Lidian con víctimas, pero también se sienten “maltratadas” en Madrid: la odisea de las empleadas de violencia de género

Una situación de violencia de género atraviesa radicalmente una vida, la propia y la de los hijos. Pero a veces, puede que lo que llegue después también sea un camino algo empedrado. Con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este lunes 25-N, las trabajadoras que atienden a víctimas de la red pública madrileña salen a la calle a clamar por mejores condiciones, y no solo para ellas. “Es una paradoja: atendemos diariamente a supervivientes de un maltrato, pero a la vez nosotras mismas nos sentimos maltratadas por el sistema”.

Es el testimonio de Isabel, una psicóloga infantil contratada por una de las empresas externas con las que el Ayuntamiento de Madrid provee este servicio obligatorio. Aunque lleva más de una década como empleada en la red pública, pide que su apellido no aparezca reflejado para evitar posibles represalias. “Si esto me preocupa a mí, que tengo estabilidad y vivo algo más asegurada, no imagino lo que callarán otras compañeras menos veteranas”, reflexiona. Clece, Aspacia, Eulen, ABD, Mensajeros de la Paz, la Fundación Labor o Intress son algunas de las entidades privadas por las que ha pasado esta prestación en la ciudad de Madrid, donde varias plantillas han coordinado, atendido y gestionado las situaciones de urgencia o integración a las que se enfrentan muchas mujeres.

Generalmente la ayuda se presta en centros especializados, repartidos por la región y cuya localización suele estar bajo secreto para garantizar la seguridad de las víctimas. Entre las que, en más de una ocasión, se incluyen niños o niñas de corta edad y en un contexto de vulnerabilidad. En la Comunidad de Madrid rige la Red Integral de Atención para la Violencia de Género, que integran los 55 puntos municipales del Observatorio Regional que trata esta lacra, además de los mencionados centros de atención directa. Con este planteamiento, se ofrecen distintos servicios de asesoramiento y trato con las víctimas o sus familiares.

Este recurso es el que también aplica en la capital, y la variedad de espacios para usuarias específicas es amplia, según la oferta que se promociona en los portales oficiales. Los centros, por ejemplo, pueden ser residenciales o no serlo, y en el primer caso los hay tanto de emergencia (alojamiento inmediato), acogida (casos más temporales), pisos tutelados para cuando finaliza el alojamiento temporal, o centros pensados para diferentes perfiles de mujeres: desde víctimas de tráfico y explotación sexual que desean abandonar la prostitución hasta jóvenes o reclusas y exconvictas.

Sabemos que hay muchas familias que han sido trasladadas a hoteles porque en los centros residenciales no hay espacio

Luego hay más servicios, como los que prestan los centros no residenciales, dedicados a la intervención especializada para superar las secuelas, muchas veces psicológicas, de las víctimas de un maltrato de pareja o sexual. Claro que, según el testimonio de esta trabajadora, ni con este despliegue de recursos se cumplen siempre unos mínimos. “Sabemos que hay muchas familias que han sido trasladadas a hoteles porque en los residenciales no hay espacio, y eso que las mujeres comparten habitaciones e incluso duermen en la misma cama que sus hijos”, concreta Isabel, que alerta del perjuicio para ellas. En los lugares de servicio integrales tienen atención casi 24 horas, con psicólogas y trabajadoras a su disposición; cosa de la que carecen en un hotel.

Más allá de estas cuestiones hay otros problemas. La agrupación de la que forma parte Isabel, que es la Plataforma de Trabajadoras en la Red de Atención a la Violencia de Género de Madrid –y que agrupa a diferentes perfiles contratados por empresas que prestan servicio a la administración–, denuncia que la “precariedad” en la que trabajan afecta en muchos casos a las propias usuarias. Por ejemplo, cuando “ven interrumpidas constantemente charlas importantes o íntimas con una trabajadora porque solo existen espacios multiusos, y la gente entra y sale sin parar”, advierte Isabel.

Por otro lado están las bajas expectativas salariales. “Nuestro convenio fija en 24.650 euros al año (unos 1.700 mensuales sin impuestos) el sueldo medio, pero en lugar de los trienios habituales de otros trabajadores de lo público tenemos subidas mínimas y muy a largo plazo”, explica. Esta trabajadora cuenta que, en su caso, en los once años que lleva trabajando para el sector ha percibido una única subida salarial. Fueron 50 euros más al mes. “Este tipo de alicientes, teniendo en mente la dureza y presión constante que existe en nuestro trabajo, dejan mucho que desear y no ayudan a motivar a la plantilla”, considera en una charla con Somos Madrid.

Buena parte de los problemas los atribuye al hecho de no estar empleadas directamente por el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. Aunque los servicios que prestan son los mismos que se ofrecen directamente en la red pública que atiende a las víctimas de violencia de género en la región, las empleadas están en plantilla de empresas privadas que las instituciones contratan por vía externa. Un mecanismo que no es ilegal, pero que sí permite que sus condiciones laborales no tengan por qué ajustarse a los estándares mínimos del mundo de lo público.

