Euskadi no recurrirá al Supremo el varapalo al cierre de la hostelería en la Semana Santa de 2021

El Gobierno de Iñigo Urkullu, según explican fuentes de los servicios jurídicos, ha decidido no interponer un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que hace unas semanas, en marzo, anuló las restricciones a la hostelería para contener la COVID-19 aplicadas por la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como Labi, de cara a la Semana Santa de 2021. De este modo, el fallo es ya firme y se abre la puerta a que, en el plazo de un año, los afectados puedan reclamar indemnizaciones a la Administración autonómica, como adelantó este periódico, aunque el Ejecutivo no tiene ninguna “previsión” a este respecto.

Lo que quedó anulado fue un plan que acordaba el cierre de la hostelería en interiores salvo para desayunos y comidas -para las cenas había toque de queda- en los municipios en alerta roja por alta transmisión comunitaria, esto es, donde se registraran tasas de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Era una solución alternativa a la decisión judicial de semanas atrás en la que impidió el cierre total de los bares y restaurantes en las localidades con más contagios. “No pudiendo lo más, pretendió lo menos, si bien no motivó de modo alguno dicha limitación ni ponderó los intereses en juego”, se podía leer en la resolución de la sala de lo contencioso-administrativo, presidida por el magistrado Luis Garrido.

EH Bildu ha preguntado al Ejecutivo en el Parlamento Vasco por los posibles recursos de los hosteleros, pero el área de Turismo, Comercio y Consumo que dirige el consejero socialista Javier Hurtado explica por escrito que “la literalidad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 9 de marzo y hecha pública el 16 de marzo no establece pronunciamiento sobre posibles indemnizaciones”. Sin embargo, fuentes judiciales recalcaron que, con este fallo, se abre un plazo de un año desde la notificación de la sentencia. Procedimentalmente, los recurrentes no podrán ser las asociaciones o patronales -muy beligerantes contra el gabinete de Urkullu- sino los empresarios o autónomos directamente afectados a título individual y siempre que tengan una cuantificación precisa de la afección sufrida. Si la Administración rechazara esas pretensiones, habría posibilidad de recursos bien ante los juzgados ordinarios de lo contencioso-administrativo o bien ante el propio Superior, en función de la cuantía en litigio. Se da la circunstancia de que el Superior tiene otras sentencias en cola sobre recursos similares contra las restricciones por la COVID-19.

Hurtado explica a EH Bildu, sin embargo, que “no existe previsión” sobre el posible número de peticiones o sobre las cuantías de las hipotéticas indemnizaciones. En la misma respuesta, Hurtado asegura que “respeta” la sentencia y rechaza opinar sobre la estrategia jurídica del Ejecutivo. En el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE los servicios jurídicos están en manos de los nacionalistas, en concreto dentro del organigrama de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. “No es competencia del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo la emisión de opiniones sobre la labor jurídica de los representantes del Gobierno, la cual asume y comparte como parte integrante de un órgano colegiado”, explica el consejero socialista.

Con motivo del segundo aniversario de la pandemia, el Ejecutivo hizo pública una memoria en la que se cuantificaban en 116 millones los programas de apoyo a este sector salidos desde el área de Turismo, Comercio y Consumo. En Onda Vasca, el consejero Hurtado ha añadido este miércoles que, además, para combatir la crisis abierta por la guerra en Ucrania se han incluido en el plan de choque del Gobierno (de 201 millones) 20 millones destinados al comercio, 15 de ellos en ayudas directas y los otros 5 en bonos de consumo.