El Parlamento vasco acordará la semana que viene con toda probabilidad, a pesar del criterio contrario de los partidos de Gobierno (PNV y PSE-EE), la apertura de una comisión de investigación en torno al fraude millonario en la mayor contrata del Departamento de Educación, la del servicio de comedor de los centros escolares de la red pública. La propuesta es fruto de un acuerdo entre Elkarrekin Podemos y PP ya firmado hace varios meses al que se sumará también EH Bildu.
El escrutinio final de las elecciones de 2016 arrojó un cambio respecto a los resultados provisionales de la noche electoral: la oposición tiene en la Cámara un escaño más (38) que los de los socios de Gobierno (37). Ese reparto de fuerzas, además, se ha ratificado ahora que la representante de Elkarrekin Podemos Pili Zabala ha vuelto al escaño tras varios meses de baja médica. Es precisamente este regreso el que ha reactivado una iniciativa en 'stand by' desde noviembre y que, sin Zabala, no tendría visos de prosperar.
Al no tener ni PP ni Elkarrekin Podemos los votos suficientes para propiciar en solitario una investigación -se exige un mínimo de 15 escaños-, ambas formaciones se han acogido a otra previsión recogida en el artículo 59 del Reglamento de la Cámara y han formalizado una solicitud conjunta. En ella recuerdan que el fraude en los comedores escolares, que consistió en un cártel entre las empresas de 'catering' que supuso un encarecimiento del precio pagado por la Administración y, por extensión, de la tarifa que abonan las familias por el servicio, fue descubierto por la Autoridad Vasca de la Competencia en una investigación que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
PNV y PSE-EE se opondrán
Las fuentes parlamentarias consultadas explican que el deseo de Elkarrekin Podemos y PP es llegar “hasta el final” con el “doble objetivo” de determinar la “responsabilidad” de Educación en este fraude y el quebranto económico que supuso para las arcas públicas. EH Bildu no ha presentado ninguna enmienda de totalidad y sólo ha planteado un ajuste del texto para que, además de la investigación, el Gobierno realice en el plazo de tres meses un “diagnóstico” del servicio de comedores escolares. Desde los grupos proponentes ven perfectamente asumible alcanzar un acuerdo a tres bandas en los días que faltan hasta el pleno en que se votará la creación de la comisión, un asunto ya incorporado al orden del día de la sesión del próximo jueves.
Los partidos que sostienen al Gobierno, sin embargo, se opondrán a esta iniciativa. PNV y PSE-EE ya han registrado una enmienda de totalidad conjunta en la que recuerdan las medidas ya adoptadas la pasada legislatura, entre ellas el rechazo a la comisión de investigación. En aquella ocasión, los nacionalistas acusaron a los impulsores (entonces PP, UPyD y EH Bildu) de querer extender la sombra de la corrupción en Euskadi. Sobre la forma de la cuestión se limitan a reclamar de manera genérica que el Gobierno continúe “mejorando y profundizando en la eficacia y eficiencia en la prestación y contratación del servicio público de comedores escolares”.
Sanción histórica y segunda investigación archivada
El caso de los comedores escolares fue destapado en 2016. Ese año, la Autoridad Vasca de la Competencia propuso una sanción de 18 millones -la más elevada de su historia- contra las empresas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (las tres de MCC), Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se consideró probado que desde el año 2003 y hasta 2011 y entre 2013 y 2015 se habían concertado para repartirse las distintas áreas geográficas en que se repartía el contrato de comedores y para maximizar sus beneficios. El sobreprecio pudo alcanzar el 30%, lo que se traduce en unos 1.040 euros de más por cada familia usuaria durante el período analizado.
El asunto llegó incluso a motivar una investigación de la Fiscalía del País Vasco, cuyo titular entonces, Juan Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, que declararon que no existía ningún tipo de mercado cerrado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado uno a uno los recursos de las empresas sancionadas, que recurrieron la multa impuesta por Competencia. Eso sí, a pesar de dar por probadas las irregularidades, redujo la cuantía de las sanciones en un 60% al entender que las empresas actuaron de aquella manera por la desidia del Gobierno vasco, una de las cuestiones en las que quiere incidir, precisamente, la comisión de investigación.
El sistema de comedores escolares luego cuestionado se puso en marcha en el año 2000. Hasta 2009 fueron consejeros de EA (formación ahora integrada en EH Bildu) los responsables de Educación, de 2009 a 2012 la responsabilidad recayó en el PSE-EE y desde entonces hasta ahora en el PNV. De cara al curso 2015/2016, el equipo de la consejera Cristina Uriarte modificó parte del sistema de adjudicación del servicio, lo que ya generó un ahorro de 7 millones de euros anuales.
Sin embargo, la empresa que puso en conocimiento estos hechos -Aibak, que llegó a 'adivinar' ante notario cuáles serían las empresas ganadoras del concurso año a año- volvió a dirigirse a Competencia para alertar de que el fraude continuaba en marcha a pesar de los cambios introducidos. Con el nuevo sistema, Aibak recibió por vez primera la homologación para optar a uno de esos lotes territoriales, pero perdió la pugna contra MCC en la comarca en la que compitieron. Una de sus marcas, Auzo Lagun, ofrece el servicio de cocina a un coste medio de 2,70 euros por comensal, aunque en el único lote en el que pugnó Aibak ese precio se bajó hasta los 2,26 por el mismo servicio. Asimismo, había áreas geográficas en las que únicamente competían entre sí dos marcas de la propia MCC.
Como adelantó eldiarionorte.es, estos hechos motivaron una segunda investigación por parte de Competencia, que llegó a solicitar un informe externo para analizar los nuevos datos. En el medio del proceso, la que fuera presidenta de este organismo de control, Pilar Canedo, salió del cargo tras ser nombrada como vocal de la CNMC estatal. La primera decisión de su sucesora, Alba Urresola, fue archivar este expediente. En su primera comparecencia parlamentaria, PP y Elkarrekin Podemos preguntaron a Urresola por esta investigación y la primera respuesta de la presidenta fue asegurar que desconocía el asunto. Tras las repreguntas de la oposición, terminó por admitir que sí existía esa causa y que se le había dado carpetazo.