“Está muy claro que se reclamaban unas cantidades y que esas cantidades eran ilegales”, comentaba un letrado en uno de los recesos de las sesiones de esta semana en el juicio del 'caso De Miguel', en que se ventila el mayor sumario de corrupción conocido hasta la fecha en Euskadi. “Las pruebas, al menos en esta primera parte, son abrumadoras”, apostillaba otro en la misma línea. Estas reflexiones llegaban tras la contundente doble comparecencia de la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi, que después de cinco horas el lunes y otras tantas el martes no sólo se ratificó con todo lujo de detalles en su denuncia de 2009 en la que acusó a dos exdirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel y Aitor Tellería de haberla extorsionado para cobrarle una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación de un contrato amañado en el parque tecnológico de Miñano. Insistió incluso en que aquello no fue un caso aislado ni ella la única invitada a “pasar por caja” y en que su paso al frente al acudir con pruebas a la Fiscalía le ha generado un veto para volver a contratar con la Administración, en buena parte controlada por el mismo partido al que pertenecían los imputados aunque sus siglas ni se hayan mencionado. Y aún queda una tercera comparecencia de la denunciante prevista para el miércoles de esta semana en la que aportará nuevos datos sobre la trama articulada en torno al influyente ex 'número dos' peneuvista en Álava De Miguel, al que todos conocían como Txitxo.
Nadie de fuera de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava ha visto la imagen de Alberdi, quien con sólo 30 años y a pesar de las acusaciones de actuar por una venganza amorosa o por otros fines espurios supo armarse de valor y de pruebas y truncar la carrera política del llamado a ser referente del PNV alavés tras la marcha de Iñaki Gerenabarrena. La Policía judicial la protegió en sus entradas y salidas del edificio y, una vez dentro, no se grabó en vídeo su declaración. Lo mismo ocurrirá esta semana. En 2009 ya manifestó su deseo de ser “testigo protegido” y en 2011 demandó a 'El Mundo' por publicar su fotografía. Pero su voz sí se pudo escuchar.
En realidad, su denuncia no era nueva y la había ratificado cuatro veces con anterioridad, pero el hecho de que fuera tan clara tanto cuando respondió al fiscal Josu Izaguirre como cuando se enfrentó a los interrogatorios de las defensas ha dado una nueva dimensión a este juicio. El mejor ejemplo de que ha cogido con el pie cambiado a muchos fue el particular cuestionario del abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, que finalizó con el letrado de Cuatrecasas imitando el tono de voz de la compareciente, a la que en privado otros de los presentes en la sala también descalificaron sin ahorrar en adjetivos. “Flojo” y “desafortunado” fueron algunos de los términos que otros togados utilizaron para describir la actuación de Susaeta, a quien al principio del juicio, en enero, muchos consideraron “brillante” en sus exposiciones y que cuenta con un amplio equipo jurídico detrás para preparar este juicio. En varios momentos el presidente del tribunal, Jaime Tapia, tuvo que recordar a los presentes que no se juzgaba a la testigo y ella misma mostró su incomodidad en este sentido.
Alberdi, vinculada familiarmente al PNV, empleó el término “día D” para referirse a cuando De Miguel la convocó en su despacho en la planta noble del palacio de la Diputación de Álava para exigirle una comisión por el contrato que su empresa, Urbanorma Consulting, gestionaba en Miñano. Ella sólo llevaba unos meses como dueña del 100% de esa sociedad que antes controlaba su exsocio, el constructor y contratista habitual de la Administración Jon Iñaki Echaburu. Alberdi compró la mercantil cuando quebró el grupo empresarial de Echaburu, Loizate y entonces descubrió, según ha relatado, que Echaburu había pactado con un político que no tenía ningún cargo en Miñano que le entregaría una compensación por haber recibido 'a dedo' un encargo para gestionar la compra de parcelas para la ampliación de Miñano.
No es que Alberdi desconociera que había cosas raras en Miñano. De Miguel, desde fuera, dictaba algunos términos del contrato, como que Tellería iría en calidad de experto o que el estudio arquitectónico de su amigo Sergio Fernández Oleaga sería subcontratado también, sin que ninguno de los dos tuviese la capacitación para los trabajos aparentemente encomendados. “Me llama la atención hasta cierto punto, pero en aquel momento yo no pregunto nada”, explicó la empresaria y abogada urbanista, que incluso supo a la hora de preparar el proyecto para el parque tecnológico las propuestas de las otras empresas invitadas a presentar ofertas. El sumario muestra que por De Miguel pasaba desde un contrato menor hasta la continuidad de un secretario municipal. Alberdi recordó cómo incluso le consiguió un pequeño trabajo ¡en La Rioja!
