La comisión creada para el reconocimiento de las víctimas de la violencia policial en Euskadi, fruto de una ley que complementa las de memoria histórica o de reparación de las del terrorismo, sigue empeñada en dar “visibilidad” a este colectivo. Según los datos mostrados este miércoles en el Parlamento, son ya 81 las personas asesinadas, heridas o torturadas que han visto ya confirmada su condición de damnificados y se han realizado ya algunos actos públicos en este sentido. Pero el sistema de indemnizaciones económicas previsto en la ley suscita “problemas”, en palabras de los miembros de la comisión que han comparecido en la Cámara, Juan Balmaseda o Jon Mirena Landa, entre otros. Así, en su balance anual han calificado de “irrisorias” algunas cuantías ya que las previsiones para personas torturadas sin secuelas permanentes, por ejemplo, son mínimas y proponen ya una reforma legal para remediarlo. Sin embargo, esta comisión no tiene criterio definido sobre la posibilidad de que, como ha hecho Navarra con su norma de violencia policial, las compensaciones sean idénticas a las de las víctimas de ETA o del GAL.
Sobre el primer asunto, la comisión lo ha explicitado como un inconveniente en el informe, lo ha expuesto en la comisión parlamentaria y lo ha recalcado a la salida ante los medios de comunicación. Estiman que el modelo “genera flagrantes injusticias en casos de gravísimas violaciones de derechos humanos que o bien no pueden ser indemnizados o bien obligan a una indemnización irrisoria, indigna de tal nombre”. Landa, ante los periodistas, ha apelado a que es una cuestión de que no haya “agravios comparativos” entre quienes, por ejemplo, han recibido un mismo trato degradante en un interrogatorio pero pudieron 'soportarlo' mejor y quienes sí acrediten más daños. Sin embargo, no han querido mojarse en quién tendría que tomar la iniciativa para abordar esta reforma, si el Parlamento o el Gobierno de Iñigo Urkullu.
Preguntados si no supone también un “agravio comparativo” que un mismo hecho esté cuantificado de manera diferente en función del victimario o, siendo el mismo, en función de la comunidad autónoma, Landa y Balmaseda han reconocido que no es un asunto que hayan contemplado como comisión. “Hasta ahora no se ha hecho un planteamiento de si [las indemnizaciones] son las adecuadas o si conviene asimilarlas a otras. De momento nos ha parecido que hay otras urgencias, pero no quiere decir que no pudiera tratarse en su caso”, ha afirmado Balmaseda. Landa ha explicado que muchas víctimas ni siquiera quieren el dinero sino, exclusivamente, el reconocimiento.
Este caso ha quedado de manifiesto con Mikel Zabalza, torturado hasta la muerte por la Guardia Civil y reconocido a principios de 2022 como victima con la ley vasca en la mano. Ello supuso para su familia una compensación de 135.000 euros. La reforma llevada a cabo a instancias del Gobierno de Navarra, en cambio, elevaba el máximo a 250.000 euros, que es la misma cantidad prevista para un asesinado por una organización terrorista. En este caso, además, Navarra va a poder complementar el pago inicial ya que Zabalza era originario de la comunidad foral y la norma, expresamente, prevé la compatibilidad con otros sistemas de reparación.
Las víctimas de ETA
En la comisión, el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de incorporar a determinadas víctimas de ETA al reconocimiento previsto por esta ley. Hace unas semanas este partido y Vox también criticaron que la nueva ley autonómica de memoria histórica para represaliados en la Guerra Civil y el franquismo tampoco las contemple. Balmaseda ha tomado la palabra y ha explicado que el ámbito de esta norma es acotado y que existen otros mecanismos para estas personas, a las que ha mostrado respeto por su condición de víctimas.
La comisión, en todo caso, ha insistido en que cientos de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado han intentado solicitar las indemnizaciones previstas en esta norma, como ya publicó este periódico. “Hemos tenido que dedicar muchos medios y energías a resolver las más de 500 solicitudes cursadas por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco o personas que sufrieron violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno. Estas solicitudes, como es público, han sido inadmitidas”, se puede leer en la memoria de este grupo de trabajo, en la que se añade que en al menos 86 supuestos se han presentado recursos de alzada.
Se añade en la memoria: “Constatamos con preocupación que sigue habiendo actores y colectivos que constantemente se oponen al desarrollo de esta Ley, a la protección de las víctimas que reconoce y a su derecho a la verdad y, en su caso, a la plena reparación. Desde la comisión queremos manifestar que ello nos resulta inadmisible. No lo admitiríamos con otro tipo de víctimas. Con ninguna. Tampoco con éstas. No podemos normalizar ni asumir un cuestionamiento permanente de las víctimas que esta ley reconoce. Tampoco que se busque retrasar o dificultar la actividad de esta comisión, pues, en última instancia, las grandes perjudicadas por la demora son las propias víctimas”. Landa, ante los periodistas, ha hablado claramente de “manipulación” de estas personas para que hayan asaeteado a peticiones a la comisión, aunque no ha dado nombres concretos. Sí ha criticado la posición “obstruccionista” de los archivos militares a los que se han dirigido para obtener información sobre algunos casos.