La Fiscalía pide que la esposa de De Miguel entre en la cárcel por corrupción y ella quiere librarse hasta de las multas

La esposa de Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbao, pretende sortear su condena por corrupción sin abonar la multa económica que le corresponde y sin pisar la cárcel. Según fuentes judiciales, su nueva abogada, compartida con su marido y que se llama Estefanía Rojo, ha recurrido a un resquicio legal para condenados con escasos recursos, que es pedir la ampliación de la estancia en prisión en compensación por no abonar esa parte de la responsabilidad económica. Sin embargo, acto seguido, había propuesto también la suspensión de la entrada efectiva en un centro penitenciario. Ello le dejaría sin ninguna de las dos penas a efectos prácticos. La Fiscalía ha emitido ya un informe contrario a esta maniobra y, de hecho, ha pedido que sea encarcelada al igual que la esposa de otro de los exdirigentes del PNV de Álava condenados en este proceso, Iratxe Gaztelu-Urrutia, pareja de Koldo Ochandiano.

En el 'caso De Miguel' de cobro de comisiones ilegales y contratos públicos irregulares, los exmiembros del Araba Buru Batzar del PNV De Miguel (conocido como Txitxo), Ochandiano y también Aitor Tellería crearon una empresa pantalla llamada Kataia Consulting. La sociedad, eso sí, estaba a nombre de las esposas del trío, Bilbao, Gaztelu-Urrutia y Araceli Bajo. Su nombre, de seis letras, son las iniciales de todos ellos (incluida la T de Txitxo). Aunque pretendieron hacer valer la estrategia de la infanta Cristina y dar a entender que eran meros testaferros, Bilbao y Gaztelu-Urrutia recibieron penas de cárcel y económicas, mientras que Bajo se quedó solamente con una sanción de unos 18.000 euros que también le ha sido requerida en las últimas horas. Tiene un mes para pagarla.

Sin embargo, los condenados y su entorno daban por supuesto que las esposas no ingresarían en prisión porque su pena es inferior a dos años, el marco habitual para acordar suspensiones. Eso sí, no es un automatismo y, en este caso, la Fiscalía ha planteado que no sea aceptada esta petición. En el caso de la esposa de De Miguel, además, entiende que es una familia con un patrimonio suficiente para afrontar también las sanciones económicas. El expolítico estuvo cobrando una nómina de 57.000 euros anuales de una sociedad pública del Gobierno vasco hasta hace apenas unas semanas. Con todo, el ministerio fiscal ha planteado que no se levanten los embargos a los bienes del matrimonio y que, hipotéticamente, evitarían posibles impagos.

Bilbao, que realizó movimientos con billetes de 500 euros y que se valió de fondos de Kataia Consulting para vicios personales como viajes, ha recibido una pena de año y medio de cárcel, doce meses por formar parte de la asociación ilícita encabezada por su marido y los otros seis por blanqueo de capitales. En cuanto a las multas, son 3.600 euros individuales y otro abono de 175.000 solidario con otros de los condenados. También en grupo, ya afrontó con De Miguel la devolución de unos 146.000 euros esquilmados al Gobierno vasco por contratos irregulares del área de Juventud. La Administración vasca ya ha recuperado el dinero. En el caso de Gaztelu-Urrutia, la pareja de Ochandiano, su condena es idéntica. Ella también realizó operaciones como llevar 30.000 euros en billetes de 500 euros en plena calle a De Miguel.

Ahora la última palabra la tendrá el tribunal, la Audiencia Provincial de Álava. Los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta habrán de resolver si acceden a los intentos de suspensión de Bilbao y de Gaztelu-Urrutia, así como los otros temas que tienen pendientes. De Miguel, por ejemplo, busca una suspensión extraordinaria porque está pendiente de un posible indulto del Gobierno de España -a lo que la Fiscalía también se ha opuesto- y Tellería y Ochandiano -y solamente Tellería y Ochandiano- están pendientes de que se compruebe su estado de salud para decidir si tienen que entrar o no en prisión.

Se da por hecha la entrada –pero no hay fecha para ello– de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud y que no ha intentado ningún resquicio para evitar la condena. Su posición es más delicada porque su esposa, Josune Gorospe, es diputada del PNV en el Congreso y el partido lleva tiempo queriendo marcar muchas distancias con cualquier maniobra que implique el no cumplimiento de las condenas. Hay dos condenados más, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés) que tienen penas de más de dos años en total pero sin que ninguno de los delitos individuales supere esa barrera. Ellos han pedido una suspensión (Azkarraga incluso ha pagado más de 6.000 euros de multa ya) y, ante la oposición del fiscal Josu Izaguirre, la pelota queda de nuevo en el tejado del tribunal.

Finalmente, la Fiscalía ha dado el visto bueno a que eviten la cárcel Jon Iñaki Echaburu, constructor corruptor próximo a De Miguel, y Sergio Fernández Oleaga, otro empresario que abonaba comisiones y que ya ha pagado sus responsabilidades económicas. En todo caso el ministerio público quiere elevar de dos a cinco años el período en el que no podrían delinquir para que se mantenga suspendida la pena privativa de libertad. En paralelo, se están ejecutando también las penas de aquellos implicados con penas exclusivamente de inhabilitación, como es el caso de Alfonso Arriola.