La Fiscalía acusa a un monitor de surf de Hondarribia de agredir sexualmente a 11 menores y pide 85 años de cárcel

La Fiscalía de Gipuzkoa pide 85 años de prisión para el monitor de surf de Hondarribia acusado de agredir sexualemente a, al menos, once alumnos menores de edad. Piden para él tres penas de doce años y ocho de seis años por la violencia sexual y un año más por un delito de posesión de material de explotación sexual infantil. El acusado, que a día de hoy tiene 40 años, fue detenido en 2021 y se decretó su prisión provisional después de que seis de esos menores denunciaran ante la Ertzaintza las agresiones. Más tarde se sumaron otras cinco denuncias. El juicio se celebrará entre el 10 y el 21 de marzo en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. El máximo de cumplimiento serían en teoría 36 años -el triple de la pena más alta- a las que habría que descontar los ya consumidos.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, adelantado por 'El Diario Vasco', el acusado seleccionaba a los alumnos “mayoritariamente del sexo masculino” y les regalaba material de surf y clases. También se acercaba a las familias de sus víctimas y acudía a los eventos familiares. La relación entre victimario y víctima, según la Fiscalía, se iba gestando “de manera progresiva hasta generarse una relación estrecha en la que el hombre provocaba una relación de dependencia en los menores” que, en el momento de inscribirse a las clases de surf, tenían entre 9 y 10 años.

El acusado aprovechaba los traslados en furgoneta y los campamentos de una semana que realizaba a Las Landas, en Francia, para cometer los delitos, que se basan, según recoge la Fiscaía en “tocamientos, masturbaciones y felaciones”. También realizaba estos ataques en su propio domicilio, al que acudía con algunas de sus víctimas. Cuando el menor “tomaba conciencia”, según el escrito de la Fiscalía, de lo que estaba ocurriendo, decidía dejar las clases de surf. Entonces, el monitor “se enfadaba” y les criticaba delante del resto.

Las declaraciones de los menores apuntan que en el momento de las agresiones tenían entre 13 y 15 años, que los encuentros solían ser “una o dos veces por semana” y, al menos en una ocasión, que el acusado se aprovechaba de la mala situación económica de la familia para “ganarse” al menor a través de descuentos en clases de surf y material.

En 2021, varios días después de que se empezara a extender la noticia en Hondarribia, el por aquel entonces alcalde de la localidad, Txomin Sagarzazu, expresó en un comunicado que el municipio estaba “conmocionado y muy triste”. “Quiero mostrar mi más absoluto respeto a las víctimas, y mi solidaridad con ellas y sus familias. En cuanto a los hechos en sí y su alcance, en estos momentos debemos respetar la actuación judicial en marcha. Como alcalde ofrezco a las víctimas y sus familias la atención que precisen de los servicios municipales. Trabajaremos con el resto de los portavoces municipales la redacción de una declaración institucional y la celebración de una concentración de condena de este tipo de actos”, señaló en aquel momento Sagarzazu, del PNV.

No obstante, se dio la circunstancia de que 24 horas antes se celebró un pleno municipal en el que el propio alcalde solicitó que se retirara del acta un “discursito” del que entonces era portavoz del grupo de la oposición Abotsanitz, Igor Enparan y a día de hoy es el alcalde de Hondarribia, de condena de lo ocurrido y de apoyo a las víctimas. Esta formación, en un comunicado, indicó que “rechaza cualquier acto relacionado con la violencia sexual y muestra su solidaridad con las víctima y sus familiares” y emplazó al Consistorio a que actuase en apoyo de los denunciantes. “Todos los actos de violencia de naturaleza sexual que puedan sufrir los menores son violaciones graves e inaceptables de los derechos humanos, y es indispensable una respuesta firme tanto de la sociedad como de las instituciones”, defendió.