La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) mantiene abierta desde hace más de un año una investigación “reservada” en torno a posibles nuevas irregularidades en una de las grandes contratas del Departamento de Educación, la del servicio de comedores de los colegios públicos. Se da la circunstancia de que el sistema de contratación se modificó en el curso 2015/2016 precisamente a raíz de que Competencia detectase un fraude continuado desde el año 2003 y hasta 2015 consistente en un cártel entre un reducido grupo de empresas de cátering que habían pactado un reparto de mercado para elevar los precios del servicio y maximizar así sus beneficios, como han confirmado ya cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
Fue en febrero de 2016 cuando se destapó el cártel de los comedores escolares vascos. Competencia planteó una sanción histórica de 18,1 millones de euros para el grupo Auzolan de MCC –que opera con las marcas Auzo Lagun, Magui y Goñi-, para Eurest -que tuvo dos denominaciones-, para Tamar, para Gastronomía Baska y para Gastronomía Cantábrica. Todas ellas habían sido las únicas que año a año eran homologadas por la Administración para poder optar al concurso, que se dividía en lotes equivalentes a distintas zonas geográficas. Las compañías se presentaban siempre a comarcas educativas concretas sin competencia y a precios máximos.
En aquel momento, Competencia puso pruebas sobre la mesa que mostraban cómo se había amañado durante años la contrata de cátering de Educación, de hasta 95 millones anuales. Este fraude generó un importante quebranto a las arcas públicas y a los propios usuarios del servicio. Algunos cálculos fijaron el sobreprecio por encima del 30%, de modo que un escolar pudo llegar a pagar hasta 1.040 euros de más en los primeros ocho cursos escolares en los que operó el cártel.
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, manifestó entonces que el fraude sólo era responsabilidad de las empresas y en ningún caso del Ejecutivo. “El Gobierno vasco, el actual y entiendo que los anteriores también [por Educación han pasado consejeros de EA y del PSE-EE desde 2003], han procedido a la contratación de los servicios necesarios para la prestación del servicio con absoluto respeto a los principios que han de regir la contratación pública”, zanjó Uriarte ante el Parlamento, donde la oposición exigió responsabilidades, entre otras cuestiones, por el asunto de las homologaciones para poder licitar. La titular de Educación, asimismo, recordó que su equipo había modificado el sistema de contratación con el ánimo evitar nuevas anomalías y para ahorrar 7 millones de euros anuales a los contribuyentes.
El Superior afea la ausencia de control del Gobierno
Aunque la Fiscalía descartó cualquier investigación penal en torno a esta cuestión, la pelota vuelve ahora al tejado del Gobierno. Por una parte, las sentencias judiciales que han confirmado la existencia del oligopolio a pesar de los recursos de las compañías afectadas han tenido que suavizar la sanción económica a las empresas en un 60% precisamente porque el Gobierno no “reaccionó” ante el hecho de que siempre se ofertaran precios máximos, lo que contribuyó a que las empresas de cocina entendieran que “actuaban de una manera asumible de cara al interés público”. “Se trata de un tipo de mercado en que la Administración pública mantiene relaciones de especial supremacía con los particulares participantes, siendo precisamente una de las finalidades de la acción administrativa la de preservar la libre competencia. Aunque no es finalidad de este proceso extraer conclusiones sobre el proceder administrativo en el contexto de la situación anticompetitiva sancionada, esa reiterada […] adjudicación [...] era refrendada desde el punto de vista formal y jurídico-administrativo año tras año por la Administración convocante de los concursos sin reserva alguna”, reseña textualmente el alto tribunal vasco.
Y, por otra parte, esta segunda investigación de Competencia pone en entredicho el nuevo modelo de comedores escolares del equipo de Uriarte, que plantea aparentemente las mismas disfunciones que el anterior. Tan es así que Competencia inició esta segunda investigación nada más cerrar la primera.
