La Fiscalía ha completado una investigación inicial en la que ha encontrado indicios de un delito de prevaricación administrativa en la gestión de un alto cargo del Gobierno vasco, por lo que ha formulado una denuncia ante un juzgado de instrucción de una de las capitales vascas. Las fuentes tanto judiciales como gubernamentales consultadas por este periódico no han confirmado ni la identidad de la persona investigada ni siquiera el área del Ejecutivo en la que trabaja, así como tampoco el alcance de los hechos. Fuentes del ministerio fiscal, por su parte, aseguran que podría haber varios casos en la Administración vasca que encajen con la descripción.
La noticia de que existe esta causa abierta consta en una resolución de la Comisión de Ética del Gobierno vasco, el órgano que analiza la sujeción al código ético de los altos cargos. La persona imputada por prevaricación ha comunicado su situación a este comité pero el informe emitido al respecto, fechado a 21 de abril pero hecho público una semana después.
La Fiscalía concluyó una investigación “preprocesal” y acordó enviar las actuaciones a un juzgado “con escrito de denuncia” a la luz de que los hechos “pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa”. La prevaricación consiste en adoptar una resolución administrativa injusta a sabiendas de que lo es. En el actualidad, es un delito que no está penado con cárcel pero sí comporta una inhabilitación para el ejercicio del cargo público. En reiteradas ocasiones el ministerio fiscal ha criticado la dificultad de poder probar que una actuación es deliberadamente ilegal más allá de la mala gestión. Un ejemplo: la alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, fue condenada por haber facilitado que la trama de Alfredo de Miguel mediara en el municipio para cobrar comisiones de promotores.
El alto cargo investigado continúa en su puesto. La Comisión de Ética, siguiendo su jurisprudencia previa ya consolidada, entiende que solamente si se envía a juicio a un alto cargo hay que cesar. “La persona autora de la consulta puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa hasta que, en su caso, el juez o tribunal competente dicte auto acordando la apertura de juicio oral. Para el supuesto de que las actuaciones que se están llevando a cabo en el seno del citado procedimiento desemboquen en la apertura de juicio oral, esta Comisión recomienda el cese cautelar del cargo público afectado”, entiende este órgano que está dirigido por la consejera Olatz Garamendi. Eso sí, añade la coletilla de que el imputado “debe seguir colaborando” tanto con la Fiscalía como con el juzgado.
Arguye la Comisión de Ética que, “en el extremo contrario, la alternativa de fijar en el acto de imputación el momento procesal a partir del cual el acceso a un cargo público o la permanencia en el mismo empiezan a resultar incompatibles con el principio de ejemplaridad, puede constituir una exigencia desproporcionada y hasta cierto punto irrespetuosa con la cultura de las garantías penales y procesales”. Solamente habría una postura “más severa” cuando la imputación sea por “delitos muy graves” o en casos de “alarma social”. Ahora mismo, este asunto está “muy lejos” de llegar a juicio ya que, al margen de la denuncia de la Fiscalía, no ha habido “intervención alguna” por parte del juez instructor. “No resulta fácil ponderar la gravedad de los hechos investigados sin incurrir en el riesgo de anticipar un juicio sobre el fondo de la cuestión”, zanjan.
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