El Gobierno de Iñigo Urkullu cerrará cuando se celebren las elecciones autonómicas una tercera legislatura y, por tercera vez y a salvo de un giro de guion, no habrá logrado el objetivo de aprobar una ley de Transparencia. La vasca es una comunidad autónoma excepcional en España en este sentido: salvo por Ceuta y Melilla el resto tienen normas autonómicas. Existe un compromiso desde la primera legislatura y ahora hay un borrador en redacción, pero los plazos de su hipotética presentación harán imposible ya que el Parlamento pueda completar toda la tramitación requerida a pesar de que el Ejecutivo, con el apoyo de PNV y PSE-EE, tenga mayoría absoluta.
En el primer calendario legislativo de Urkullu, que es lehendakari desde finales de 2012, no constaba ninguna propuesta en este sentido. Eso sí, se prometió un capítulo sobre ello dentro de la norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno 'ad hoc' para Transparencia. Pero no dio tiempo en lo que quedaba de legislatura, ya que todas las propuestas legislativas -salvo contadas excepciones- decaen cuando se convocan elecciones.
En la legislatura de 2016 a 2020, se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la promesa de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla y en 2020 volvió a decaer.
Ahora, en el tercer intento, la promesa era que el Ejecutivo la enviase a la Cámara en el “segundo semestre de 2022”. No fue así y la consejera responsable, Olatz Garamendi, ha apuntado ahora a finales de 2023, en concreto al 17 de diciembre. Incluso si la legislatura se estirara todo lo posible, hasta julio de 2024, cuando se cumplen cuatro años de las últimas autonómicas, no hay tiempo material para completar todo el procedimiento legislativo en esos meses. La reciente ley de Memoria Histórica, por ejemplo, fue presentada en 2021 y ha tardado dos años en hacer este recorrido. Ahora mismo el texto que lleva más tiempo pendiente es la ley de Movilidad Sostenible, que es de la primavera del año pasado.
El último borrador conocido hasta la fecha, de julio, incide en que la ley no parte de cero, que más bien “culmina diversas iniciativas, producidas a lo largo de los últimos años, para implementar en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi una regulación legal, cabecera y apropiada, sobre el concepto central de la transparencia”. Entre sus puntos más relevantes está el registro de los grupos de interés ('lobbies'). Se trata de una medida para que no operen de forma “deshonesta”. Han de respetar “el compromiso de no incitar, por ningún medio, a autoridades, cargos públicos o funcionarios a infringir la ley o las reglas de comportamiento establecidas por el código de conducta”. Hay también una apartado de multas administrativas de hasta 400.000 euros para los casos más graves.
En paralelo, el Gobierno de Urkullu ha tenido que regular por decreto y por vía de urgencia una adaptación de la normativa estatal y europea para la protección de los denunciantes de irregularidades. Esto llega después de que el Ejecutivo haya ido rechazando iniciativas similares lanzadas desde la oposición, como la ley de 'whistleblowers' de Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) o una batería de propuestas de EH Bildu de los últimos años.
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