El Gobierno vasco reformará en esta legislatura la Ley de Turismo para incluir en ella el control de los pisos turísticos y la nueva tasa con la que se empezará a gravar la estancia de viajeros y que se ha comprometido a presentar en el plazo de seis meses. Además, ha confirmado que se desarrollará un plan territorial sectorial (PTS) de Recursos Turísticos en coordinación con el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana para conformar un ecosistema turístico que sirva para afianzar el “modelo de turismo sostenible a largo plazo”.
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, el único del nuevo Gobierno de Imanol Pradales que repite en las mismas competencias, ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar las líneas generales de su departamento, un área, que según ha recordado, supone el 18% del PIB vasco y el 24% del empleo de Euskadi con más de 247.000 personas trabajando. “Es decir, una cuarta parte de las familias de Euskadi se dedican a los sectores del comercio y el turismo y es sobre todo a ellas a quienes debemos dedicar nuestras políticas”, ha incidido. En este sentido, se ha comprometido a impulsar “un empleo de calidad va a seguir siendo uno de los ejes claros de nuestras políticas”.
En materia de Turismo, Hurtado se ha presentado con aval de haber vivido en 2023 “el mejor año de la industria turística de Euskadi” en el que además se ha afianzado la desestacionalización y se ha afianzado el turismo internacional. Un crecimiento que se mantiene en los primeros meses de 2024. Pero ha reconocido que el crecimiento del turismo tiene también efectos negativos por lo que ha señalado que el “objetivo de la legislatura es firme: reforzar las externalidades positivas y combatir las externalidades negativas del turismo”.
En este punto, ha fijado como una de líneas básicas de esta legislatura desarrollar una nueva Ley de turismo que“ refuerce la inspección y el control a las viviendas de uso turístico y a las plataformas que las comercializan y que hasta ahora han actuado con impunidad”, ha recordado. “La vivienda es un derecho fundamental y debemos preservarlo”, ha dicho. “No queremos que los edificios de viviendas con fin residencial se conviertan en edificios turísticos. Si los edificios de viviendas han nacido con un fin residencial, debemos preservarlo. La vivienda es un derecho y, por ello, creemos que hay que seguir actuando y controlando una actividad que, por su naturaleza, convive directamente con la ciudadanía”, ha dicho.
En este sentido, ha considerado que debe incorporarse a la nueva ley de Turismo la optimización de “la inspección y la sanción” de estas viviendas: “Primero, reforzando el cuerpo inspector, para poder hacer un exhaustivo seguimiento a las incorporaciones de viviendas de uso turístico, sin dejar de lado la inspección del resto de alojamientos turísticos. Y segundo, tenemos que mejorar la graduación de las sanciones en la propia Ley, para optimizar la adecuación entre la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y la sanción aplicada”. Ha defendido la autonomía municipal en el ámbito de la regulación de este tipo de viviendas, pero ha confirmado que trabajarán con el Departamento de Vivienda la posibilidad de restringir los pisos turísticos en las zonas que se declaren tensionadas, una medida que ya anunció el consejero Denis Itxaso en su comparecencia.
También en colaboración con el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, se elaborará el PTS de Recursos Turísticos, con el que se pretende “redefinir el modelo de cohesión territorial”. “Es un plan ambicioso y transversal de análisis, evaluación y desarrollo para conformar un ecosistema turístico que afiance el modelo de turismo sostenible a largo plazo”m ha señalado que “puede ser un instrumento más en el control a las viviendas de uso turístico, siempre con el respeto a la autonomía municipal”, ha insistido.
En cuanto a la implantación de la tasa turística, Hurtado se ha comprometido a presentar en el plazo de seis meses “una propuesta consensuada” con el Departamento de Hacienda y Finanzas, controlado por el PNV. El consejero ha señalado que “quien venga a disfrutar de Euskadi debe contribuir a a mejorarla” y ha señalado que en esta la legislatura “sí se dan las condiciones para implementar” este nuevo impuesto, una vez superada la crisis que provocó la pandemia de la COVID-19 en el sector, y teniendo en cuenta que figura en el acuerdo de Gobierno PNV-PSE-EE. Javier Hurtado ha insistido, no obstante, en que no debe verse esta tasa como una fórmula para retraer la entrada de turistas, “como se ha demostrado en destinos que ya la han implantado”. Por eso, ha insistido en que debe entenderse con el objetivo de la “mejora de Euskadi como destino turístico”. “La finalidad de esta recaudación debe ser el refuerzo a las políticas turísticas, con impacto en sus municipios, y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Políticas que se centran en la calidad del destino, la competitividad de las empresas turísticas y la sostenibilidad”.
