Eusko Alkartasuna, un partido a merced de tres juezas, de la Audiencia de Álava, del Supremo e incluso del Constitucional

Eusko Alkartasuna, conocido por sus siglas EA, es un histórico partido vasco fundado en 1986 como escisión del PNV con el primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, como gran impulsor. Desde 2011 está integrado en lo que ahora se conoce como EH Bildu (antes Bildu o Amaiur), que con los años ha pasado de ser una coalición electoral a una organización con estructuras y afiliación propias. Son ya cinco lo años en los que en EA coexisten dos almas abiertamente enfrentadas y ni siquiera el reciente congreso, celebrado en febrero de 2022, ha rebajado la tensión. Ahora, el rumbo del partido está -literalmente- en manos de tres juezas de Vitoria, de la Audiencia Provincial de Álava y del Tribunal Supremo. Y es probable que en un futuro también del Tribunal Constitucional.

La crisis de EA nació en el congreso de 2017, en el que afloró un fuerte sector crítico apoyado por el propio Garaikoetxea, de 84 años, y otros históricos. En sus ponencias políticas reclaman un regreso al sistema inicial de cuotas en EH Bildu, con peso para los partidos fundadores al entender que Sortu está fagocitando a los otros socios de la formación. Aquel congreso lo ganó Pello Urizar, muñidor de la alianza con la recién legalizada izquierda abertzale y con una escisión de IU, Alternatiba, a lo que luego se sumaría el partido Aralar, fundado como corriente pacifista dentro de la antigua HB. Pero Urizar dimitió en 2019 y se convocaron unas primarias. Como sucesora continuista se presentó Eva Blanco, vicepresidenta del Parlamento Vasco, y los críticos apoyaron a Maiorga Ramírez. Pero, ya con mucha polémica interna, la candidatura de Ramírez quedó anulada al no llegar al mínimo de avales en todas y cada una de las organizaciones territoriales, en este caso en la de Iparralde. Blanco quedó proclamada automáticamente como secretaria general.

Ahí empezó el 'lawfare' en el que se ha instalado EA. Una sentencia dio la razón a los críticos y consideró exagerada la anulación de la candidatura y la reglamentación interna que lo apoyaba apelando a derechos constitucionales españoles aunque los hechos tuvieran lugar... en Francia. Las primarias, en todo caso, nunca se repitieron. El partido estimó que el congreso -retrasado unos meses por la COVID-19- ya iba a solventar no solamente la renovación en la dirección -con un sistema de voto por compromisarios- sino también de las ponencias políticas, de los estatutos y del resto de cargos orgánicos. Y ese cónclave se celebró en febrero de 2022.

A él no acudieron los compromisarios críticos -menos de la mitad del total-, el sector oficial fue aprobando los nuevos nombramientos, con Blanco a la cabeza, y los 'garaikoetxeístas', como se autodenominan, organizaron asambleas paralelas en la sede de Vitoria que incluyeron la aprobación de resoluciones políticas contrarias a las oficiales -una de ellas pedía “independencia” de Sortu dentro de EH Bildu- y de una portavoz alternativa a Blanco, la exconsejera Esther Larrañaga. El congreso cambió también los líderes territoriales -tres de los cinco eran críticos, los de Álava, Gipuzkoa y Navarra- y un día después se oficializó la suspensión de Ramírez y otros afines por unos expedientes iniciados meses atrás.

Esta semana, las heridas se han reabierto al hacer público los críticos que una juez de Vitoria ha emitido un auto que, cautelarmente, anula el congreso y los nombramientos. Esa resolución ha salido del juzgado de primera instancia 6 de Vitoria, cuya titular es Susana Díez Martínez de Lahidalga. El partido ha dejado claro que no es algo definitivo, que no se ha llegado al fondo del asunto, pero los críticos destacan el gran calado político de la decisión judicial. Blanco, por ejemplo, era secretaria general en funciones antes del cónclave pero los críticos reclaman el control de tres de las cinco organizaciones territoriales y también de cuatro direcciones locales de relevancia, Bilbao, Vitoria, Pamplona y Donostia. Eso sí, para enredar aún más la maraña jurídica, la resolución no anula las expulsiones y algunos de los que reclaman esos puestos no son militantes de EA en activo.

La resolución deja claro que “no prejuzga” que el congreso nacional de EA se hiciera sin las debidas garantías, pero explica que varios delegados denunciaron que las votaciones telemáticas planteadas en la primera de las jornadas no estaban reguladas de manera clara. O que el número y la forma de elección de los compromisarios no fue del todo transparente. “Todo ello indica que ha podido existir alguna irregularidades en la celebración del congreso”, estima la magistrada, aunque admite que estaría por ver si, de confirmarse estas anomalías, “han tenido alguna incidencia en los resultados finales obtenidos”. EA se opuso a esta demanda alegando que suspender el congreso “provocaría un caos organizativo y una problemática interna peligrosa”. La juez responde que no hay tal caos ya que antes de esa cita ya había órganos, estatutos y resoluciones políticas en vigor.