Cuenta Alberdi que salió nerviosa del despacho foral, aunque decidida a no pasar por el aro. Compró en La Tienda del Espía de Bilbao una grabadora Olympus V5500 y empezó a registrar sus reuniones y llamadas telefónicas con la máquina escondida “en el bolso, en la media o en el bolsillo del jersey”. La calidad de las grabaciones es pésima y las defensas siguen insistiendo en que están manipuladas. La empresaria ironizó que no vale para espía. Pero fue suficiente para denunciar, ya que también recopiló correos electrónicos y otros documentos. En conjunto, muestran el interés inusitado de De Miguel y Tellería en cobrar “sí o sí”. Cuando un letrado cuestionó que fuese víctima de presiones, ella fue clara: “Si a usted le parece poco que llamen a mi padre, que se presenten en mi oficina, que se me manden 'mails', que se me elimine de contratos, ... Yo no sé el concepto técnico de coacciones, pero esto me parece cuanto menos una coacción”. De hecho, fue el hecho de que no se olvidaran de ella o la dejaran en paz cuando se negó a pagar la comisión ilegal lo que la empujó a denunciar.
Explicó que, evidentemente, ahora tiene “una década más” y que de haber conocido las consecuencias a nivel personal y profesional quizás se lo hubiese pensado dos veces: “Yo voy a ser sincera. Estuve en tratamiento por depresión y por ansiedad. Yo tenía 30 años. Me metí en esto por convencimiento de justicia y debería haber reflexionado más las consecuencias. Nueve años después volver a estar en la opinión de todo el mundo, afecta y mucho”. De Miguel y Tellería escucharon estas palabras sentados a escasos metros de ella.
Quien no ha cambiado su discurso tras los últimos acontecimientos en el juicio ha sido el PNV. “En su caso”, “con todas las prevenciones” y “desde la presunción de inocencia”, si todo acabase con una sentencia que diese por acreditada la corrupción de la que se acusa, entre otros, a tres exdirigentes del PNV de Álava, como son De Miguel, Tellería y Koldo Ochandiano -en cuyo camarote se halló un cuaderno con notas que acreditan las comisiones-, “sería un caso aislado”, manifestó entre condicionales y subordinadas el viernes el lehendakari, Iñigo Urkullu, que era presidente del partido cuando se produjeron los hechos.
Además, Urkullu recordó que el Gobierno está “personado” en el proceso. Efectivamente, el letrado Javier Otaola -y también una suplente- acuden con regularidad a las vistas y ocupan un asiento junto a los dos fiscales y al abogado de la Diputación de Bizkaia. Pero el Ejecutivo no solicita penas de prisión y está teniendo un papel testimonial en los interrogatorios, en los que el fiscal Izaguirre se enfrenta en solitario a los defensores de los imputados. El argumento es que si el ministerio fiscal ya reclama prisión no aporta nada que lo haga también el Gobierno. Apostillan que si la sentencia acredita algún tipo de perjuicio económico la personación permitirá recuperar el dinero.
En la sede del PNV de Álava, una Landaburu Etxea de cuya compra y reforma se encargó en su día De Miguel, el nuevo equipo encabezado por José Antonio Suso sigue por los medios de comunicación los acontecimientos. De aquel Araba Buru Batzar de Gerenabarrena con De Miguel, Tellería y Ochandiano a su lado no queda rastro no sin tensiones internas y, de hecho, la relación personal previa entre los actuales 'burukides' y los que ahora se sientan en el banquillo es más bien escasa.
En Landaburu Etxea tenían asumido que este trago tenía que llegar, pero lo hacen convencidos de que actuaron con “tolerancia cero” desde el primer momento. Los dirigentes imputados y otros acusados como el constructor Echaburu tienen su militancia “suspendida”, medida extraordinaria entonces pero ahora ya contemplada como obligada en los nuevos estatutos del PNV. Si se les condena, serán expulsados. Si son absueltos, tendrán derecho a regresar. Pero, ¿quiere el partido que lo hagan? ¿Y querría Txitxo volver a Landaburu Etxea?