Según ha confirmado el Gobierno a eldiarionorte.es, Educación ha tenido que entregar nueva documentación a los instructores designados por Competencia. Eso ocurrió en 2016. La autoridad, por otro lado, formalizó un contrato menor en enero de 2017, según consta en el portal de Transparencia del Ejecutivo, para que un consultor externo colaborase en la investigación. El experto elegido fue Juan Santalo Mediavilla, quien entregó cinco meses después un informe titulado “Estudio económico sobre presunto abuso de posición de dominio en los comedores escolares”. Ese documento, según las fuentes consultadas, corrobora la posible existencia de irregularidades.
En el descubrimiento del fraude en los comedores contribuyó de manera activa una empresa de cátering llamada Aibak y que quedaba apartada sistemáticamente de los contratos. Aibak, que en su día registró en una notaría una predicción con el listado de empresas beneficiarias por zona geográfica que se fue cumpliendo año a año, ya denunció en su momento que los cambios introducidos por el Gobierno eran cosméticos y que las empresas del cártel continuaban beneficiándose de sobreprecios.
La empresa que 'compite' consigo misma
En 2015, Educación amplió de 7 a 10 y luego a 18 el número de lotes del contrato o áreas geográficas. Aquel año, Aibak recibió por vez primera la homologación para optar a uno de esos lotes. Pero perdió la pugna contra el servicio de cátering de MCC, Auzolan, en la comarca en la que compitieron. Una de sus marcas, Auzo Lagun, ofrece el servicio de cocina a un coste medio de 2,70 euros por comensal, aunque en el único lote en el que pugnó Aibak ese precio se bajó hasta los 2,26 por el mismo servicio. MCC alegó “menores costes logísticos” y gastos fijos para esa área concreta cuando le tocó justificar esa oferta ante la mesa de contratación del Gobierno.
Otro de los cambios de Uriarte en el contrato fue el de exigir un mínimo de dos ofertas por lote como medida para fomentar la competencia entre empresas. Pero el resultado es que en algunos casos, como los lotes 13 y 17, las dos compañías que ‘compitieron’ entre sí eran la misma, dos marcas de Auzolan, que usa el nombre Auzo Lagun en Gipuzkoa, Magui en Álava y Goñi en Bizkaia. En ambos casos se ofertaban precios máximos y con una diferencia de 0,01 euros entre las dos propuestas del grupo MCC.
Fuentes oficiales de Competencia han explicado a este periódico que la investigación abierta tiene la consideración de “reservada” y que no se pueden facilitar más datos sobre ella en este momento. Desde el Gobierno, por su parte, muestran su “disposición absoluta” a colaborar en las pesquisas y explican que el servicio de comedores del curso escolar 2017/2018, que arranca en las próximas semanas, continuará con el sistema implementado en el curso 2015/2016.
En una reciente entrevista con eldiarionorte.es, la expresidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia y ahora vocal de la CNMC estatal, Pilar Canedo, planteaba que empresas sancionadas por prácticas irregulares tendrán prohibido contratar con la Administración en cuanto su sanción sea firme. En esas circunstancias, Auzolan, Eurest, Tamar, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica no podían haber optado por seguir prestando el servicio de comedores tras destaparse el fraude, como ha ocurrido. “La normativa de contratación pública y la normativa de competencia, desde hace poco tiempo, prevén una sanción que todavía está muy poco analizada en el ordenamiento jurídico español pero que está en fase de desarrollo. Se trata de la prohibición de contratar con las Administraciones públicas por parte de aquellas empresas que han sido sancionadas por una infracción de competencia. Es algo que no existía y que se introduce en la última reforma. Esta medida, que es muy reciente y no se ha llegado a poner en marcha, creo que va a ser más relevante desde la perspectiva de la disuasión para las empresas que las sanciones. Las multas parecen altísimas, pero las empresas obtienen un beneficio extraordinario de la comisión de las infracciones. La existencia de multas muchas veces no es suficiente para disuadir a las empresas. Por eso se establece esta medida nueva de prohibición de contratar con la Administración, que es lo que pondría fin a esta práctica. Es algo muy importante para poner en marcha”, explicaba Canedo.