El Gobierno de Imanol Pradales ha dado luz verde este martes a su primera ley: una modificación exprés de los presupuestos de 2024 para inyectar unos 67 millones más a la educación concertada en la comunidad autónoma con más alumnado matriculado en centros de titularidad privada, casi el 50%. Se trata de una iniciativa que no se había incluido en el calendario legislativo pero que lleva siendo preparada desde hace meses, como adelantó este periódico en agosto. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha confiado en que este dinero, que permitirá la equiparación salarial “progresiva” antes de 2027 del personal de ikastolas o colegios religiosos con el de los centros públicos, se “refleje” en las cuotas de acceso que siguen cobrándose en la concertada aunque lleven años prohibidas por ley. Sin embargo, no ha comprometido una desaparición total de esa práctica.
“Estamos haciendo ese trabajo” para la desaparición de las cuotas, ha señalado Pedrosa a los medios de comunicación. “Con este paso que estamos dando en la equiparación nos adecuamos a esa gratuidad poco a poco. La valoración tiene que ser positiva”, ha manifestado también. No obstante, ha recordado que sí que hay algunas cuotas que son legales, como las de comedor y transporte.
Euskadi es la comunidad con más peso de la red concertada. Casi el 50% del alumnado estudia en ikastolas, cooperativas o colegios religiosos. Las cuotas se siguen cobrando de modo generalizado a pesar de que llevan décadas prohibidas y de que han constituido una barrera de acceso para determinados colectivos que ha ahondado en la segregación. Pedrosa sigue la estela de Bildarratz y defiende el camino a la gratuidad efectiva de todos los colegios financiados con recursos públicos pero de un modo “progresivo”. De hecho, en sus respuestas a los periodistas el único compromiso real es que con este dinero que se abonará a la concertada “no se pueden subir” las cuotas y no ha condicionado la nueva inyección económica a su desaparición como tal.
La ley se fundamenta en compromisos adquiridos con todas las patronales privadas por el anterior consejero de Educación, Jokin Bildarratz, en cuyo equipo participó Pedrosa como 'número dos'. Aunque técnicamente viene firmada por el titular de Hacienda, Noël D'Anjou, ha sido la responsable de Educación la que ha comparecido ante los medios de comunicación para explicarla. Pedrosa ha resaltado el “consenso” que suscita entre las patronales -ha llamado “de iniciativa social” a los colegios vinculados a la Iglesia católica- y entre los sindicatos representativos.
La equiparación salarial tiene carácter retroactivo desde 2023. La ley de presupuestos de 2024 recoge los módulos de financiación de la concertada y es preciso un retoque para permitir estas subidas salariales. La cantidad que se entregará a estos centros es equivalente a una subida del 8% del presupuesto total previsto para este ejercicio. “La equiparación salarial responde a la necesidad de reconocer en igualdad de condiciones la labor de los profesionales que se esfuerzan por ofrecer una educación de calidad”, ha añadido Pedrosa.
El Gobierno de PNV y PSE-EE dispone de una cómoda mayoría absoluta para sacar adelante en el Parlamento la reforma legislativa. De hecho, se espera que se haga de modo exprés por el denominado procedimiento de lectura única. Se trata de un formato para casos de normativas simples, extraordinarias o urgentes que permite ventilar un asunto con una sola votación, según el reglamento de la Cámara. Uno de los objetivos (cumplidos) del Ejecutivo era resolver este trámite antes de iniciar formalmente la tramitación de los presupuestos de 2025, que arrancará a finales de octubre y que monopolizará la actividad parlamentaria hasta final de año. Pedrosa quiere tener completado el trámite, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre.
Preguntada por el mensaje que implica que la primera ley del nuevo Gobierno sea para dotar de más recursos a la educación privada, Pedrosa ha recalcado que la “prioridad” es la ley pública conforme a la nueva normativa autonómica de 2023 y que ya están también en marcha las mesas de negociación para mejorar las condiciones del profesorado y del resto del personal que depende directamente de la Administración. “Vamos a trabajar para seguir mejorando la calidad educativa”, ha comprometido.
El Ejecutivo ha acordado también otra modificación presupuestaria. En este caso el objetivo es destinar 25 millones de euros de remanentes a políticas de Vivienda. A diferencia de lo ocurrido con Educación, los ajustes en las partidas ya están en vigor sin necesidad del visto bueno del Parlamento. Se alude a un decreto de 2011 que permite autorizaciones extraordinarias en caso de necesidad, aunque sí que se exige que se informe trimestralmente a la Cámara. Se trata de 10 millones para subvenciones para la rehabilitación de viviendas, de 6 millones para mejorar la dotación del programa Gaztelagun de ayudas al alquiler para jóvenes de 18 a 35 años y de 9,2 millones para ampliar. La consejera-portavoz, María Ubarretxena, ha destacado que las políticas de Vivienda son una prioridad para todo el Gobierno, empezando por el propio lehendakari, Imanol Pradales.
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