El acuerdo político alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno contiene, entre otras medidas, el cierre de las centrales nucleares cuando cumplan los 40 años de vida útil. Eso significa, que la controvertida central nuclear de Garoña no podrá reabrir, siempre y cuando finalmente Sánchez sea presidente.
El documento suscrito por ambos partidos asume el compromiso que ya aparecía plasmado en el programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones generales: el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil. El debate sobre Garoña quedaría así definitivamente zanjado, mientras que todas las centrales que están ahora en funcionamiento en el país tendrían que cerrar la próxima década.
La central cesó su actividad en 2012 por motivos económicos. Meses después, el Gobierno central (dirigido por el PP) firmó un decreto de cierre, aunque al mismo tiempo anunció que daría los pasos necesarios para que la planta reiniciara la actividad “si así fuera posible”. Desde entonces, el Ejecutivo del PP ha efectuado varios cambios normativos que facilitarían la reapertura de Garoña.
El acuerdo de los partidos es un paso para el cierre, pero el futuro de la central nuclear de Garoña sigue en el aire y pendiente del color del Gobierno que finalmente se forme. Por ejemplo, en las últimas semanas los partidos (salvo el PP) han abogado por el cierre, pero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha insistido en seguir adelante con el procedimiento abierto para autorizarlo. El pleno del CSN, con mayoría del PP, ha dado el visto bueno recientemente a cuatro de las obras de mejora ya ejecutadas en la planta para adecuarla a las nuevas exigencias de seguridad introducidas tras el accidente de Fukushima. Las cuatro actuaciones evaluadas positivamente forman parte de los 22 requisitos que el propio CSN marcó como de ejecución obligatoria si los propietarios de Garoña (Iberdrola y Endesa) querían aspirar a su reapertura durante otros 17 años, hasta 2031.
Si la postura con respecto a Garoña es clara, en el tema del fracking sigue la incertidumbre. Dentro del documento suscrito por PSOE y Ciudadanos, en el apartado dedicado a la “transición energética y lucha contra el cambio climático” el PSOE suaviza su posición con respecto a la fractura hidráulica. Esta técnica consiste en extraer hidrocarburos a través de la inyección de productos químicos y agua a presión en los pozos. En Euskadi tiene una gran contestación social.
Mientras que en el programa electoral del PSOE se hablaba directamente de prohibir el fracking, en el texto del acuerdo con Ciudadanos se habla de “establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica”. Sí se recoge la restricción de las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos.