El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión cautelar de la paga extraordinaria para los funcionarios públicos vascos acordada al admitir a trámite el recurso presentado en diciembre por el Gobierno central. “Pocas dudas hay, desde una mera perspectiva cautelar, de que con la medida consistente en la supresión de la paga extraordinaria de diciembre para los empleados públicos el Estado ha tomado una decisión de política económica general expresiva de la voluntad de contención del gasto público”, apunta al resolución.
El Tribuna Constitucional argumenta en su resolución que “el levantamiento de la medida de suspensión podría poner en peligro, como señala el Abogado del Estado, la efectividad de una medida de política económica general relacionada con el conjunto de la política estatal encaminada a lograr la contención del déficit y endeudamiento públicos, con las correlativas e indeseables consecuencias que, en el contexto de la actual situación económica y financiera, pudieran generarse para el conjunto de la economía española y, en especial para el equilibrio financiero de las cuentas públicas”.
La decisión judicial, sin embargo, no entra en el fondo de la cuestión: “Debe partirse de la premisa de que no es objeto del presente incidente resolver sobre la conformidad o no con el orden constitucional de competencias de la decisión del Gobierno autonómico del País Vasco discutida en el presente conflicto, ni tampoco prejuzgar la constitucionalidad de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de los empleados del sector público por el Real Decreto-ley 20/2012, cuestión sobre la cual está pendiente ante este Tribunal un recurso de inconstitucionalidad promovido por la propia Comunidad Autónoma”.