“En este momento estoy hablando desde una silla minúscula que nos repartimos entre varias y que nos supone dolores en el día a día. Algo tan absurdo como el mobiliario no puede ser un impedimento en nuestro trabajo”, reivindica. Este lunes, coincidiendo con la conmemoración del 25-N, su plataforma asiste a dos manifestaciones convocadas en la capital. Se celebran en lugares distintos, pero siempre delante de una de las sedes del Gobierno, ya sea municipal o regional. Una de ellas tiene lugar a las 10:30 en la Puerta del Sol, hogar de la Comunidad de Madrid; y la otra en el Plaza de Cibeles a las 12:00, junto al palacio que alberga al Ejecutivo local.

Lo que piden, en resumidas cuentas, son mejores condiciones laborales y medios óptimos para atender a las mujeres, además de un mayor cuidado de su propia salud laboral. La temporalidad con la que en algunos casos se ven obligadas a alojar a varias de ellas les lleva a que, pasados “unos tres meses” y antes de que transcurra el tiempo suficiente como para que la usuaria –muchas veces, acompañada de hijos a su cargo– pueda superar el trance y dirigir su propia vida o recursos, queden fuera del sistema por falta de plazas.

“Esto lleva en la mayoría de los casos a que haya recaídas”, explica Isabel. En otras palabras, a que vuelvan con su maltratador y retomen la relación para, luego, volver a caer presas de la violencia. “La tasa de recaídas es altísima, teniendo en cuenta que muchas de ellas vienen de situaciones de vulnerabilidad extremas y ni siquiera son conscientes de que pueden pedir”, añade. Lo que le lleva a una conclusión letal: “Si no son capaces ni de reconocer y responder al maltrato en sus propias vidas, ¿cómo van a reclamar las condiciones mínimas que debería tener el servicio que se les presta?”, se pregunta esta trabajadora.

Sí es cierto que el perfil de víctimas, dice, es muy variado. “Lamentablemente, la violencia de género no tiene edad ni clase social: es algo universal”. Aunque la mayoría de las usuarias llegan de entornos desfavorables, las hay jóvenes o adultas, olvidadas o integradas en la sociedad. Podría ser cualquiera, llegados al caso. Existe una pequeña ranura por la que salir, pero no todas la conservan. “El maltratador lo primero que tiende a hacer es aislarla, y llevarla lejos de su entorno más cercano. Cuando ellas detectan la violencia y quieren huir, lo primero que hacen es hablarlo y denunciar ante allegados. Si esas personas ya no existieran, desisten mucho antes”, manifiesta Isabel.

En el último año, esta plataforma de trabajadoras dice haber mantenido contactos con el Ayuntamiento de Madrid, con el Gobierno regional y también con el Ministerio de Igualdad. En todas ellas aseguran haber trasladado el que consideran su principal problema: la falta de recursos y estáticas condiciones económicas para atender a las víctimas. Pero el feedback que recibieron, según Isabel, no fue positivo ni esperanzador. Desde el otro lado, el Gobierno central –a través del departamento que dirige Ana Redondo– confirmaba este mismo viernes que había tenido un encuentro reciente con las trabajadoras, para escuchar sus reclamaciones. De hecho, Redondo hizo alusión en la rueda de prensa a la huelga convocada este lunes y capitaneada por esta plataforma de trabajadoras de la red de apoyo en Madrid, tanto a escala regional como municipal.

En este sentido, lanzó un dardo directo a ambas administraciones, Ayuntamiento y Comunidad, por mantener una situación “intolerable” y les lanzó una advertencia: “Todas las administraciones somos gobierno y tenemos que luchar contra las violencias. Amparar a las víctimas es una cuestión de responsabilidad, de decisión política y de recursos”. Las conclusiones de la ministra, que manifestó públicamente su apoyo al colectivo de trabajadoras de Madrid en aquella comparecencia, puntualizó que su área de gobierno ha destinado hasta 15 millones de euros para la lucha contra la violencia de género del Ejecutivo regional, y otros 655.000 euros que han ido a parar a Cibeles. “Es imprescindible que colaboren, porque esto no solo puede ser una apuesta de la administración central. Seguiremos atentas”, sentenció la responsable de Igualdad de Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno regional no responden directamente a las acusaciones de la ministra, pero sí defienden su actuación Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de la que depende el servicio, aseguran que su Ejecutivo actúa siempre “garantizando lo que aparece en los convenios colectivos” o “las mejoras retributivas que se vayan aprobando en el ámbito de la función pública”. Además, consideran que la de la Comunidad de Madrid es una de las redes de protección a las víctimas de violencia “más importantes de toda España”, y que ellos intentan que las personas encargadas de asesorarlas estén “perfectamente retribuidas” y tengan “condiciones laborales adecuadas”. Que las propias trabajadoras así lo consideren es ya otra cuestión.