El Gobierno vasco ha sido este martes bien claro al rechazar el centro de refugiados que el Gobierno central quiere poner en marcha en Vitoria. El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha afirmado que el modelo de este centro “no casa bien con el modelo de integración” que llevan a cabo las instituciones vascas, más basado en la atención individual a estas personas, y ha expresado su malestar por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Zupiria no ha dejado claro si el Gobierno vasco puede o va a llevar a cabo alguna acción para evitar la puesta en marcha de este centro -el edificio es propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social- y ha exigido que se transfiera a Euskadi competencias en materia de inmigración para los inmigrantes que se encuentran en Euskadi, y por lo tanto, también los refugiados, puedan acceder a un puesto de trabajo y facilitar su integración en la sociedad.
El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran fue el primero el pasado lunes en mostrarse en desacuerdo con este centro y criticar la decisión “unilateral” del Gobierno central. El centro en cuestión ya se ha sacado a concurso. Las instalaciones precisarán de una inversión de 14,1 millones de euros y se ubicarán en la antigua Residencia Arana de la capital alavesa. El centro tendrá capacidad para 350 plazas y una superficie construida de 13.000 metros cuadrados, que se ubicarán en una parcela de 14.434 metros cuadrados.
Zupiria ha recordado el compromiso del Gobierno vasco con los refugiados y las distintas iniciativas que ha llevado a cabo el lehendakari Iñigo Urkullu para que Euskadi sea “tierra reugiados”, tanto en la huida de ciudadanos de Siria por la guerra como ahora con el exilio de ciudadamos ucranianos tras la invasión de Ucrania.
Ha recordado que el tema de la transferencia de competencias en inmigración “en función” de lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, ya fue objeto de conversación entre el ministro José Luis Escrivá y el lehendakari Iñigo Urkullu en el visita que el titular de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realizó a Vitoria a finales del año pasado, y que desde entonces esta demanda ha vuelto a ser trasladada al Gobierno central por las consejeras de Justicia, Beatriz Artolazabal, y Autogobierno, Olatz Garamendi. En este sentido, ha señalado que están a la espera de que el Gobierno central responda a su propuesta para que los refugiados puedan acceder a un contrato de trabajo. En cualquier caso, ha insistido en que desde el Gobierno vasco siempre se ha apostado en este campo en poner en marcha “políticas propias” atendiendo a estas personas “de manera individualizada” y “atendiendo a las situaciones familiares que puedan llegar”. “Este modelo que está planteando el Gobierno central de acogida de refugiados, donde podrían convivir seis meses o un año, no casa bien con el modelo de integración que estamos promoviendo desde las instituciones vascas”.
“Sería importante que se pudiera concretar de qué manera podemos abordar la inmigración en la comunidad autónoma vasca con la negociación y aceptación de esta propuesta; y a partir de ahí, articular políticas diferentes de acogida para los refugiados”, ha añadido. Ha reconocido que el Gobierno vasco había recibido información sobre este proyecto para la capital alavesa por parte del Ministerio antes de que se procediera a la licitación de la obra. En todo caso, ha afirmado que este proyecto es algo “secundario”, dado que lo “fundamental” es que el Ejecutivo autonómico disponga de competencias para desarrollar sus propias políticas en este ámbito.
De igual forma que se ha mostrado en contra el Gobierno, y el Ayuntamiento de Vitoria, también lo ha hecho el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha reiterado que “Euskadi es tierra de acogida”, ha dicho, pero debe hacerse mediante una atención “individualizada” y “personalizada”. Un“acompañamiento”, ha precisado. “No parece que un centro para 350 personas sea un modelo que permota dar la atención que necesitan”.
Retraso en el Centro Memorial del 3 de marzo
Por otra parte, el Gobierno vasco se ha sumado a la decisión de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de aplazar la aprobación de los estatutos de la fundación del futuro Centro Memorial de las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976. Estaba previsto que el Ejecutivo los aprobara en su reunión de este martes, pero las organizaciones sociales que formarán parte del patronato han presentado una serie de “consideraciones” a los miso que es necesario analizar.
Zupiria ha afirmado que si se consideran “adecuadas” las propuestas que presenten los colectivos sociales, serán incorporadas a los estatutos, sobre los que ha explicado que espera que puedan ser aprobados “cuanto antes”.
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