Euskadi prevé una subida del 9% en los usuarios del transporte público al mantener en 2023 el 50% de descuento

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha enviado al Parlamento Vasco un informe con datos sobre el efecto de los descuentos del 50% en los transportes públicos de Euskadi -los operados por el Estado tienen una rebaja total, del 100%- y sobre posibles escenarios en 2023. Fue una medida promovida por el Ejecutivo central desde septiembre dentro del paquete para combatir la inflación y la crisis energética. ¿Qué conclusiones arrojan esos documentos? Uno: estas medidas están haciendo subir el uso medio de la mayoría de operadores, aunque no en todos. Y, dos: en 2023 se prevé un “efecto tractor” del 9% de incremento adicional y un coste máximo de 89 millones de euros para las instituciones vascas.

Aunque jurídicamente no está aún regulado, dado que esta previsión ni siquiera aparece en los presupuestos autonómicos de 2023 y el Estado tampoco ha previsto aún si cubrirá como ahora un 60% de las bonificaciones -el equivalente al 30% del precio del billete-, políticamente ya está decidido el mantenimiento de las tarifas reducidas al menos hasta mediado el próximo año. Lo aprobó el Parlamento Vasco este jueves. El PSE-EE dirige estas políticas tanto en el Ejecutivo autonómico como en las tres diputaciones y así lo defendía. Su socio, el PNV, aunque 'in extremis' y a disgusto, acata también ya una medida apoyada por otros grupos de la oposición como EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs. Ahora está por ver si la financiación se introducirá vía enmiendas en las cuentas o si, como en 2022, se hará algún ajuste interno durante el ejercicio.

El informe del Gobierno, firmado por el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el socialista Iñaki Arriola, estima que “se puede ver un crecimiento” en el uso de los transportes en Euskadi comparando los datos de septiembre y octubre de 2019 con los de 2022. Se usa ese año como base por estar 2020 y 2021 condicionados por la pandemia, que además redujo muy notablemente el volumen de viajeros en el conjunto de los operadores. Los datos comparativos incluyen información de Euskotren (línea 3 del metro de Bilbao, cercanías de Bizkaia y Gipuzkoa y Topo hasta Hendaya) y de los tranvías de Vitoria y Bilbao (antigua Euskotran), que son los servicios propios. En el conjunto de los ferrocarriles sube un 3,4% la mediana de personas viajeras, que es el indicador utilizado. Pero alcanza el 10% en el Topo o roza el 20% en las líneas de vía estrecha de Bizkaia. Eso sí, en los tranvías de ambas capitales cae el uso entre el 2% y el 12%. En el caso de Vitoria, aunque la red se ha ampliado en estos tres años con el ramal hasta la Universidad, existe una reducción de prácticamente 200.000 pasajeros mensuales. En cuanto a los ingresos, en 2019 se recaudaron del orden de 5,3 millones de euros entre septiembre y octubre y ahora, con los descuentos, la ingresado ronda los 3,1 millones de euros.

El informe lo demandaba EH Bildu, que insiste en que el hecho de que Renfe esté al 100% y el resto al 50% es una suerte de competencia desleal. “Eso, bajo nuestro punto de vista, genera ciertos desequilibrios. Especialmente en dos puntos geográficos. En la Margen Izquierda, en el corredor de Santurtzi a Bilbao, un pasajero tiene que optar por ir en metro al 50% o en Renfe al 100%, gratis, en definitiva. Y lo mismo pasa en la zona del Bidasoa y Donostia. De Irún a Donostia un viajero puede elegir entre un Euskotren al 50% o gratis en Cercanías”, señaló este jueves en la Cámara Unai Fernández de Betoño, portavoz en materia de Transportes de la coalición. “No se ha estudiado este particular”, responde Arriola sobre este debate. Entiende que “dado el período tan pequeño de aplicación” y “para llegar a conclusiones de cierta seriedad” sería necesario “un complejo estudio estadístico” y “con realización de encuestas” para extraer conclusiones certeras.

En cuanto a la extensión de las bonificaciones en 2023, el Ejecutivo trabaja con dos “hipótesis”, aunque habría un tercer escenario. La primera opción es mantener el 50% exclusivamente en los servicios propios, esto es, Euskotren -incluidos los tranvías- y en el metro de Bilbao -el Gobierno financia el 50% de las líneas 1 y 2 y asume el 100% de la línea 3-. Ese escenario costaría 26 millones de euros a las arcas autonómicas y unos 41 millones en total sumado el otro 50% del suburbano bilbaíno que costea la Diputación.

La segunda opción es que el 50% de descuento se aplique a todos los servicios de transporte público en Euskadi independientemente del operador (autonómico, foral o local). Aquí el presupuesto sería de 97 millones de euros. Cerca de 9 millones se compensarían por el incremento esperado del 9% en los usuarios y los otros alrededor de 89 millones se repartirían en unos 72 millones autonómicos y 17 del resto de instituciones en función de sus competencias. Este modelo implica que el 80% del coste lo asume el Gobierno y el 20% el operador correspondiente (40% y 10% del descuento). Las facturas irían desde apenas 751,97 euros para el Ayuntamiento de Salvatierra-Agurain hasta 8 millones para la Diputación de Bizkaia por el metro y Bizkaibus.

El tercer escenario -no calculado como tal- sería que el Estado mantuviera en 2023 el modelo de 2022. Ello implicaría que abonaría el 60% de la factura total (30% de los descuentos), por el 20% del Gobierno vasco y el 20% del operador correspondiente (10% y 10% del billete). Es precisamente este punto el que más inquieta al PNV. “¿Quién paga la ronda?”, ironizó su parlamentaria Irune Berasaluze en el debate en que los nacionalistas cambiaron su postura hacia el 'sí'. Este partido asegura estar a favor de la medida pero con dudas sobre la financiación, ya que es una “medida estrella” de Pedro Sánchez pero que acaba repercutiendo en las cuentas de otras instituciones. “¿Deslealtad institucional? Pues creo que es algo así lo que está pasando aquí”, abundó la portavoz del PNV.