Una Euskadi de dos velocidades: gente que no llega a fin de mes en el 'oasis' de la estabilidad económica

Euskadi no es una isla en lo económico y no ha escapado a las crisis que han golpeado con fuerza al resto de España, de Europa y del mundo. Tampoco, desde luego, ha podido sustraerse a la que arrancó con la crisis sanitaria tras la pandemia de la COVID–19, quizá la más global a la que se ha enfrentado hasta ahora la humanidad y a la que sin tiempo de recuperación se sumó la derivada de la guerra de Ucrania. Estas crisis han golpeado fuerte la línea de flotación de la economía vasca, sobre todo porque han tenido impacto en la industria, el sector que tiene una mayor fortaleza dentro de la distribución económica del PIB en Euskadi, del que supone un 23% y genera los empleos privados de mayor calidad. Cuatro años después de esa pandemia que, entre multitud de desgracias personales, obligó a paralizar la producción, la palabra incertidumbre sigue siendo la más utilizada por los que se dedican a hacer previsiones económicas. Todos los vaticinios que se hagan están sujetos a un devenir de acontecimientos mundiales cada vez más imprevisibles.

La crisis ha debilitado la economía vasca, de eso no hay duda. De hecho, el peso del PIB vasco el conjunto de España es cada vez menor, aunque el declive ya era previo a la pandemia. “El PIB vasco era de 7,1% del de España en 1978, era del 6% en 2016 y hoy ya está por debajo del 5,8%”, como recuerda Jon Bernat Zubiri, profesor de Economía Aplicada de la UPV/EHU, que hace hincapié en que ese diferencial con el Estado “se está cerrando ya”. Esta caída del peso económico vasco en España se usa como argumento en contra de los que hablan del Concierto Económico como un privilegio, porque la contribución que se realiza al Estado vía Cupo se mantiene en el 6,24%, es decir, por encima de lo que supone Euskadi en el conjunto del PIB estatal. Pero, pese a haber perdido puestos en el escalafón estatal, Euskadi sale mejor parada en casi todos los indicadores económicos si se compara con el resto de comunidades autónomas, con una economía que ha mostrado ser resiliente ante la adversidad.

Cuatro años después de la pandemia, no sólo las tasas de paro se mantienen entre las más bajas de España, el 6,33% según la EPA que publica el Instituto Nacional de Estadística, sino que Euskadi bate récord de afiliados a la Seguridad Social, superando el millón de cotizantes. Es la comunidad autónoma con la media salarial más alta de España, 2.545,8 euros mensuales brutos, 417 euros más que la media nacional. Y también los pensionistas vascos, pioneros en la lucha por la subida de las pensiones iniciada hace unos años, salen mejor parados que los de otra comunidades autónomas, con nóminas que suponen el entorno de los 1.500 euros mensuales, de media, claro está. Las previsiones apuntan a un crecimiento sostenido en el tiempo, de un 1,9% este año –el Gobierno vasco lo acaba de revisar a la baja desde el 2,1% anterior– y del 2,1% para el que viene –en este caso al alza frente al 1,8%– . Ambas previsiones muestran que la recuperación definitiva se retrasa, pero en cualquier caso, colocan el crecimiento del PIB vasco ligeramente por encima del que lo hará el estatal. Y, mientras tanto, las Haciendas vascas mantienen récord de recaudación. Bizkaia, Álava y Gipuzkoa cerraron el año 2023 con ingresos vía recaudación de impuestos que sumaron 18.212,5 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior.

Pero ese relativo optimismo económico, tiene otra cara: el 6,33% de tasa de paro implica que todavía hay 111.471 personas inscritas en las oficinas de Lanbide que no tienen empleo y, para aquellos que lo tienen, es cada vez más difícil llegar a fin de mes. Aunque la vasca es la comunidad autónoma con la tasa Arope más baja de todo el Estado. Esta tasa mide la pobreza no sólo según los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo, y es del 15,5% en Euskadi frente al 26,5% de media nacional. Pero un 10,2% de la población vasca está en riesgo de pobreza, y ya hay 6,3% de los hogares vascos con muchas dificultades para sufragar sus gastos fijos, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada en febrero por el el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 20,6% de los hogares no puede abordar abordar gastos imprevistos, y una de cada cinco familias vascas (19,4 %) no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Es decir, dos velocidades para la misma Euskadi, que figura la cabeza de la listas de comunidades autónomas de media salarial, pero también en las del coste de vivienda –en compra y en alquiler– más elevado y la cesta de la compra más cara. La subida del IPC ha afectado a todos los productos y servicios, pero no se ha repercutido en todos sueldos o, al menos, no por igual.