“Volvemos al estado del 18 de febrero”, admitió en Onda Vasca Iker Ruiz de Egino, dirigente de EA, refiriéndose al día previo al del inicio del congreso. Insistió, como ya hizo EA al conocer la resolución, en que “no es una sentencia firme” y que el procedimiento judicial todavía será largo. “Por desgracia, a todas las personas que formamos la familia de EA nos gustaría ser titular por lo que aportamos”, se quejó también. Destacadas voces críticas piden descaradamente la cabeza de Blanco. En el congreso, cuyo lema era Alkar Zainduz ('cuidándonos'), la secretaria general admitió que no está siendo un período sencillo: “Gracias a todas las personas que durante todos estos largos meses me habéis cuidado. Sin vosotros hoy no estaría aquí”. Y añadió: “Cuidaré este partido como si fuera mi tercer hijo”.

Este auto está fechado a 23 de junio. Se da la circunstancia de que ese mismo día la sala contigua en el Palacio de Justicia de Vitoria, el juzgado de primera instancia 7, emitió otra resolución sobre EA. En este caso la firma la magistrada María Teresa Trinidad Santos, conocida por ser especialista en derecho mercantil -llevó el 'caso Hiriko', entre otros- y que fue la que analizó en primera instancia el nombramiento de Blanco en 2019, decisión que ratificaron tres jueces de la Audiencia Provincial de Álava a mediados de 2021, Mercedes Guerrero, Emilio Ramón Villalain y David Losada. Eso está ya recurrido ante el Tribunal Supremo mientras que el partido ha logrado que se admita un incidente de nulidad de toda la causa “por vulneración del derecho fundamental de asociación” previsto en la Constitución española, “relativo al funcionamiento y estructura de lso aprtidos políticos” [sic]. Esto abre la puerta a otra vía que, por su naturaleza, debería resolverse en última instancia el Constitucional.

Todo esto son los procesos civiles. Pero hay uno más también en la vía penal. Lo dirige la titular del juzgado de instrucción 3 de Vitoria, María Elena Rodríguez Molpereces. Se abrió a finales de 2020 o al menos fue entonces cuando se hizo público. Los críticos denunciaron una serie de posibles delitos cometidos por dirigentes de EA -principalmente relacionados con el control de las bases de datos de afiliación- para allanar el terreno para vencer en las primarias de 2019. Están imputados Mariano Álava y el propio Ruiz de Egino, que además son concejales por EH Bildu en Amurrio y Loiu, respectivamente, así como la ex de EA y exdirigente de EH Bildu Maider Carrere. Volvieron a declarar en mayo, según fuentes judiciales.

Asimismo, aunque es un tema que ha quedado un tanto fuera de foco, la misma causa sobre las primarias reveló que los críticos tenían el control de un órgano fundamental en los partidos, como es la comisión de garantías (el tribunal interno) y que allí se produjeron importantes anomalías. Este órgano, que sí apoyó a Ramírez en 2019, tenía un proceder “irregular”, incluso con “presiones” a la única de los cuatro integrantes que era del sector oficial y sin permitirle ser ponente en ningún asunto, según la Audiencia Provincial de Álava. No había ni presidencia, ni orden del día ni deliberaciones.

Entretanto, EH Bildu ha iniciado ya la configuración de las candidaturas electorales para las forales y municipales de 2023. En Navarra, Álava y Bizkaia ya hay cabezas de lista para ambas citas. En Gipuzkoa se decidirá tras el verano. Los críticos entienden que la anulación del congreso de EA condiciona también este proceso de conformación de las listas. Ahora mismo se da la paradoja de que algunos dirigentes destacados de esta corriente como Iratxe López de Aberasturi en Vitoria o el propio Ramírez en el Parlamento navarro son cargos de EH Bildu sin estar formalmente en EA. Los tres ediles del partido en Pamplona dentro de la coalición tampoco están controlados por la ejecutiva que dirige Blanco.

La situación es especialmente tensa en Navarra, donde “apenas son cuatro o cinco” entre cientos los afiliados leales al partido. Uan fuente de Sortu admite que ahora mismo, aunque quisieran sería muy complicado dar peso a EA en las candidaturas de la coalición. Blanco, como respuesta a las criticas de sus opositores internos, siempre ha defendido que no es una cuestión de cargos sino de políticas y que EH Bildu se parece más a EA que nunca al ser una formación pactista y pragmática en todos los ámbitos institucionales, incluso con el Gobierno de España. Esta semana se ha conocido un acuerdo en torno a la ley de memoria histórica. Entretanto, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, está empeñado en ensanchar este espacio y lograr un 'frente amplio'. Recientemente ha comparecido con voces procedentes de la antigua Ezker Batua como Javier Madrazo o incluso del socialismo, como Gemma Zabaleta. Desea “aunar voluntades” todavía más, aunque entre los jóvenes el “movimiento socialista” o comunista de GKS está creciendo en apoyos.