El hecho de que el Gobierno de Iñigo Urkullu haya apurado los plazos al extremo para solicitar autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para prorrogar en el tiempo la vigencia del pasaporte COVID y para ampliar su uso a otros locales como hoteles, alojamientos y salones de juego va a suponer que Euskadi se quede unas horas o incluso días la próxima semana sin marco legal en vigor para pedir este certificado en la mayoría de locales y eventos, según confirman fuentes judiciales. Inicialmente, se valoraba la retirada de la medida, como se ha hecho en Asturias, Cantabria o Catalunya, pero finalmente se optó no sólo por mantenerla en el tiempo sino por extenderla a más supuestos. Pero lo ajustado de los tiempos tras haber tomado la decisión generará ahora un contratiempo inesperado para el Ejecutivo.
Como publicó este periódico, el Gobierno ha enviado este viernes por la mañana la petición para la validación judicial, así como las memorias justificativas. El área de Gobernanza Pública y Autogobierno, dirigida por la consejera Olatz Garamendi y de la que dependen los servicios jurídicos, ha confirmado a las 12.05 horas que ya había completado ese trámite, en el que también han trabajado los letrados del Departamento de Salud. Se indica en el escrito remitido que el control del pasaporte COVID se fundamenta en la “intensidad de la circulación epidémica” y en el “consiguiente índice de ocupación de camas hospitalarias” y se defiende la necesidad de mantenerlo en vigor.
El plazo de tramitación mínimo es de 72 horas, según las estimaciones del propio Ejecutivo. Este jueves, fuentes del Gobierno confiaban en que se habilitara el sábado y el domingo y que la resolución llegaría el lunes. Sin embargo, ésa es una prerrogativa del tribunal, que este viernes ha admitido a trámite el asunto y ha dado un plazo de 24 horas a la Fiscalía para exponer sus alegaciones. Sin embargo, esas 24 horas expiran el lunes a las 12.30 horas considerando como festivos los días del fin de semana. Así las cosas, la sala deliberará este martes y emitirá su fallo o ese “a última hora” o ya el miércoles, indican las fuentes consultadas. Se da la circunstancia de que la prórroga es solamente para el 13 de febrero, por lo que de admitirse se habrá completado todo el proceso para menos de dos semanas.
El pasaporte COVID está regulado por dos reglamentos diferentes. Por un lado, hay un paquete inicial que lo establece para el acceso al ocio nocturno a partir de las 22.00 horas y para restaurantes grandes, de más de 50 comensales de aforo. Esa regulación -una orden de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui- es indefinida mientras la incidencia supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Ahora el dato supera los 3.000 con holgura. Sin embargo, cuando se amplió en diciembre -mediante un decreto del lehendakari, Iñigo Urkullu- se fijó una doble limitación, por un lado la incidencia (y en 300, no en 150) y, por otro, un tope temporal que acaba el 31 de enero.
Así las cosas, a falta de autorización para la prórroga, en la medianoche del lunes decaerá el decreto de Urkullu y con ella el grueso de los locales en que se puede exigir el certificado, ya que fue ahí donde se introdujo a toda la hostelería, a todos los eventos culturales y deportivos en espacios cerrados, a los gimnasios y centros deportivos y a las visitas a residencias, hospitales o prisiones. Fuentes del Gobierno, en todo caso, aseguran a este periódico que la normativa procesal de la jurisdicción contencioso-administrativa obliga a la sala a responde en 72 horas “naturales” y no “hábiles”.
elDiario.es/Euskadi
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