La Fiscalía decide no recurrir la sentencia absolutoria del primer juicio por irregularidades económicas en Alonsotegi

La Fiscalía ha decidido no interponer un recurso contra la sentencia del primero de los tres juicios de corrupción por la gestión de otros tantos alcaldes consecutivos del PNV en Alonsotegi, la localidad vizcaína escindida de Barakaldo en 1991. Se trata del caso del mandato de José Luis Erezuma, ya fallecido antes del juicio, y que acabó con una absolución general a pesar de las confesiones que se habían producido hasta en tres ocasiones. “Sin perjuicio de que se pueda discrepar de la sentencia, no concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que una sentencia absolutoria pueda revisarse en apelación”, indican a este periódico fuentes del ministerio público.

En marzo trascendió un fallo absolutorio de la Audiencia Provincial de Bizkaia en la que no consideraba culpables a todos los implicados en este sumario, correspondiente a la legislatura de 2011 a 2015. El tribunal no apreció base para condenar a los implicados, el arquitecto Alberto Zulueta y los constructores Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra (Laneder), así como la técnico Marta Novo. El fallecimiento ya extinguió totalmente la responsabilidad penal de Erezuma. Los empresarios, en instrucción y en la vista, admitieron que habían cobrado unas cantidades por obras que no se habían ejecutado. El Ayuntamiento posibilitó unas adjudicaciones para captar el dinero de subvenciones urgentes de la Diputación de Bizkaia en su mayoría y derivarlo a las contratistas, unos 680.000 euros. Todos ellos y también Zulueta y Erezuma llegaron a acceder a confesarse culpables para evitar la cárcel y asumieron que el quebranto para las arcas públicas era de 900.000 euros por los intereses generados por el paso del tiempo.

La sentencia no es firme y cabía recurso. EH Bildu, partido que desde la oposición en Alonsotegi denunció estos casos y que ahora lidera ese Ayuntamiento, sí intentará corregir la resolución judicial de primera instancia. Pero no ha formulado una valoración al uso. Los letrados de esta acusación quieren que se repita el juicio celebrados. Entienden que la Audiencia Provincial de Bizkaia no ha valorado las pruebas clamorosas que existen y que muestran que los trabajos no se realizaron efectivamente y que se produjo un quebranto económico de unos 680.000 euros más intereses. Por el contrario, fuentes de la Fiscalía indican que no pueden compartir en su totalidad la decisión de esta acusación e incluso discrepan con la forma en la que se argumenta la “anulación” y la posible “repetición”. No consta tampoco que la principal afectada por la aportación del dinero, la Diputación, vaya a recurrir.

La Fiscalía, sin embargo, sí sostiene una dura acusación de cara al segundo juicio, próximo a celebrarse. Aquí se analiza la legislatura de 2007 a 2011, con Aitor Santisteban como regidor. En esencia, los hechos detectados son idénticos: subvenciones captadas para abonar facturas a empresas que no realizaron trabajos efectivos. En concreto, la investigación ha encontrado pruebas de que Laneder y Pabisa cobraron 2,3 millones de euros (el presupuesto de la localidad este año es 3,9 millones). Se solicitaron subvenciones a la Diputación de Bizkaia (1,7 millones) o al Estado (0,23 millones con cargo al 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero). Se ha pedido una fianza de dos millones de euros para los empresarios, para Zulueta y para el alcalde de la época.

El fiscal de estos casos, que es José Manuel Ortiz y que es también el delegado en Euskadi para delitos económicos a falta de una Fiscalía especializada en corrupción, ve delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude en las subvenciones y malversación, todos ellos “continuados” y no puntuales. El ministerio público demanda siete años de prisión para el exalcalde Santisteban y la inhabilitación “absoluta” para 18 años, aunque ya está alejado de la política. También pide los mismos años de cárcel para el resto. EH Bildu también está personado y eleva a nueve años las penas solicitadas por el agravante de que los delitos los cometieron cargos públicos. La Diputación vizcaína, controlada por el PNV, se ha adherido al escrito de la Fiscalía al considerar que sí hubo delitos. Finalmente, aquí se suma otra acusación: la Abogacía del Estado. También pide siete años de prisión por los fondos estatales perdidos.

¿Y el tercer juicio? Hay una tercera pieza sobre las irregularidades en la gestión de Alonsotegi. Son los hechos más antiguos pero los que más están tardando en resolverse. Se trata de la etapa de Gabino Martínez de Arenaza, de 1999 a 2007. Este caso no lo enjuiciará la Audiencia de Bizkaia sino un jurado popular. Las acusaciones aquí son algo diferentes. Lo que se revisa es la actuación de la sociedad urbanística municipal en su conjunto. Alonsotegi Eraikiz, como se llamaba, dejó un agujero de 15 millones de euros. Santisteban ha formado parte igualmente de esta causa.