Euskadi ha presentado este viernes su ‘Estrategia de atención sociosanitaria’ para el período 2021-2024, un plan apadrinado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, las consejeras del ámbito social, Beatriz Artolazabal, y sanitario, Gotzone Sagardui, y por los tres diputados generales, Ramiro González, Unai Rementeria y Markel Olano, entre otros. El documento busca coordinar a todas las instituciones implicadas -en el caso vasco las diputaciones tienen competencias plenas en muchas materias como residencias o dependencia- y hacer frente a retos estructurales de una sociedad envejecida y con cada vez más casos de “soledad no deseada” y pobreza a los que se han sumado las derivadas de la COVID-19, que se ha cobrado más de 1.000 vidas en residencias. Dos de las medidas propuestas pasan por permitir el acceso a los médicos y enfermeros que trabajan en centros de mayores a la historia clínica de Osakidetza para facilitar tratamientos y evitar disfunciones y por crear lo que se ha venido en llamar como la “atención primaria sociosanitaria”.
La atención sociosanitaria en Euskadi parte de un escenario diferente al de otras comunidades autónomas, que gestionan Sanidad y residencias desde una misma administración. Aquí los 251 municipios tienen competencias en servicios sociales de base, las diputaciones gestionan temas como mayores o dependencia y el Gobierno vasco asume la parte correspondiente a Osakidetza y otras prestaciones económicas y sociales, como explica el documento. Además, muchos de los recursos y servicios están externalizados a empresas privadas en un alto porcentaje, lo que introduce otro agente en el tablero con mucho peso. El nuevo director designado para gestionar esta materia que ha saltado a primera línea con la pandemia, José Antonio de la Rica, ha apelado a la “interoperabilidad” del sistema. Como ejemplo, ha defendido la creación de la historia sociosanitaria que complemente a la clínica y que ésta última sea accesible también por el personal de residencias. “Parte de una idea sencilla pero rupturista. La historia clínica no es propiedad del sistema, sino del ciudadano, debe acompañarle a la residencia y al centro de día [desde el hospital]”, ha enfatizado De la Rica.
El documento incide en “la conveniencia de contar con mecanismos para sufragar el coste de la provisión de atención sociosanitaria”, algo que “surge de la inexistencia de fórmulas comunes a todas las instituciones en los diferentes ámbitos, también territoriales, que contribuyan o faciliten la financiación eficiente de recursos sociosanitarios ya existentes o de nueva creación en Euskadi”. Se plantea en este sentido un “modelo compartido y estable de financiación pública de la atención sociosanitaria en Euskadi” y “acuerdos financieros entre instituciones para sufragar el coste de recursos sociosanitarios”, pero no se detalla ninguna memoria económica en un plan de 116 páginas. Explican fuentes oficiales que esas partidas se recogerán en el desglose de cada una de las acciones de las instituciones competentes.
Según el lehendakari, Iñigo Urkullu, “la pandemia ha puesto a prueba la capacidad del sistema de bienestar” y que la “experiencia” ha permitido diseñar la nueva estrategia. “El nuevo tiempo nos exige transformar y mejorar las políticas de atención sociosanitaria, hacerlas más eficientes, sostenibles y respetuosas con el proyecto de vida de cada persona. El análisis demográfico desvela que hasta 250.000 personas en Euskadi pueden necesitar algún tipo de atención o servicio”, ha enfatizado el lehendakari. 250.000 personas son tantas como todos los habitantes de Vitoria y más del 10% de la población total.
Es más, la viceconsejera Lide Amilibia ha asegurado que el problema irá a más por el envejecimiento de la población motivado por dos factores, hay cada vez menos jóvenes y la esperanza de vida crece. Ello implica un aumento de este tipo de servicios. Ha recordado, además, que el concepto de familia tradicional ha cambiado de raíz, con núcleos más reducidos o incluso de un solo miembro, lo que cambia la política de cuidados. “Vamos a impulsar ecosistemas de cuidados con un enfoque preventivo y de promoción de la autonomía personal, ecosistemas que respondan al deseo de las personas mayores de continuar residiendo en su domicilio o bien en centros semejantes a un hogar e integrados en la comunidad”, ha apostillado Urkullu. Por su parte, la consejera Artolazabal ha puesto en valor “la cooperación público-público y público-privada” como “palanca imprescindible para responder a las necesidades sociales”. Y Sagardui ha destacado el trabajo de todos los trabajadores sociosanitarios.
La estrategia recoge algunos datos sobre el fenómeno de la atención sociosanitaria. Una de las conclusiones es que “a partir de los 70 años de edad, el 93% de la población vasca presenta al menos una enfermedad crónica”. Y un 15% tiene cuatro o más. “A partir de los 45 años la posibilidad de padecer al menos una patología crónica se eleva al 55% de la población en Euskadi. La desagregación de datos para ambos sexos indica que las mujeres, independientemente de su edad, superan a los varones cuando el número de patologías crónicas es más de dos”, se incide.
“La longevidad como fenómeno demográfico de tendencia ascendente, comporta años de 'con-vivencia' con patologías físicas y mentales, dado que no suponen la mortalidad inmediata. Por tanto, la afectación para la calidad de vida habrá de ser evaluada en base a las consecuencias que estas patologías suponen para la limitación de la actividad diaria o la incapacidad de su desarrollo por parte de las personas. Del conjunto de la población de Euskadi, un 9,6% presenta alguna limitación de su autonomía funcional. Estas limitaciones graves afectan al 3,6% de la población, siendo no graves en el 6,1% de los casos. Así, la prevalencia de estas limitaciones es mayor entre las personas en situación de exclusión social (23,1%) que entre quienes se encuentran en situación de integración social (7,2%)”, se puede leer.