Los altos cargos y el personal de confianza del Gobierno vasco deberán firmar obligatoriamente -si no serán cesados- y en el plazo de 15 días un código ético y de conducta cuya vulneración podría suponer tener que abandonar su cargo. El Ejecutivo busca con esta iniciativa “recuperar la confianza de los ciudadanos en la Administración y en sus gobernantes”. De hecho, cualquier persona va a poder presentar una denuncia ante la Comisión de ética pública, el órganismo que va a velar por el cumplimiento de la norma. Pero las condiciones en algunas materias son muy duras. Por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad ideológica quedan seriamente cuestionadas dado que los altos cargos no podrán “discrepar o criticar abiertamente a través de los medios de comunicación, redes sociales o Internet, sobre las posiciones políticas mantenidas por su Gobierno”.
El código ético señala además que cuando algún alto cargo se distancie en un debate en cualquier medio de comunicación de las posiciones gubernamentales, “debera abstenerse de intervenir o, en su defecto, manifestar que sus opiniones son estrictamente personales y ajenas, por tanto, a la política gubernamental”. El alto cargo podrá escudarse en el derecho fundamental a la libertad ideológica y a la de expresión para mantener su posición discrepante, pero en ese caso y “por coherencia institucional” deberá presentar su dimisión.
Incluso la participación en las entrevistas o reportajes no es libre: “Deberá realizarse previo consentimiento expreso o tácito del Gobierno o del cargo público superior jerárquicamente”, salvo que la materia de la entrevista no tenga relación con el ámbito de competencia de alto cargo. Como el código también debe ser firmado por los ocho consejeros y por el lehendakari, llevado el ejemplo al absurdo el lehendakari debería autorizar la comparecencia de sus consejeros en los medios de comunicación. Finalmente, en relación con esta materia tan controvertida de la libertad de opinión en todos los gobiernos, también se indica que los cargos de confianza deberán utilizar “preferentemente” los gabinetes de prensa de sus instituciones para conectar con los medios de comunicación.
En otras materias, el código busca acabar con la desafección de la ciudadanía ante los políticos, sobre todo tras los casos de corrupción que inundan la política en España. De esta forma, los altos cargos -o sus familiares- no podrán aceptar regalos “que puedan colisionar con los intereses públicos” o “beneficios que puedan ser trato favorable”. No aceptarán el pago de billetes salvo que vaya de invitado oficial a un acto. Tampoco aceptarán retribución alguna -ni en dinero, ni en especie- por impartir conferencias o por participar en tertulias. Los altos cargos no podrán falsear o mentir sobre los datos de su curriculum profesional.
Denuncia de cualquier ciudadano
Las cerca de 200 personas a las que está dirigido este Código ético y de conducta -altos cargos y personal de confianza del Gobierno, así como directivos de sociedades públicas dependientes de este último, lo que elevaría el número de afectados hasta superar los 250- deberán firmar este compromiso en un plazo de 15 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. En caso de no hacerlo, serán cesados de manera inmediata. El código pretende “fomentar la integridad ética y la actuación eficiente” del personal directivo de la Administración autonómica. El código no es un texto cerrado y está abierto a mejoras y ampliaciones, según reconoció durante su presentación el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka.
Con el fin de supervisar el cumplimiento de la norma, se creará una Comisión de Ética pública integrada por dos personas del Gobierno vasco, dos expertos independientes y un secretario con voz pero sin voto. Este órgano analizará el cumplimiento del código y recibirá las observaciones o quejas que puedan presentarse por el comportamiento del personal afectado por el mismo. Según precisó Josu Erkoreka, cualquier persona podrá presentar una denuncia o queja ante esta comisión, que va tener una función ejecutiva a la hora de resolver las denuncias.
De hecho, en función de la gravedad de los comportamientos comprobados, podrá proponer al Consejo de Gobierno el “cese inmediato” de un determinado cargo. Y en los casos de posibles delitos o faltas, podrá proponer también remitir el caso concreto a la Fiscalía.