Euskadi ultima ya el decreto para la integración definitiva de la RGI y el IMV, que tiene casi 11.000 beneficiarios propios

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, tiene muy avanzada la versión definitiva del decreto que desarrollará el reglamento de la nueva renta de garantía de ingresos diseñada por ley a finales de 2022 y en vigor desde primavera. Es la RGI, el salario social autonómico de quienes no tienen recursos o el complemento de personas con nóminas o pensiones bajas. Uno de los puntos clave es la integración total de la prestación autonómica con el ingreso mínimo vital estatal (IMV, transferido a la comunidad autónoma). El nuevo sistema, que ya funciona de modo incipiente, hace que el Gobierno vasco pague con cargo a la RGI las cantidades a las que no llega el IMV para garantizar los umbrales económicos reconocidos en Euskadi, hasta 1.680 euros mensuales en doce pagos en supuestos excepcionales. Eso sí, también hay un 50% de beneficiarios del IMV (10.944 personas) que no tienen derecho a la RGI ahora mismo. El último documento, de principios de agosto, tiene más de cien páginas y, entre los puntos previstos, establece un sistema que permite adelantar con fondos de la RGI las cantidades de IMV a las que se tiene derecho, ya que su tramitación es más lenta. Eso sí, luego se obligará a esas personas a devolver bien de golpe si pueden o bien con compensaciones en futuros pago de la RGI hasta el plazo máximo de un año esas cantidades cobradas de más durante algunos meses.

A falta de los últimos informes jurídicos preceptivos para completar la tramitación interna, la previsión es que el Consejo de Gobierno pueda dar luz verde a este reglamento a la vuelta del verano. Coincidirá en el tiempo con la aprobación del decreto de desarrollo del derecho de la vivienda, elaborado también por la parte del PSE-EE del Ejecutivo y que afecta de lleno a Lanbide ya que le despoja definitivamente del abono de los complementos para el alquiler asociados a la RGI (la denominada PCV) y articula una pasarela para que 24.685 beneficiaros que perciben esos 300 euros sean atendidos ahora desde la ventanilla de Vivienda y no desde el área de Empleo. El equipo de Mendia inició su tramitación nada más tener la ley promulgada y busca acotar la forma de proceder ante todos los supuestos que rodean a la RGI, que ahora mismo llega a 51.621 familias. La prestación se creó por ley en 2008 y el anterior reglamento tardó más, ya que se aprobó en 2010 por otra consejera socialista, Gemma Zabaleta, ahora ya alejada del partido y próximo a EH Bildu.

Las relaciones entre la RGI y el IMV ocupan los últimos cuatro artículos del borrador del reglamento, del 143 al 146. La filosofía es que haya “unidad” para la ciudadanía, es decir, que ambas prestaciones se tramiten en una única ventanilla por mucho que los fondos procedan de dos cajas, de la del Estado y de la de la comunidad autónoma. “La documentación que, en su caso, se aporte junto con la solicitud [...] servirá para la acreditación de aquellos requisitos que sean comunes a ambas prestaciones”, promete el Ejecutivo, que en el pasado se ha encontrado Lanbide colapsado para sus funciones principales, las de promoción de empleo y formación, ante la burocracia que le supuso gestionar la RGI.

Con todo, se fija un mecanismo para que las personas que solicitan la prestación -a las que se presupone en un estado de necesidad económica perentoria- accedan a la RGI en su modalidad completa mientras esperan el IMV. Sin embargo, después tendrán que hacer un “reintegro” cuando les llegue de golpe el IMV con sus atrasos. “A salvo del pago voluntario, de una vez, de la totalidad de la deuda, el deber de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en concepto de renta de garantía de ingresos se llevará a efecto por compensación, descontando la cuantía adecuada del importe del pago de la citada prestación”, explica el borrador, al que ha tenido acceso este periódico.

