Xabier Sánchez Robles (Madrid, 1965) no era ni el más conocido de los acusados del 'caso De Miguel' ni formaba parte del núcleo de dirigentes del PNV de Álava que ha sido condenado a elevadas penas de cárcel por corrupción. Pero el exdirector de Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe, un conocido cuadro del partido nacionalista en Bizkaia al estar casado con una diputada en el Congreso, Josune Gorospe, ser hermano de una exdirigente como Isabel Sánchez Robles y ser familiar de uno de los primeros alcaldes de Bilbao en democracia, José Luis Robles, ha recibido sorpresivamente la segunda pena más alta, sólo superado por el propio Alfredo de Miguel, el principal acusado, e individualmente el delito más grave, penado con más de cinco años de cárcel.
Sánchez Robles ha sido condenado a 7 años, 1 mes y 15 días de prisión. Con diferencia es la pena que más se acerca a las exigencias de la Fiscalía. Ha cometido un delito continuado de prevaricación -que acarrea inhabilitación- y también malversación de caudales y falsedad en documento oficial.
Ha quedado demostrado que desde la ventanilla de Juventud salieron adjudicaciones 'a dedo' irregulares a las empresas de la trama controlada por De Miguel, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. Relata la sentencia conocida este martes que la panoplia de irregularidades es variada: trabajos que se pagan pero no se ejecutan, empresas sin trabajadores, medios y experiencia que reciben fondos del Gobierno vasco o fraccionamiento ilegal de adjudicaciones para poder teledirigirlas a empresas afines. Pero lo que ha agravado la condena de Sánchez Robles ha sido la presentación, en el juicio, de unos supuestos informes sellados en la Administración destinados a probar que los trabajos no ejecutados no eran más que una invención de la Fiscalía y del Ejecutivo, que no los localizaba en los archivos a pesar de la conspiración en su contra que ha venido denunciado el político ahora condenado.
Este periódico publicó el 8 de abril de 2018, durante la celebración del juicio del 'caso De Miguel', la existencia de esas posibles pruebas falsificadas, extremo que ahora se ha constatado. Los documentos sellados, por una parte, no constan en los registros del Gobierno y, por otro lado, tienen detalles que los hacen sospechosos, como que no tienen número de registro, como que varía la tipografía respecto a sellos de esos mismos días o, en especial, que hay uno de un día que ni siquiera existe, un 29 de febrero de un año no bisiesto. “Es poco creíble la veracidad de tales pruebas”, desliza con elegancia la resolución judicial de los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria, que ironiza que ha sido “loable” el “esfuerzo” del letrado de Sánchez Robles, el conocido penalista vasco Javier Beramendi, por ofrecer “alternativas” para explicar las irregularidades. Añaden los jueces que “es dudosa la forma de registro” de esas carátulas y deja en evidencia que en una de ellas “hay una fecha imposible por inexistente”.
En total, son unos 300.000 euros en total los que recibieron 'a dedo' de Juventud las empresas Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga. El Gobierno vasco calcula que el “fraude” se ciñe a 146.000 euros por los contratos de Juventud irregulares y habría que sumar 90.000 euros que, por vía indirecta, recibió Errexal de las cuadrillas o Gobiernos comarcales alaveses.
La resolución deja claro que el vínculo de Sánchez Robles, De Miguel y los gestores de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan y Josu Montés (que reciben penas de prisión igualmente altas, de 5 y 4 años) era el PNV. El director de Juventud “adjudicaba contratos por mera conveniencia personal por encima del interés público” porque tenía una “relación íntima” con De Miguel, San Juan y Montés. Recuerda la sentencia un 'email' en el que la trama, intuyendo la salida como así fue del PNV del Gobierno vasco en 2009, se lamentara con un “Xabier no puede meternos un duro”. Es sorprendente un caso en el que De Miguel logra que Sánchez Robles le firme una adjudicación en apenas 16 minutos y 38 segundos. Al tribunal le ha sorprendido el escaso trabajo de control en la Administración autonómica.
Los contratos los firmaba el viceconsejero de Cultura, superior de Sánchez Robles, Gurutz Larrañaga. Estaba imputado pero ha sido absuelto. “No tenía apenas contacto” con las empresas adjudicatarias en general y no era amigo de los gestores de Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga en particular. En Juventud quien “daba las órdenes” en materia de contratación era Sánchez Robles incluso para “dividir el contrato” para “favorecer” a sus amigos.
La sentencia llama la atención sobre la creación de Errexal en otoño de 2005. El tribunal ve acreditado que De Miguel y San Juan -apoyados por el contable de la trama y también exdirigente Koldo Ochandiano- crearon la compañía a toda velocidad para canalizar una subvención de 90.000 euros que Sánchez Robles iba conceder a las seis cuadrillas de Álava, 15.000 para cada una. Antes de que finalizara el año, para que no se perdiera la dotación económica, todas contrataron un trabajo de consultoría a una empresa nueva, sin medios ni experiencia. La prueba es que en el cuaderno de Ochandiano donde apuntaba las comisiones y los movimientos económicos de esta red corrupta tenía registrado antes de que se concediera un ingreso equivalente a 90.000 euros.
Estas pequeñas administraciones comarcales -todas controladas por el PNV- actuaron con “opacidad” y “fraccionado” el contrato de tal modo que pudiera hacerse 'a dedo' con la trama. ¿Por qué? Por “la pertenencia al mismo partido político”, por una “recomendación” de alguien influyente que les hace actuar “al unísono”. La sentencia desliza que los presidentes de las cuadrillas -todos ellos comparecieron en el juicio como testigos- tuvieron “grandes lagunas memorísticas” para explicar lo ocurrido.