Euskadi repite en la ley el compromiso de llegar al 0,7% del presupuesto para Cooperación que incumple desde 2012

El Gobierno de Iñigo Urkullu, a través de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha presentado este miércoles en rueda de prensa el proyecto de ley de Cooperación y Solidaridad. Nuevamente, aunque el Ejecutivo de PNV y PSE-EE goce de mayoría absoluta, es una iniciativa que llega con la incertidumbre de si quedará en el Parlamento Vasco legislatura suficiente para que puede completar toda la tramitación. La norma recoge el compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto “en el horizonte de 2030” en la línea con reivindicaciones históricas.

Sin embargo, se trata de un objetivo ya contemplado en la actual ley autonómica en vigor, la de 2007, y que debería haber estado cumplido en 2012. Asimismo, el Parlamento Vasco aprobó con vistas a 2017 una proposición no de ley en la que se instaba a disponer de, como mínimo, el 0,53%. En la actualidad, los últimos presupuestos consignaron alrededor de 0,36%. Es una proporción que se ha mantenido de una manera muy similar en los últimos ejercicios. Harían falta unos 50 millones adicionales cada año para cumplir ese reto.

La ley mueve este 0,7% de una disposición adicional al artículo 16 del cuerpo de la norma. Se plantea, en concreto, que “las administraciones públicas vascas, en el marco de sus competencias, consignarán anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las funciones y atribuciones contempladas en la presente ley”. Y se añade: “Con el fin de avanzar en el objetivo común de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta junto al resto de las instituciones vascas y del Estado, la Administración general de la comunidad autónoma de Euskadi establecerá anualmente las aportaciones destinadas a la cooperación y a la solidaridad para alcanzar el 0,7% sobre el gasto total no financiero en el horizonte del año 2030, con objetivos intermedios fijados a través de los planes plurianuales. A estos efectos, los recursos económicos destinados presupuestariamente a la política pública vasca de cooperación y solidaridad podrán incrementarse con aportaciones procedentes de personas físicas o jurídicas, organismos e instituciones estatales e internacionales, públicas o privadas”.

Sobre la ley, Melgosa ha afirmado que aporta “una concepción de desarrollo que pone en el centro a las personas y al planeta, teniendo en cuenta su diversidad”. “Con esta futura nueva ley vasca de Cooperación, se pretende que Euskadi asuma como propias las agendas internacionales de desarrollo. Queremos reforzar un compromiso solidario desde nuestras señas de identidad: Impulsamos una cooperación descentralizada de calidad, basada en la solidaridad y en una colaboración público social sólida”, ha señalado la consejera.  

Preguntada por la posibilidad de que el proyecto decaiga ante el cada vez más próximo final de la legislatura, Melgosa se ha mostrado optimista y considera que sí hay tiempo para que el Parlamento la revise y aprueba. Ha apuntado que el texto que se envía a la Cámara, cuyas sesiones no se retoman hasta finales de septiembre, viene muy trabajado con los agentes sociales y que ello le aporta un plus. “Por supuesto que vamos a llegar”, ha enfatizado Melgosa, quien ya realizó unas aseveraciones similar con otra de sus leyes, la de Infancia. El Gobierno también tiene en cola en la Cámara proyectos de la relevancia de la ley de Educación o también textos sobre Empleo o Salud. La más antigua es de enero de 2022. Se trata de la normativa sobre Memoria Histórica que ya está a punto de ser aprobada pero que demuestra que los plazos de trabajo parlamentario habituales no permitirían sacar ya las leyes que se van presentando ahora.