El amianto se ha cobrado la vida de 30 trabajadores en 2019. Trabajadores que en un momento dado de su trayectoria laboral trabajaron en contacto con este material, en muchos casos sin saberlo y sin conocer su capacidad de provocar daño. Es una cifra menor que la de 2018, cuando entonces la Asociación de Víctimas del Amianto (Asviamie), la organización más activa en la lucha contra el efecto carcinogénico del amianto, contabilizó 35. El hecho de que haya habido menos víctimas no significa en modo alguno que estén remitiendo los efectos del amianto, según Jesús Uzkudun, representante de Asviamie. Estas son las cifras oficiales porque la realidad es que podrían ser mayores, porque aún muchos enfermos por el uso del amianto no lo declaran por desconocimiento.
El trabajo que realiza Asviamie permite incrementar en más de 1.000 personas al año el fichero de trabajadores probablemente expuestos al amianto durante su periodo laboral. Más de 10.000 personas están inscritas en este fichero del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Osalan.
Según un estudio elaborado por Osalan, en los próximos años se producirán en Euskadi unos 1.000 casos al año de enfermedades asociadas a la exposición al amianto, incluidas aquellas cuyo origen no es laboral. La mayor parte de dichas patologías (un 70 %) serán benignas y no generarán en sí mismas incapacidad significativa. Pero, otras patologías serán de extrema gravedad (se producirán alrededor de 90 casos de mesotelioma al año). Por eso es recomendable el establecimiento de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
Precisamente, el Congreso acaba de aceptar la tramitación de una proposición de ley que contempla la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. El Congreso ya aprobó esta ley en 2017 a impulso del Parlamento vasco. El problema es que desde octubre de 2017 cuando se aprobó la proposición hasta septiembre de 2018, la tramitación de la ley quedó parada porque la mesa del Parlamento (con mayoría de PP y Ciudadanos) bloqueó sistemáticamente cualquier propuesta procedente de la oposición. Después llegó el Gobierno de Pedro Sánchez y la propuesta tampoco pudo salir adelante debido al adelanto electoral, que dio al traste con la aprobación cuando más cerca estaba.
De conformarse el Gobierno y si echa a andar la legislatura con normalidad, el fondo de compensación podría ser una realidad a medio plazo. Así se pondría fin a 40 años de abandono institucional de las víctimas del amianto. Hasta ahora, los afectados se han visto obligados a menudo a arrastrarse por los juzgados para que se les reconozca que se trata de una enfermedad profesional y así poder acceder a una indemnización.