Euskadi renueva el convenio de colaboración con el poder judicial para evitar los desahucios de familias vulnerables

A comienzos de marzo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, estampó su firma en un convenio de colaboración con el Gobierno vasco y con la asociación de municipios vascos, Eudel, para dar respuesta a personas y familias vulnerables que puedan sufrir un desahucio. Se trata de la segunda renovación de una línea de trabajo iniciada en 2013 y que continuó en 2019. Ahora, tras la aprobación de la nueva ley estatal de Vivienda, se ha considerado necesario realizar algunos ajustes, aunque la filosofía sigue siendo la misma. El objeto del convenio es disponer de un “protocolo” para que los procesos judiciales con colectivos vulnerables que puedan derivar en un “lanzamiento de vivienda habitual” o desahucio.

Se menciona como referencia una normativa que, por ejemplo, entiende como casos a tener en cuenta los de familias numerosas o monomarentales, las unidades de convivencia con menores, discapacitados, dependientes o enfermos graves, las situaciones de desempleo o de violencia de género y también la realidad de los mayores de 60 años. El CGPJ se obliga a que, cuando una sala conozca un posible desalojo y aprecie situaciones de “especial vulnerabilidad”, tendrá que facilitar a los afectados la información de sus posibilidades y notificarlo a los servicios sociales del municipio correspondiente. A partir de ahí, Eudel se compromete a que el ayuntamiento implicado “formulará una propuesta” al Gobierno vasco para que, en última instancia, pueda ofrecer el acceso a una vivienda protegida o asimilada o tramitar una prestación.

Esa posibilidad tiene algunos topes. Por ejemplo, “no incluye” a personas que hayan “ocupado de manera ilegal” una vivienda y sean desalojadas o que hayan sido adjudicatarias de un piso protegido y tengan impagos de la renta con la Administración. Los beneficiarios, en todo caso, deberán estar inscritos en Etxebide, el registro autonómico de solicitantes de vivienda. En enero se explicó que desde que en 2013 se activó el primer convenio con el GGPJ “se han adjudicado 280 viviendas de protección pública o asimilada a personas de especial vulnerabilidad afectadas por un desahucio en vía judicial” fruto de los sucesivos convenios suscritos.

El protocolo afecta a dos áreas del Gobierno vasco, a Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y a Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. De hecho, el convenio viene firmado por dos consejeros, Nerea Melgosa e Iñaki Arriola. El primer departamento es el que gestiona la Administración de Justicia y el segundo el parque de viviendas públicas y las ayudas. Se ha estipulado una vigencia de cuatro años, es decir, hasta marzo de 2028. Podrá ser prorrogado en ese momento por otros cuatro años adicionales. Por parte de Eudel la firmante es su presidenta, Esther Apraiz, que es también la alcaldesa de Derio.

Se puede leer en el documento firmado que las medidas extraordinarias activadas en España y en Euskadi por la pandemia de la COVID-19 y por el contexto internacional convulso abierto por la guerra en Ucrania han variado “sustancialmente” el tratamiento de estos casos de “especial vulnerabilidad”. Ha habido una “notable reducción” de desahucios si se mide el dato de 2019, el último previo a la emergencia sanitaria, y el de 2021. De 806 bajaron a 659, se resalta. Es un 18,2% de bajada, aunque en España fue del 20,4% en el mismo período. Se incide en que en estos años se ha trabajado para posponer determinados lanzamientos, prorrogar contratos de alquiler o buscar nuevos calendarios de pago de las deudas, así como la fijación de límites a las subidas de las rentas.

Se menciona expresamente en el nuevo convenio la existencia también de medidas arbitradas por la normativa estatal de Vivienda. Se trata de una materia sensible ya que el área la dirige el PSE-EE en el Ejecutivo de coalición de Iñigo Urkullu mientras que el PNV la critica duramente y ha llegado a recurrir al Tribunal Constitucional para tumbarla. La ha llegado a comparar con la abolición foral de 1839. Sin embargo, este protocolo da continuidad a otro activado en otoño por el equipo del consejero Arriola para evitar posibles casos de desahucios en inquilinos de “grandes tenedores”, algo expresamente vinculado a la nueva normativa estatal. Entonces había 166 casos y se comisionó al servicio Bizilagun (Servicio de Mediación Hipotecaria) para atenderlos.