A finales de 2019, representantes del sindicato más importante de la Ertzaintza (Erne) regalaron a Juan Luis Ibarra Robles (Sopela, Bizkaia, 1948) un grabado hecho a mano con su figura, el que acompaña a estas líneas. Por aquel momento ya se conocía que Ibarra enfilaba sus últimos momentos como jurista y la central quería agradecer la colaboración del hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la creación de Erne décadas atrás, cuando ejercía de letrado.
En el dibujo, el magistrado -siempre de traje y corbata y con gafas de montura transparente- aparece sentado y, en apariencia, está ofreciendo una de sus explicaciones pausadas y didácticas. Ibarra, a punto de cumplir los 72 años, ha completado este viernes una larga carrera en el Derecho que inició cuando en 1971 se licenció por la Universidad de Deusto. Los últimos diez años se ha situado en la cúspide de la Justicia vasca -antes fue presidente de la sala de lo contencioso-administrativo también en el TSJPV- y abandona también la presidencia de la Junta Electoral en medio del proceso hacia las autonómicas del 12 de julio.
Su biografía ampliada sitúa el ingreso de Ibarra en la judicatura en 1987 por el denominado “cuarto turno”, reservado para juristas de reconocido prestigio. Su primer destino fue el juzgado de primera instancia número 1 de Bilbao. En solamente dos años ya era magistrado del TSJPV. Allí ha completado su carrera salvo un paréntesis en el que cambió el poder judicial por el ejecutivo. De la mano de su amigo Juan Alberto Belloch, juez y 'superministro' de Interior y Justicia en el último gabinete de Felipe González, entre 1993 y 1996 ejerció de director de Codificación y Cooperación Jurídica Internacional. En 2003, fue nombrado presidente de lo contencioso-administrativo y, siete años después, llegó al puesto que ahora deja vacante.
Se define como “no nacionalista”, participó en organizaciones pro derechos humanos y se enroló en la progresista Jueces para la Democracia. En 1998, él y otros magistrados salieron de la asociación de magistrados por una polémica en torno al conocimiento del euskara entre los jueces vascos. Chocó con el sector de Garbiñe Biurrun (Tolosa, 1960), que llegó a calificarle de “nacionalista español”. Precisamente Biurrun -colaboradora de este periódico y que llegó a sonar como candidata de Podemos a lehendakari en 2016- tomará posesión este lunes de manera interina como máxima autoridad judicial vasca. Contó Ibarra a 'El Diario Vasco' que la relación con su colega es ahora buena. “Todos hemos hecho tonterías de jóvenes”, bromeó. Por su parte, en la Junta Electoral será Ángel Ruiz el que lidere este órgano clave para el normal desarrollo de los comicios.
“Se nos va un juez íntegro, buena persona, gran comunicador, luchador por la libertad”, abunda Roberto Seijo, secretario general de Erne. “Es una persona de trato impecable”, abunda Juan Calparsoro, que llegó al cargo de fiscal superior apenas unos meses después que Ibarra al de presidente del TSJPV. Juntos completaron un cambio de caras en la judicatura vasca, más abierta a los medios de comunicación y que, sobre todo, recompuso los puentes institucionales con el Gobierno vasco y con el principal partido, el PNV. Su predecesor, Fernando Ruiz-Piñeiro, procesó al lehendakari Juan José Ibarretxe. Unos años atrás, en 2003, un Xabier Arzalluz con paraguas en la mano encabezó una movilización ante los inicios del 'caso Atutxa', cuyas condenas han quedado anuladas recientemente por Estrasburgo.
“Es una persona que ha cuidado muchísimo las relaciones institucionales con el Gobierno y con el Parlamento. La primera vez que vino un lehendakari a la apertura del año judicial, que fue Patxi López y en 2011, fue con él”, abunda Calparsoro. Ahora las relaciones entre Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno están plenamente normalizadas. Un lehendakari nacionalista como Iñigo Urkullu -y varios de sus consejeros- participan en todas las aperturas judiciales.
“Hemos mantenido una relación institucional leal y fluida”, señala Josu Erkoreka, portavoz del Ejecutivo de Urkullu y que en la pasada legislatura (2012-2016) fue también consejero de Justicia. “El Gobierno vasco es quien gestiona los medios materiales de la Administración de Justicia y en este objetivo hemos avanzado desde la colaboración para modernizar y digitalizar la Justicia en Euskadi. Hemos mantenido una relación estrecha y cercana. Reconocemos la labor realizada. Le deseamos lo mejor en el inicio de su nueva etapa personal”, prosigue Erkoreka.
Ibarra, como otros jueces en Euskadi, vivió escoltado durante años, durante lustros. En el último homenaje a su compañero asesinado por ETA, José María Lidón (Girona, 1951-Getxo, 2001), pidió que la Justicia no deje impunes los crímenes terroristas. “El problema que teníamos en Euskadi era que jueces y fiscales, el poder judicial en general, estábamos ocultos por la presión del terrorismo”, explica Calparsoro.
Pero Ibarra quiso imprimir también un sello social a la Justicia vasca. “Si se rescatan bancos, con más razón a familias desahuciadas”, llegó a proclamar en los momentos más duros de la crisis económica. También puso pie en pared cuando se cuestionó la investigación contra la corrupción del 'caso De Miguel' llevada a cabo por el instructor de Vitoria, Roberto Ramos, y que ha acabado en duras condenas contra exdirigentes alaveses del PNV. “La libertad de expresión cubre eso y muchas más barbaridades”, dijo sobre algunos comentarios de dirigentes nacionalistas, al tiempo que consideró “excepcional” el trabajo de Ramos. Su último caballo de batalla han sido las multas del estado de alarma: en Radio Euskadi llegó a aventurar que el 90% quedarán en nada.
Ibarra se va y deja una vacante muy importante en el poder judicial. La presidencia de Biurrun es solamente temporal y, de hecho, no le faculta para dirigir la Junta Electoral. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya convocó la plaza el 28 de mayo. Fuentes judiciales que en cuestión de días se abrirá el plazo para que se presenten candidaturas. El nombre del nuevo presidente o presidenta del TSJPV podría conocerse a finales de julio para que tome posesión a principios de septiembre.
En mentideros judiciales ya se barrunta el nombre de Mercedes Guerrero, presidenta de la Audiencia de Álava, como una posible candidata. Guerrero está encuadrada en el ala conservadora representada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El presidente de la de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, de Jueces y Juezas para la Democracia, reúne también el perfil, según las fuentes consultadas.
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