Los presupuestos vascos de 2023 prevén la “emisión de reconocimientos individualizados a víctimas” de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en Euskadi, en concreto hasta 1977. El proceso se activará después de la entrada en vigor de la nueva ley de memoria histórica y democrática que ya tramita el Parlamento Vasco y que tiene garantizada su aprobación por la mayoría absoluta de la que goza el Gobierno PNV y PSE-EE. Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu tropezó varias veces en los intentos de contar con una norma propia para Euskadi en esta materia.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado este viernes en la Cámara el detalle de las cuentas de su área para el próximo ejercicio aunque ya es público que ella abandonará esta responsabilidad en los próximos meses tras haber sido propuesta por el PNV como candidata a alcaldesa de Vitoria en sustitución de Gorka Urtaran. La macrocartera de Artolazabal incluye las políticas de derechos humanos y, entre las medidas propuestas, ha mencionado el “reforzamiento” de las actuaciones de reconocimiento a estas víctimas.
Ha mencionado una partida adicional de 90.000 euros para las bases de datos y banco de ADN para identificar a represaliados “teniendo en cuenta el alto número de exhumaciones de los últimos meses”. Las memorias documentales del Departamento aluden también a homenajes a los fusilados, a más estudios sobre los presos durante la posguerra, continuar con la retirada de símbolos de la dictadura o avanzar con “itinerarios” memorialísticos. Fuentes del Ejecutivo añaden que se va a desarrollar una base de datos completa de víctimas entre 1936 y hasta la Transición (1977 es el año de referencia en los presupuestos, el previo a la entrada en vigor de la Constitución y dos años después de la muerte de Francisco Franco), si bien la normativa no prevé por el momento -salvo que se modifique el texto original en el trámite parlamentario- medidas indemnizatorias. Hay una partida de casi 200.000 euros para que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) desarrollo un informe sobre este período.
Como planes adicionales, Artolazabal ha señalado que el futuro memorial en honor a las víctimas -cinco fallecidos y decenas de heridos- de la actuación de la Policía Armada tardofranquista el 3 de marzo de 1976 en el barrio de Zaramaga de Vitoria, precisamente el de nacimiento de la consejera, contará con una dotación inicial de 290.000 euros. Se ha mencionado, asimismo, la intención de hacer evolucionar el actual Museo de la Paz de Gernika hacia un espacio más completo sobre la Guerra Civil precisamente en la localidad que sufrió el bombardeo más simbólico en abril de 1937. El Gobierno, de hecho, incluye este proyecto como complementario de la ampliación prevista del Guggenheim en Urdaibai. Las cuentas, asimismo, confirman la dotación de 1 millón de euros para la adquisición del palacio La Puente de Trucíos, “donde el Gobierno del lehendakari [José Antonio de] Aguirre celebró sus últimos consejos en tierra vasca en junio de 1937” antes del exilio forzado por el avance de la contienda.
Del área de Artolazabal cuelga Gogora, el Instituto de la Memoria, que abarca tanto la Guerra Civil y la dictadura como el terrorismo de ETA y de otras organizaciones o la violencia policial. Ya es conocido que Gogora quería dotarse de un espacio museístico permanente en su sede central en Bilbao. Según la consejera, “en relación a Gogora, la principal acción en el 2023 será la ejecución del espacio expositivo Gogoragunea que suma más de 1,3 millones a los remanentes de 2 millones del pasado ejercicio”.
En general, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales gestionará 638 millones de euros, un 22% más que en 2022. Formaciones de la oposición como Elkarrekin Podemos-IU o EH Bildu, de la mano de las parlamentarias han criticado que los fondos para igualdad no suban apenas o que el impacto de género no analice específicamente si las propuestas gubernamentales son verdaderamente eficaces. En materia de Prisiones, uno de los anuncios realizados es que se han incrementado las pagas a los presos que trabajan dentro de los procesos de reinserción de la agencia Aukerak para equiparlos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
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