Navarra podrá complementar con 115.000 euros la indemnización que el Gobierno vasco concedió a la familia de Mikel Zabalza el pasado mes de marzo después de haberle reconocido como víctima de la violencia policial tras la publicación de un informe en el que se sostiene que el joven treintañero navarro murió a causa de las torturas que sufrió por parte de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa) y no ahogado en el río Bisadoa tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo de ETA, como sostenía la versión oficial de la época.
El Parlamento de Navarra aprobará en las próximas semanas una modificación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia policial o de grupos de extrema derecha, que fue aprobada en 2019, presentada por los tres grupos que conforman el Gobierno de María Chivite (PSN, Geroa Bai y Podemos) y que cuenta con el apoyo de EH Bildu, con la que se equiparan las indemnizaciones de estas víctimas con las de las víctimas del terrorismo, algo que no sucede por ejemplo en Euskadi, donde las cuantías económicas son más bajas.
A este respecto, la modificación que se incluirá en la norma navarra recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, el Ejecutivo foral podrá complementar con 115.000 euros los 135.000 euros que le han sido reconocidos a la familia de Mikel Zabalza por parte del Gobierno vasco, para alcanzar así los 250.000 euros que la ley navarra fija como el máximo previsto para violaciones de derechos humanos con resultado de muerte.
El caso de Zabalza será uno de los primeros que estudiará la comisión que se encargará de analizar todas las solicitudes que se reciban y, según ha podido saber este periódico, ya se han comenzado los contactos con la Administración vasca para estudiar la posibilidad de complementar la indemnización de la familia de Mikel Zabalza.
El informe elaborado por el Gobierno vasco con el que se le reconoció como víctima de la violencia policial destaca que Zabalza no tenía ninguna vinculación con ETA, pero que a pesar de ello la Guardia Civil lo detuvo en noviembre de 1985 en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le causaron la muerte. Su cadáver apareció ya en diciembre en aguas del río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa.
Según los cálculos del Gobierno foral y si se cumplen los plazos fijados por el Parlamento, la comisión podrá estar constituida antes de verano para comenzar a evaluar las primeras solicitudes en el mes de septiembre. El acuerdo para la modificación de la ley entre los partidos del Gobierno incluye también los miembros de la mesa, de los cuales dos serán natos, cuatro designados por el Legislativo navarro, además de dos peritos forenses y un psicólogo designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal.
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