Actualmente hay 57.941 personas percibiendo en Euskadi la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una de las principales ayudas a las que puede acceder la población vasca. Es un sistema pionero y cuya reforma se ha aprobado por ley esta legislatura. Ha hecho posible la subsistencia de muchas personas, algunos sin otro tipo de ingresos o con la necesidad de completar pensiones mínimas y otros, cada vez más, obligados a recurrir a este tipo de ayudas sociales para sufragar unos gastos básicos que no pueden cubrir con el salario que perciben. Desde una perspectiva economicista, también sostiene el consumo de personas que, sin ello, no tendrían capacidad.

Algunos partidos, como PP o Vox, están llevando a su campaña la referencia hacia estas ayudas siempre vinculándolas con gente que quiere cobrar sin trabajar. “Esa paguita”, la denominó el candidato del PP Javier de Andrés en su arranque de campaña. Un “efecto llamada para la inmigración ilegal”, dice Vox. Sin embargo, actualmente casi la mitad de lo perceptores de esta renta son pensionistas o trabajadores en precario.

¿Estamos cada vez más caminando hacia una Euskadi de dos velocidades, hasta para los que tienen trabajo? “Antes la industria tiraba de toda la economía. Ahora lo hace más en Gipuzkoa y Araba, pero cada vez menos en Bizkaia, un territorio más terciarizado”, dice el profesor de Economía Aplicada Jon Bernat Zubiri. Y añade: “Esto hace que en Bizkaia sea donde hay peores datos en salarios, beneficios, rentas, pobrezas, envejecimiento y donde hay un proceso más acusado de cierre de empresas. De hecho en Bizkaia ya sólo el 15% de la población trabaja en la industria, frente al 28% de Álava o el 23% de Gipuzkoa”, asegura. En su opinión, cada vez vamos a una economía más volcada al sector servicios, sobre todo impulsada por el turismo, “cada vez centrada en la hostelería y el comercio en algunas actividades estacionales”, con contratos y sueldos precarios que llevan cada vez más, “si no a la exclusión social, a la pobreza laboral”, asegura.

“Estamos notando cada vez más un estancamiento. Antes la principal manera de conseguir la inserción social era el empleo, que se ha precarizado mucho. Y el precio de la vivienda es también otra cuestión que está haciendo que que fallen algunos instrumentos”, señala Ana Sofi Telletxea, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Bizkaia.

Dos variables, la precariedad en el empleo y el coste de la vivienda, a la que se une “el origen , porque las personas de origen extranjero, más si son extracomunitarias, tienen más, más dificultades de inclusión”, y “el género”. “Las mujeres sobre todo, las familias monomarentales, mujeres solas, con hijos e hijas a su cargo, pues tienen más, tienen más dificultades y hay más pobreza y exclusión. Y si añades es mujer y extranjera, añades variables para la exclusión”, diagnostica.

Y añade una más a tener en cuenta: “Normalmente hasta ahora las personas mayores eran más vulnerables a la exclusión, pero lo que estamos viendo ahora es que la juventud lo tiene más lo difícil”, señala esta experta en analizar datos de exclusión social, que llama la atención sobre que se está produciendo “una cronificación”. “Hay una especie de techo de cristal, `porque hay medidas y ayudas pero determinados grupos sociales pues no consiguen romperlo. Incluso incorporándose al mercado laboral, no es suficiente porque está muy precarizado”.

Recuerda en este sentido, que aunque se dice que con la reforma laboral se ha limitado al máximo la temporalidad. “Por proyectos o por obras o porque se trabaja con temas de por sustitución o por periodos de prueba o lo que sea, al final la gente sigue entrando y saliendo del mercado de trabajo”. Un problema que añadirá muchos problemas para lo pensionistas del futuro, advierte: “Las pensiones que conocemos de nuestros padres, las que conocíamos de nuestros padres, de 45 años cotizados más o menos seguidos es ahora completamente impensable”.

Para intentar salir de este estancamiento de exclusión, cree que una de las cuestiones “urgente” además de abordar la precariedad laboral es solucionar el problema de vivienda. “Hay que hacer algo. Hay un plan, hay una Ley de vivienda, pero yo creo que nos queda mucho recorrido para compaginar el hecho de que se ha convertido en un bien de mercado, con un derecho social”.