El ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, entregó durante la fase de investigación del 'caso De Miguel' en 2011 un supuesto informe elaborado por él mismo de análisis del programa Juventud Vasca Cooperante para justificar una de las tres contrataciones que recibió 'a dedo' su empresa Kataia Consulting desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el también nacionalista Xabier Sánchez Robles. En los archivos de la Administración autonómica no consta que esa empresa realizara ninguno de los trabajos, como ocurre con la mayoría de contrataciones con Errexal y Ortzi Muga, también vinculadas a la trama mercantil articulada en torno a De Miguel y que, en conjunto, suman unos 210.000 euros por la realización de informes que no han aparecido oficialmente. Según ha podido comprobar eldiarionorte.es, ese supuesto informe recoge en su parte expositiva de 15 páginas fragmentos literales copiados de dos trabajos de una conocida ONG vasca. En ambos casos, los documentos de referencia son posteriores a la fecha en la que presuntamente Kataia Consulting elaboró el trabajo, marzo de 2007, y por el que se embolsó 11.890 euros.
El juicio del 'caso De Miguel' está centrado estas semanas exclusivamente en el análisis de las presuntas irregularidades en el área de Juventud del Departamento de Cultura, a cuyo frente entre 2003 y 2009 estuvo Sánchez Robles. El foco de atención está en contrataciones 'a dedo' que salieron de esa oficina a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. El Gobierno vasco ha certificado en varias ocasiones que el grueso de los trabajos contratados y pagados a esas mercantiles no consta que se realizaran y la Fiscalía solicita por ello hasta 18 años de cárcel a Sánchez Robles y 17 a quien era su superior político, Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura y quien firmó esos expedientes a propuesta de su subordinado.
Tanto durante la fase de instrucción como en la antesala del juicio, De Miguel y Sánchez Robles han aportado supuestas pruebas documentales de los informes que la Administración no ha localizado. Tratan de demostrar que no se produjo ninguna irregularidad. Como adelantó este periódico, el exdirector de Juventud ha presentado documentos -o parte de ellos- con sellos aparentemente oficiales del Gobierno. Hay sospechas de la falsedad de esos registros, entre otras cosas por algunas anomalías tipográficas en los sellos -hay uno de un hipotético 29 de febrero de 2007-, así como porque no consta que esos materiales fueran entregados en el Departamento, según un informe del propio Ejecutivo pero que el tribunal del 'caso De Miguel' ha rechazado por tres veces que se incorpore a la causa.
Asimismo, a uno de los documentos sellados, relativo a un supuesto curso sobre dinamización juvenil en el Observatorio Vasco de la Juventud, se le añade en el escrito de defensa de Sánchez Robles una memoria justificativa. Ese trabajo está plagiado de los manuales de una academia de Galicia. Pero no es el único caso de un informe copiado. El documento que De Miguel aportó en 2011 para justificar la contratación de un informe a Kataia Consulting sobre el programa de Juventud Vasca Cooperante también recoge, en su parte escrita de unas 15 páginas, extractos completos de otros trabajos.
Los tres primeros párrafos del apartado 'Consideraciones preliminares' se corresponden exactamente con fragmentos de un análisis elaborado por una conocida ONG vasca para el Gobierno, concretamente para el área de Juventud. Lo llamativo es que ese trabajo está registrado en 2011, cuatro años después de que Kataia Consulting recibiese el encargo de Sánchez Robles realizar ese trabajo. Otro trabajo de la ONG es copiado profusamente en ese escrito presentado por De Miguel. En ese caso, el informe de referencia es de diciembre de 2007, cuando en marzo de ese año ya se había presentado la factura en el Gobierno vasco y cobrado poco después por la mercantil vinculada con De Miguel. En total, 11.890 euros supuestamente por nada real.
La única modificación significativa respecto a los originales es la sustitución de las menciones a “programas de voluntariado” por una cita expresa al programa “juventud vasca cooperante”. Tampoco se reflejan las citas bibliográficas de los trabajos copiados. Asimismo, las referencias generales a la naturaleza del programa son una reproducción exacta de los textos de la 'web' de Juventud.
Este periódico ha contactado con la ONG afectada, que remarca que todos sus trabajos para el Gobierno vasco y otras instituciones tienen registro y fecha. Además, los proyectos siempre se maquetan. Esta entidad explica que el material es de elaboración propia excepto algunos apartados realizados en colaboración con la Universidad de Deusto. Añaden que en ningún caso conocen a una empresa llamada Kataia Consulting y, consultado su histórico de proveedores, pueden afirmar que nunca le han comprado ningún tipo de material. Asimismo, remarcan que nadie vinculado a esa mercantil o a Sánchez Robles se ha puesto en contacto con ellos para solicitar autorización para emplear ese material. La ONG remarca que sus trabajos tienen 'copyright' y que sólo se pueden emplear citando la fuente.
De Miguel asume la autoría
“Todo el trabajo fue realizado por mí”, asumió De Miguel sobre la autoría de este documento. Manifestó en sede judicial que, además de informático, experto en urbanismo y político, tenía experiencia en “juventud y tiempo libre”, por lo que tenía la formación suficiente para elaborar el trabajo encomendado por Juventud.
Se da la circunstancia de que Sánchez Robles, en 2012, presentó en su defensa durante la fase de investigación un documento muy similar al De Miguel. Aunque había diferencias en la portada, el contenido escrito era idéntico, por lo tanto también tomado de los trabajos de la ONG. Asimismo, antes del juicio reenvió al juzgado ese mismo trabajo sobre Juventud Vasca Cooperante con un supuesto sello de registro del Gobierno fechado en marzo de 2007, cuando ni siquiera existían los materiales de referencia.