorista de ETA”.

Según unos datos publicados por la Cadena Ser, las solicitudes totales para el acceso a la condición de víctimas de violencia policial recibidas hasta el 27 de enero son 1.220. 258 corresponden al período preconstitucional (1960-1978) y 962 abarcan vulneraciones producidas de 1978 a 1999. En junio de 2021 hubo un acto de reconocimiento en el que se rindió homenaje a 55 de ellas, 11 fallecidas. 50 correspondían a la dictadura o a la Transición. Uno de los testimonios que se conoció fue el que sigue: “En una detención, ataron al detenido a una litera y fue golpeado con una especie de fusta o látigo que los propios guardias civiles denominaban 'picha de toro', hasta que ambas plantas de los pies terminaron completamente moradas. También relata que le introdujeron la cabeza en el váter, tirando de la bomba, que le colocaron una almohada en la cara y le pisaban hasta hacerle sangrar de la nariz, que le colgaron de una ventana, que le apagaron cigarrillos en los brazos, que le quemaron la oreja con una cerilla, que fue golpeado con los codos en la espalda, y que también recibió golpes con una barra de unos 15 centímetros de diámetro tanto en la espalda como en las nalgas, extremo que él asocia con una rotura de coxis. También recuerda la presencia, en las dependencias, de un perro grande al que llamaban Pelusa. Le daba más miedo que ellos todavía”.

El reconocimiento de estas víctimas se inició en la etapa de Patxi López en el Gobierno vasco, con Idoia Mendia de consejera de Justicia y Manuela Carmena, antes de ser alcaldesa de Madrid, como asesora. Era 2012, se elaboró un decreto -y no una ley- para atender el período de 1960 a 1978. Aquel Gobierno estaba apoyado por el PP. Ya con Iñigo Urkullu en Ajuria Enea, se buscó ampliar la cobertura con otro decreto pero el Gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió y la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) lo tumbó. Era 2015 y el área de Derechos Humanos, entonces liderada por Jonan Fernández, apostó por tramitarlo como una ley que vio la luz en 2016, justo antes de las elecciones autonómicas. Rajoy volvió a recurrirla, esta vez ante el Constitucional. Su abogada del Estado en Euskadi era Macarena Olona, ahora dirigente de Vox. La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa hizo que el pleito se resolviera en la fase previa de negociación -nada diferente a lo que hizo Rajoy con Urkullu en otros contenciosos- a cambio de una modificación que redundara en la seguridad jurídica de modo que no se colaran falsas denuncias de torturas o que la comisión de valoración suplantase a los tribunales de Justicia. Esa tramitación se completó en 2019 en un pleno tenso con la presencia entre el público del Parlamento Vasco de representantes de plataformas como Jusapol y un enfrentamiento entre el PP y EH Bildu.