La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Arantxa Tapia, insiste en un informe solicitado por EH Bildu en el Parlamento Vasco que las más de 5.000 toneladas de lixiviados enviadas de modo irregular desde las instalaciones de Zubieta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) a la planta de Ecofert Sansoain en la localidad navarra de Artajona no tenían la consideración de residuos “peligrosos”. También se ha negado su toxicidad, aunque la Guardia Civil está realizando nuevas comprobaciones en la balsa de Artajona para corroborar este extremo. Igualmente, a pesar del elevado volumen de materia generado, se insiste en que ha sido un vertido “incidental”.
Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco tenía que haber enviado esta documentación antes de las elecciones del 21 de abril pero solicitó una ampliación de plazo y ha llegado ahora, después de la cita con las urnas. Ha ocurrido también con otras muchas peticiones de información realizadas por la oposición y que se han querido posponer unos días. Inicialmente, se había argumentado que no iba a haber control al Gobierno en este período electoral pero se usó como precedente que el PNV sí quiso hacerlo en la única ocasión que ha estado en la oposición, en la legislatura de Patxi López, y se admitió la presentación de una batería de preguntas sobre cuestiones de actualidad.
Así, el portavoz de Medio Ambiente de EH Bildu, Mikel Otero, había realizado en la Cámara nuevas preguntas al Ejecutivo vasco sobre este caso. Trascendió en otoño que la Fiscalía había encontrado indicios de un doble delito por el envío de lixiviados de Zubieta a Artajona. En concreto, se denunció ante un juzgado que esos residuos habían sido enviados con otra codificación y que la planta de Ecofert Sansoain no tenía autorización para recibir lixiviados. Entre otros, está imputado el presidente de GHK, José Antonio Asensio, que es el diputado foral de Medio Ambiente y el líder del PSE-EE en Gipuzkoa. En medio de esta investigación emergió una inspección de Medio Ambiente de Navarra en Artajona que constató la irregularidad de esos envíos.
Sostiene Tapia que el material enviado a Artajona es “un residuo no peligroso destinado a la valorización”. No comparte la tesis de que los residuos que no están correctamente caracterizados tengan que tratarse siempre como si fueran “peligrosos”. En noviembre de 2022, GHK solicitó una modificación de la autorización ambiental de la planta de Zubieta -que incluye una incineradora y una planta de tratamiento mecánico-biológico- para incorporar la generación de lixiviados. Eso sí, el operador de las instalaciones (Ekondakin) quiso subrayar que no iba a ser necesario “gestionarlos externamente”. Es decir, el Ejecutivo vasco interpreta que “en condiciones normales” no deberían salir residuos líquidos de Zubieta en ningún caso. Sin embargo, no es ya que se hayan enviado a Artajona sino que también hay otro contrato para una operativa similar con Sader, en Bilbao. El envío a Sader “se mantiene en la actualidad y se prevé que continuará varios meses”.
¿Y cómo explica el Gobierno que se hayan producido estas salidas de miles de toneladas? Medio Ambiente asume el relato de GHK de que es por una cuestión “incidental” de julio de 2022, aunque sigue vigente. Aquel verano, en la regata cercana Arkaitzerreka, donde ya en 2020 se produjo un vertido que mató a cientos de peces y en el que la Guardia Civil halló sustancias cancerígenas, se vio agua “que bajaba de un color rojizo y con espumas”. La fuga de lixiviados procedía de “elementos constructivos”. Ekondakin presentó un “plan de acción para la detección y reparación de las fugas” y es entonces cuando se inició la “gestión externa” de esos residuos. El Gobierno vasco asume que esas obras no han finalizado aún. “Se seguirán gestionando los lixiviados externamente con gestor autorizado hasta la completa subsanación de la incidencia”, informa Medio Ambiente del Gobierno vasco.
Argumenta que los trabajos son “reparaciones de instalaciones de grandes dimensiones” y entiende que los gestores de Zubieta “están cumpliendo”. Los inspectores del Ejecutivo vasco están haciendo “seguimiento” de modo “periódico” de esta “incidencia”, lo que incluye controles de las aguas, por ejemplo. Medio Ambiente dice a la vez que GHK “ha cumplido en todo momento con las actuaciones requeridas” pero que otro de sus organismos, la Agencia Vasca del Agua (URA), ha abierto un procedimiento sancionador por el nuevo vertido en Arkaitzerreka. Se trata del expediente SIN-2022-065 aunque está paralizado mientras no se resuelva antes la investigación penal.