La Fiscalía ha solicitado que se amplíe hasta el 3 de abril de 2025 el plazo de investigación penal en el caso que afecta al diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, que tiene el rango de teniente de diputada general y que es igualmente el secretario general del PSE-EE en la provincia. Se analiza el envío de unas 5.500 toneladas de residuos líquidos desde el denominado CMG-I de Zubieta, una planta con tratamiento mecánico-biológico e incineradora gestionada por la empresa Ekondakin mediante una concesión del consorcio foral GHK presidido por Asensio, hasta la planta de Ecofert Sansoain en Artajona, en Navarra. El Gobierno navarro, liderado precisamente por los socialistas, ha considerado irregular ese traslado de lixiviados y ha llegado a clausurar la planta de Artajona, que tuvo también envíos desde otras empresas como Oleofat de Tudela.
El ministerio fiscal presentó en agosto de 2023 una denuncia contra Asensio y contra otros gestores de GHK. Tras analizar una comunicación previa de la plataforma GuraSOS, se vieron indicios de un doble delito. Por un lado, ni el CMG-I tenía autorización para producir esos lixiviados ni Ecofert Sansoain licencia para recibirlos. Por otro lado, se sospecha que los envíos se camuflaron con otro código para legalizarlos como si fueran lodos. Indiciariamente, se ha determinado que los hechos podrían constituir un delito ambiental y otro de falsedad documental, que podrían comportar penas de prisión. Aunque Asensio ha negado con rotundidad cualquier tipo de irregularidad, se ha encontrado con que a las acusaciones judiciales se le han unido las declaraciones públicas de los responsables de Medio Ambiente de Navarra.
El juzgado de Instrucción 5 de Donostia, cuya titular es la magistrada Silvia Villanueva, admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía el 3 de octubre de 2023. Tras las últimas reformas procesales, el plazo ordinario actual para las instrucciones judiciales es de doce meses y vence en las próximas semanas. Para evitar un posible archivo automático, la fiscal especialista en delitos ambientales de Gipuzkoa, Lorena Arocena, envió el pasado domingo un escrito al juez sustituto que dirige la sala, José Carlos Moraleda, en el que, con amplio margen, pide seis meses más de plazo, hasta el 3 de abril de 2025.
Argumenta el ministerio público que el Seprona de la Guardia Civil, que actúa como Policía judicial dado que el caso afecta a dos comunidades autónomas, aún no ha entregado su informe definitivo de conclusiones, aunque sí ha ido enviando otras comunicaciones parciales en las que, por ejemplo, alude a la alta toxicidad de los residuos acumulados en Artajona con diferentes orígenes. De hecho, el juzgado ya había explicitado que está esperando a ese atestado para citar a declarar a Asensio en calidad de imputado o investigado. También está pendiente la comparecencia como testigo de la 'número dos' de Medio Ambiente de Navarra, Ana Bretaña, de la que se espera que ratifique la existencia de irregularidades.
La plataforma GuraSOS, que lleva años formulando denuncias sobre el funcionamiento del CMG-I y, en particular, de su planta incineradora, está personada en el proceso penal y apoyará también la petición de ampliación de la instrucción, según explican fuentes de la entidad. Asensio ha acusado a GuraSOS de promover decenas de causas judiciales sin fundamente y se ha jactado de haber ganado todas y cada una de ellas, aunque en este caso el denunciante como tal es la Fiscalía.
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