Respecto al tipo de impuesto qué debe ponerse en marcha, Hurtado ha señalado que desde su departamento tienen una visión de cuál es el modelo que encaja con nuestra estrategia y objetivos“, de hecho en la pasada legislatura ya dejó claro que su apuesta era una impuesto autonómico. No obstante, ha señalado ser consciente de que ”la fórmula para plasmarlo en términos jurídicos es compleja porque la arquitectura institucional de Euskadi también lo es. Por eso, trabajamos coordinadamente para buscar la mejor fórmula a la hora de desarrollarlo“, ha insistido.
También ha puesto en valor la apuesta por la “puesta en marcha de un Código Ético del turismo pionero que contribuye a la sostenibilidad, pero también a la competitividad de nuestras empresas, porque la sostenibilidad no debe ser vista como la meta, sino como el camino. El camino que garantiza la optimización de los recursos y también la sensibilización de nuestros visitantes para mantener un destino responsable y de calidad”.
En el ámbito del Comercio el consejero ha reconocido una situación muy diferente a la del Turismo, y ha recordado que afronta retos en un contexto que abarca tres transiciones: la transición medioambiental que está pautando nuevos valores y formas de vida y consumo responsable, la transición sociodemográfica, con un envejecimiento poblacional y una sociedad mosaico en la que conviven cinco generaciones diferentes con hábitos y formas de compra y pago muy diversos, y tercero, una transición digital marcada por los cambios en los hábitos de consumo, que tiende a la omnicanalidad, la innovación y la digitalización de los recursos. Ha apostado por el liderazgo público para impulsar el sector, optimizar el sistema “a través de una especialización inteligente” y que se plasma en el 'Hub de innovación comercial' para generar un ecosistema conectando a emprendedores, ingenierías, instituciones y sociedades de desarrollo y por un marco regulador específico, ya que ha recordado que el marco regulador actual es “previo al auge del comercio electrónico, de la digitalización y de la sostenibilidad como aspecto clave”. “Hay que emprender la tarea a largo plazo de trabajar en una Ley adaptada a los cambios en los hábitos de consumo y alineada con las nuevas normativas española y europea”.
Además, ha señalado que “con la vista puesta en el relevo generacional y en la creación de empleo”, el departamento está trabajando ya en un nuevo programa de ayudas de emprendimiento comercial que incluya, además de las ayudas económicas, un programa de ayudas al asesoramiento técnico especializado. “Estos programas están concebidos para dar un apoyo integral durante todas las etapas del emprendimiento comercial. Para ello, se basará en cuatro líneas que son la viabilidad, la implantación, la consolidación y el crecimiento”.
Hurtado ha realizado un llamamiento también a los ciudadanos y a sus hábitos de consumo. “Si queremos hacer frente a la preocupante situación del comercio y su necesaria transformación, debemos hacerlo desde la calle y desde las administraciones”, ha señalado. “Desde la calle, con la concienciación de las personas consumidoras de que las decisiones de compra de hoy van a determinar el futuro que queremos construir. El precio que no paguemos hoy, lo pagaremos más caro mañana. Si de verdad creemos en la importancia del comercio local, de su labor de cohesión social y de vida de nuestras calles, tenemos que demostrarlo comprando en él. Si de verdad defendemos nuestros servicios públicos, debemos demostrarlo comprando en negocios que pagan impuestos aquí”.
En cuanto al Consumo, el consejero ha recordado que en la pasada legislatura se desarrolló un nuevo Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias gracias al cual Kontsumobide va a seguir fortaleciendo su papel en diferentes ámbitos siendo “contundentes” en la defensa de los derechos de los consumidores. En este sentido, ha señalado la necesidad de reforzar los derechos de las personas consumidoras con la creación de un marco normativo adecuado, además de fortalecer la relación tanto con las asociaciones de personas consumidoras como con otras instituciones, por ejemplo, con la colaboración con la Fiscalía Superior del País Vasco que se inició durante la pasada legislatura, “con quienes compartimos la misión de promover la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias desde nuestros diferentes ámbitos competenciales. Por ello, firmamos un convenio de colaboración, para formalizar y dar continuidad a una coordinación que queremos que se mantenga de una forma estructural”, ha señalado. En este sentido, ha señalado que esta legislatura se hará efectiva esa colaboración “con la conformación, primero, de una comisión mixta de seguimiento, para elaborar el plan de trabajo y los informes de seguimiento, así como de crear grupos específicos de trabajo que pueden conformarse con expertos externos. Se trata de poder abordar todas las materias de interés y actualidad para la mejor defensa de las personas consumidoras, contando con los mejores profesionales”.
Además ha apostado por reforzar el fomento a las conductas respetuosas de las empresas. “Muchas veces a las empresas les pesa más la reputación que la sanción y, por ello, vamos a publicar las sanciones y reclamaciones graves para crear conciencia sobre ello. Para que las personas tengan toda la información a la hora de consumir. Sabemos que la publicidad va a ser una herramienta más eficaz incluso que la propia sanción, y por ello vamos a publicitarlas con el amparo del nuevo Estatuto de personas consumidoras de Euskadi”.
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