La Fiscalía pide que no se suspenda la entrada en prisión por corrupción de De Miguel tras la petición de indulto

La fase de ejecución de condenas en el 'caso De Miguel' avanza. El fiscal Josu Izaguirre ha emitido un criterio negativo a la petición de la nueva abogada de Alfredo de Miguel, Estefanía Rojo, para que le sea suspendida la pena de más de doce años de cárcel (nueve de cumplimiento máximo) por corrupción en la medida en que se está intentando lograr un indulto político que haría que cada una de las penas individuales no pasaran de dos años, el umbral que habitualmente se toma en consideración para eludir la entrada efectiva en la cárcel. En todo caso, después de los festivos de Semana Santa, será la Audiencia Provincial de Álava la que tenga que tomar la decisión definitiva y, si es la de no acceder a la súplica del ex 'número dos' del PNV de Álava, se activará una cuenta atrás de diez días hábiles para que se persone en un centro penitenciario.

Según indican fuentes de las defensas, se trata de un movimiento “esperable” de la Fiscalía. En 2019, con la condena en primera instancia, ya solicitó el ingreso en prisión de los condenados con penas más altas por la trascendencia y gravedad de los hechos. El tribunal, en cambio, se valió de la doctrina empleada en el caso de Iñaki Urdangarin y determinó que lo prudente era esperar a la sentencia firme, que es el paso que se ha producido en 2023 con el pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo (en enero) y una aclaración posterior (en marzo). Ahora, se encuentran en una situación similar a la de De Miguel sus excompañeros en el PNV de Álava Koldo Ochandiano y Aitor Tellería (igualmente pendientes de la vía del indulto y en el segundo caso de las alegaciones de salud) y el exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles.

En cuanto al resto de condenados con penas de prisión, hay dos grupos. Por un lado, están todos los acumulan delitos castigados con menos de dos años. En medios judiciales se da por hecho que se acordará la suspensión de todas esas penas y que ello contará con informe favorable de la Fiscalía. Más dudosos son dos casos concretos, los de Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés). Ellos tienen castigos acumulados de más dos años pero ninguno de los hechos concretos por los que se les ha condenado pasa de esa barrera, por lo que se les podría aplicar una suspensión extraordinaria. De hecho, ambos lograron del Supremo con un recurso un sistema de cálculo pensado para ello ya que, en global, el ajuste incluso les aumentaba la pena haciendo que cada sumando fuese más pequeño. Se desconoce aquí cuál será el criterio de la Fiscalía.

Por otro lado, se ha confirmado ya que los alrededor de 145.000 euros en que se estimó el quebranto económico por las irregularidades en Juventud han sido consignados en las cuentas de la Administración de Justicia, de modo que en breve se realizará la transferencia al Gobierno vasco. Ésta es solamente una de las derivadas económicas de esta causa de corrupción y ni mucho menos representa el total de dinero que movió la trama.