Las empleadas de hogar no tienen un convenio propio, pero las vascas están más cerca de tener sus condiciones laborales reguladas. El Gobierno vasco ha iniciado el procedimiento administrativo para que se pueda aplicar a este colectivo el convenio de ayuda a domicilio de Bizkaia, que se aplica a los trabajadores que desempeñan esta función contratados por ayuntamientos y la Diputación. La medida puede beneficiar a unas 30.000 trabajadoras.
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado la resolución del director de Trabajo y Seguridad Social, Ángel Lapuente, por la que “se hace público el inicio del procedimiento administrativo para la extensión del convenio colectivo sectorial de ayuda a domicilio de Bizkaia al sector de las personas trabajadoras en el empleo doméstico o del hogar en la comunidad autónoma de Euskadi”. El procedimiento se inició a instancias del sindicato ELA, que ha realizado la misma petición al Gobierno de Navarra, para que en ese caso se aplique el convenio de Limpieza de la comunidad foral. El procedimiento de extensión de convenios incluye la obligación de hacer púbico el inicio del proceso “a los efectos de información pública y posible intervención de los interesados”.
El sindicato ELA presentó la solicitud ante el Gobierno en el mes de marzo en aplicación del artículo 92 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que se podrá extender convenio en vigor a otro sector o subsector por los perjuicios derivados de la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un convenio colectivo debida a la ausencia de partes legitimadas para ello. Una premisa que el sindicato considera que se da en el caso de las trabajadoras del hogar.
El anuncio de inicio del procedimiento dado por el Departamento de Trabajo es el primer trámite en el proceso, que habrá que ver si finalmente se materializa. De hecho, desde ELA piden “prudencia” para no crear “falsas expectativas” en el colectivo. “Hay un plazo de alegaciones y puede pasar cualquier cosa. Nosotros seguimos adelante, pero prudencia, no se pueden echar las campanas al vuelo ni crear falsas expectativas”, señalan fuentes del sindicato. No obstante, el inicio del procedimiento -Navarra aún no lo ha hecho- constituye un paso esencial para volver a poner el foco en la situación de ese colectivo, habitualmente precario y en el que abunda la economía sumergida.
“Se trata de un sector profundamente precario por muchas razones; se trata de trabajos tradicionalmente poco valorados por la sociedad y que las mujeres han solido hacer de forma gratuita: se trata de trabajos que muchas veces realizan mujeres migradas que no tienen otra alternativa laboral. Esto ocurre porque no existe un sistema de cuidados público y universal, y por último, la organización sindical en el empleo de hogar es casi imposible ya que las trabajadoras no tienen forma de negociar sus condiciones de forma colectiva”, señalan desde el sindicato ELA.
Aunque desde 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez hizo obligatorio cotizar cotizar por desempleo para estas trabajadoras y tienen derecho a paro, hay una total desregulación en el resto de sus condiciones y obligaciones laborales y la necesidad de un convenio que regule sus condiciones ha sido una constante de la lucha sindical y feminista de los últimos años. De hecho, la necesidad de regular los cuidados fue uno de los ejes de la huelga feminista del 30 de noviembre de 2023. “Es el momento de que las Administraciones asuman su responsabilidad y den curso a la posibilidad legal de que este colectivo obtenga cobertura para sus condiciones laborales mediante la aplicación de convenios sectoriales en vigor”.
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