“Ciertas instituciones públicas aconsejaban pagar a ETA o marcharse”

La directora del estudio sobre la extorsión de ETA a lo largo de 50 años, Izaskun Sáez de la Fuente, ha asegurado que en los años de plomo -cuando el denominado 'impuesto revolucionario se encontró con una “actitud indiferente y públicamente distante” por parte de “buena parte de la sociedad” en Euskadi y Navarra- “ciertas instituciones públicas aconsejaban pagar a ETA o marcharse”.

Aunque también ha señalado que esas instituciones en ningún momento juzgaron a las víctimas de las cartas de extorsión, tanto si decidían pagar, como si se resistían al chantaje. “Los empresarios que hemos entrevistado no se han sentido bastante apoyados”, ha resumido la coordinadora de un estudio que se ha prolongado durante más de tres años sobre estas “prácticas mafiosas”.

Aunque Sáez de la Fuente ha destacado durante la presentación del libro 'Misivas del terror' que la mayoría del empresariado vasco y navarro no cedió al chantaje de ETA y “ni pagó, ni se marchó”, sí ha tenido que soportar ese peso en soledad o junto a los familiares más allegados (esposas o hijos)  durante cinco décadas. Es lo que en el estudio se denomina la “privatización del chantaje”.

El estudio -basado en 66 entrevistas personales y 140 cuestionarios on line- cifra en más de 10.000 las víctimas de una de las vertientes más “oscura y ocultas” que ahora se trata de visibilizar. Víctimas y sus familiares más próximos que han sufrido trastornos psicológicos temporales, crónicos y el retraimiento social. “Hemos podido descubrir la punta del icerberg”, ha descrito, al presentar el estudio junto al director del Centro de Ética de la Universidad de Deusto, Javier Arellano.

Todas son “víctimas inocentes”, pagaran o no

“Todas las personas que han sufrido la extorsión son víctimas inocentes de una violación de su dignidad, con independencia de sus comportamientos antes y después de sufrir el chantaje”, ha señalado Sáez de la Fuente. Por eso, la coordinadora del estudio considera fundamental que, para evitar que estas personas sigan siendo “víctimas de segunda clase”, los que jalearon el terrorismo de ETA hagan un “reconocimiento público del daño injusto causado”, en alusión a la izquierda abertzale que nunca ha condenado la actividad terrorista.

“Buena parte de la sociedad mantuvo una actitud indiferente y públicamente distante hacia las víctimas del terrorismo en general y de la extorsión en particular”, ha indicado. En todo caso, el estudio hace una clara diferenciación temporal entre lo ocurrido en las primeras décadas del terrorismo de ETA -los años de plomo de las décadas de los 70 y 80- y la actitud de rechazo que de forma minoritaria comenzó a tomar cuerpo en los años 90 con grupos como Gesto por la Paz y sus campañas del 'lazo azul' contra los secuestros realizados por la organización terrorista. “A medida que el hartazgo frente a la violencia crecía, la indiferencia pública se combinaba con el rechazo privado”, ha admitido.