El “tensionamiento” –que no “hacinamiento”, matizan desde Euskadi– en las cifras de ocupación de las tres cárceles gestionadas por el Gobierno vasco, Zaballa, Basauri y Martutene, ha llevado a la firma, a finales de marzo, de un protocolo de “coordinación y cooperación” de al menos dos años de duración entre el secretario general de Instituciones Penitenciaras, Ángel Luis Ortiz, alto cargo del Ministerio del Interior, y la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, que es la que gestiona la competencia de Prisiones. El convenio, que permitirá más traslados a las cárceles del resto de España y denegar entradas de reclusos sin arraigo, llega un año y medio después de que Euskadi asumiera la competencia tras casi cuatro décadas de espera.
En cifras, se entiende que la capacidad “operativa” de estos centros es de 1.283 plazas y que el escenario óptimo sería de 783. Así consta en las tablas incorporadas al acuerdo. Según datos oficiales de febrero, el censo de población reclusa ascendía a 1.620 en total, aunque hay que descontar 400 que no pernoctan de manera efectiva en prisión por su clasificación penitenciaria. Indican desde el área de Prisiones del Gobierno de Iñigo Urkullu que la cantidad óptima se lograría con un interno por celda, mientras que la cifra máxima operativa implica tener el 60% de celdas con dos personas. Se entiende que este umbral, en febrero, “se superaba ligeramente” tanto en Zaballa como en Martutene.
Euskadi lleva también el año y medio que ha tenido la responsabilidad en esta materia con déficit de personal y críticas sindicales, aunque ha firmado acuerdos transitorios con la central mayoritaria, ACAIP-UGT. Es ahora cuando se ha activado una bolsa para incorporar más personal. En enero de 2023 fueron medio centenar los interinos destinados a Prisiones, según se indicó desde fuentes oficiales. En Zaballa, por ejemplo, ya se están abriendo módulos.
“Este tensionamiento, en el marco integrado del sistema penitenciario único de todo el Estado, supone la realización de traslados desde los centros penitenciarios vascos hacia otras comunidades de internos sin arraigo, así como no poder responder afirmativamente a todas las peticiones de traslados desde fuera de la comunidad autónoma del País Vasco, priorizándose el traslado de presos con arraigo y cumplimiento de condenas de larga duración”, explican fuentes oficiales del Ejecutivo autonómico sobre el documento, que no ha sido presentado oficialmente pero que sí está publicado en los portales de transparencia de ambas instituciones.
“Este protocolo recién aprobado con el Ministerio del Interior se confía en que permitirá acompasar con una mayor agilidad el movimiento entre centros penitenciarios”, añaden estas fuentes. La “canalización” de la “coordinación, colaboración y cooperación” en esta materia se hará mediante una “comisión, comité u órgano bilateral entre Administraciones penitenciarias, que podrá trabajar en grupos de trabajo o con interlocutores diversos nombrados para materias concretas”.
En todo caso, habrá un grupo de trabajo más “estable” para el caso concreto de las obras de la nueva cárcel de Gipuzkoa, ubicada en Zubieta. Estos trabajos los sigue llevando a cabo el Estado, que es quien proyectó el nuevo centro y lo está pagando. Cuando se completen, Zubieta será traspasada a la Administración autonómica, que devolverá la vieja cárcel de Martutene. La intención es que el Estado ceda ese recinto a la ciudad de Donostia para sus planes de desarrollo urbano, como sucede con los cuarteles del Ejército en la zona de Loiola. Sin embargo, ello dejará la zona más poblada, el gran Bilbao, con el centro más antiguo y reducido.
Sostiene el documento, que no es excesivamente explícito sobre el “tensionamiento” de las cárceles vascas, que “existen asuntos en los que resulta prioritario formalizar acuerdos en aras de garantizar el buen funcionamiento integrado del sistema penitenciario”. Están “relacionados especialmente con la determinación de las plazas óptimas y máximas traspasadas, los medios informáticos y su interconexión, y las infraestructuras”. Desde 2021, “ambas administraciones estatal y vasca se han venido relacionando informalmente con un espíritu colaborativo que ha contribuido a resolver incidencias puntuales”. Pero, dada la “transcendencia” de algunas cuestiones, hace más “conveniente” que ambas partes acuerden “por escrito” cómo actuar. De hecho, ya en noviembre se apuntó que se habían tenido que denegar del orden de 200 traslados, incluidos una decena de presos de ETA en plena recta final de los alejamientos.
Según el protocolo, las cárceles vascas tienen 1.022 plazas ordinarias “operativas” para varones, 131 para mujeres, 106 en régimen abierto masculino y 24 en régimen abierto femenino. Se prevé también la creación en Zaballa de diez plazas de “régimen cerrado” antes del 31 de marzo de 2024. Sin embargo, se considera como situación óptima la ocupación de 632 celdas ordinarias de hombres y 87 de mujeres, así como 53 y 11 plazas abiertas, respectivamente. Los Gobiernos central y vasco, en todo caso, recalcan que estos números son “dinámicos”. Será la comisión bilateral la que procederá a su “revisión” cuando se estime oportuno.
El convenio prevé también que se compartan “experiencias”, “programas” y “buenas prácticas” y la “garantía” de que se dará acceso al expediente del interno afectado por un traslado entre centros de diferente titularidad. En general, se plantea la “configuración de una herramienta que garantice la continuidad [en Euskadi] en el acceso y compartición de los sistemas y aplicaciones informáticas de gestión penitenciaria empleados por Instituciones Penitenciarias del Estado”. Se llaman SIP, SISPE, SIA, pero pueden ser “otros”. Esto será así en tanto Euskadi no desarrolle sus propios aplicativos informáticos y no se descarta que el Gobierno vasco tenga que pagar por ello al de España ya que se añade la coletilla “sin perjuicio del reparto de costes que proceda”.
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