Si se diera el caso de que el afectado solamente cobrase IMV y no pudieran hacérsele descuentos de la RGI, no quedaría eximido de la deuda y se harán reclamaciones como con cualquier otra subvención autonómica, a través del área de Hacienda. En general, esta filosofía es la misma que se aplica a todos los “indebidos”. En 2022, en los informes que acompañaban a la reforma legal, se apuntaba a 146.297 pagos “indebidos” en cuatro años y 66 millones pendientes de cobro. En algunos sectores políticos siempre ha interesado asociar estas cifras al fraude, pero no lo es. La RGI es variable hasta el extremo. Cambia en función del número de hijos o dependientes al cargo, en función del tipo de vivienda o, en muchos casos, en función del trabajo. La ayuda complementa nóminas que no llegan a los umbrales definidos como dignos y hay miles de personas que tienen una variabilidad enorme mes a mes porque encadenan trabajos cortos o precarios.

En general, el decreto plantea “novedosas” fórmulas “referidas al cálculo de rendimientos” para que “la gestión de la prestación no sufra sobrecarga o ralentización”. Se trata de “reflejar con fidelidad la situación económica de la unidad de convivencia en cada momento”, aunque “sin perjuicio de las necesarias regularizaciones anuales a la luz de la declaración del IRPF”. Una de las promesas es que los ingresos laborales no tengan que ser comunicados a cada paso por los titulares de la RGI sino que se hará un intercambio automatizado de datos con la Seguridad Social. Ya existen acuerdos para ello. Ya desde la ley también se modificaron dos vicios del sistema anterior. El primero es que ahora bastará con una declaración responsable de la necesidad económica para activar el derecho, sin esperar a comprobaciones ulteriores, y el segundo es que no se podrán suspender las prestaciones porque los funcionarios estimen que el dinero se destina a fines inadecuados, lo mismo que pasa con el paro, por ejemplo.

El decreto regula también la posibilidad abierta en la ley de adelantar a los 18 desde los 23 la posibilidad de acceder al derecho. Sin embargo, se hace con requisitos concretos. No será algo universal a pesar de ser mayores de edad igualmente. Podrán ser titulares de la prestación -incluso también si son menores emancipados- pero tendrán que llevar al menos un año en búsqueda de empleo activa (inscritos en Lanbide) y cumplir con los acciones formativas encomendadas o haber cotizado 240 días en dos años. Desde el Gobierno se insiste en que la RGI “no es una ayuda de emancipación” y que el área de Juventud ya trabaja en un plan propio en ese sentido -se llama Emantzipa, y serán 300 euros mensuales que se aplicarán desde 2024- por lo que no cabría que un estudiante la solicitara, por ejemplo. Sí habrá algunas facilidades adicionales para los menores extranjeros no acompañados que cumplan los 18 y se vean ya fuera del sistema de protección.

13.188 de los perceptores de la RGI son pensionistas con rentas muy bajas que necesitan ser complementadas. Desde la oposición, particularmente de EH Bildu, se solicitó que Lanbide realizara de oficio un cruce de datos para que todos los potenciales beneficiarios pudieran cobrar los complementos. En los debates parlamentarios, la coalición llegó a cifrar en 200.000 las mujeres cuyas pensiones no llegaban a 1.000 euros. ¿Cómo enfoca este asunto el decreto? El Gobierno ya rechazó establecer un automatismo ya que, según explican fuentes de Lanbide, los ingresos mensuales no son el único criterio para tener derecho a la RGI, ya que se valora también el ahorro, el patrimonio y otros posibles derechos económicos. La propuesta, recogida en la disposición adicional tercera del decreto, es un “estudio de las unidades de convivencia con personas pensionistas”. Se trata de que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor” de este reglamento Lanbide entregue un “estudio” sobre las “rentas e ingresos” de este colectivo en su conjunto a la hora de “determinar la procedencia de establecer períodos específicos de actualización de la cuantía para todas o para algunas de estas unidades de convivencia”.