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La exportavoz de EH Bildu en Vitoria alega ahora problemas psiquiátricos para explicar que abriera una cuenta a nombre de una compañera

Miren Larrion, en el Ayuntamiento de Vitoria

elDiario.es Euskadi

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La exportavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, Miren Larrion, ha declarado este jueves en calidad de investigada ante la magistrada María Antonia Blanco, titular del juzgado de instrucción 3 de la capital vasca. Larrion sustrajo la cartera y la documentación de una compañera de coalición y abrió una cuenta corriente suplantando su identidad, lo que implicó la realización de una serie de trámites oficiales a nombre de una tercera persona. Según recoge el diario 'El Correo', Larrion alegó en el Palacio de Justicia problemas psiquiátricos y desconocimiento de que sus hechos fueran un delito.

Como publicó este periódico, Larrion tomo la cartera de su colega en la sede de la coalición EH Bildu de la plaza de Santa Bárbara antes de Navidad. La víctima denunció los hechos en completo desconocimiento de quién estaba detrás. Sin embargo, la apertura de una cuenta bancaria a su nombre hizo saltar las alarmas. Cuando la Ertzaintza, ya en febrero, fue a buscar a la persona responsable de esta extraña operación, desconocía que iba a toparse con una de las políticas más conocidas de la ciudad. Ella insistió ante los agentes en que no era Larrion sino la víctima. De hecho, se valió de su nombre e incluso de su fotografía en algunos trámites hasta el punto de tratar de adaptar su apariencia física en algunos momentos.

Ya en comisaría, manifestó en primer término que montó todo para ofrecer un “regalo” a su compañera aunque públicamente, tras su dimisión, lo que alegó fue que lo hizo por unos apuros económicos que no terminó de concretar. Ahora su defensa busca un motivo de salud para explicar lo ocurrido. En un proceso penal, la versión que prevalece es la que se emite en sede judicial. Los imputados, además, tienen derecho a no contestar a todas las preguntas y a mentir para preservar su derecho a no autoinculparse. Técnica y jurídicamente el caso no reviste gran complejidad, ya que apenas se movieron 300 euros. Políticamente, el caso ha acabado con la carrera política de uno de los principales activos de EH Bildu en los últimos años.

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