La Fiscalía pide prorrogar la investigación de las oposiciones de la Sanidad vasca ante el abismo de un final precipitado

Este jueves, 29 de julio, es un día señalado en rojo en el calendario de jueces, fiscales, abogados e imputados. Se cumple un año de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que daba precisamente un año de margen a todos los procesos abiertos en aquel momento. Y uno de ellos es la investigación de las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Este sumario llega a esta fecha con muchos puntos sin esclarecer. Un ejemplo: solamente se han entregado los exámenes de la categoría de Anestesia cuando eran una veintena las que presentaban anomalías y ni siquiera llegaron más de una diez hojas de respuestas. Ante este abismo, la Fiscalía ha solicitado una prórroga de seis meses (ampliables) y los dos sindicatos que ejercen de acusación popular, LAB y ESK, han optado por acelerar la petición de imputaciones, testigos y documentación pendiente.

Antes de esta encrucijada, el proceso judicial de la OPE de Osakidetza no ha sido sencillo. De hecho, en las últimas semanas se ha incorporado la tercera magistrada al frente de la instrucción, Cristina Rodríguez Ruiz. Antes ocuparon ese lugar Yolanda Varona y Ana Jesús Zulueta, quien de hecho tiene un nuevo destino temporal y podría regresar a su sala, el juzgado de Instrucción 2 de Vitoria. Será Rodríguez Ruiz, en todo caso, quien tenga que tomar en los próximos días una doble decisión. Por un lado, la de si aceptar o no las imputaciones, testificales y documentación solicitadas por las partes o, por el contrario, dejar la resolución del sumario y decidir si se celebrará juicio con los actuales elementos. Por otro lado, tiene que concretar si da más meses a una investigación que en estos años ha tenido muchos parones. La pandemia y varios positivos entre las partes personadas han motivado algunos de esos retrasos. Pero el caso arrancó también con una denuncia previa de la Fiscalía que no contó con todo el material recopilado en la investigación interna realizada por la Sanidad vasca, unas grabaciones que luego aparecieron en el propio juzgado, y con dilaciones de meses en la entrega de algunos correos electrónicos.

En el sumario de las oposiciones de Osakidetza hay ahora mismo once personas imputadas. Son José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía), Iñigo Echevarría (Traumatología) y Thais Salas, Alfredo Martínez Flórez, Andrés Beltrán y Javier Meléndez (opositora y miembros del tribunal de Cirugía Plástica). Pero la realidad es que hay más categorías investigadas que de las que proceden estas personas. Es el caso de Cardiología, con denuncias claras y concretas de pucherazo pero sin ninguna persona señalada como posible responsable.

Fuentes judiciales explican que, en caso de darse por finalizada la investigación desde este jueves, todas aquellas peticiones realizadas antes del 29 de julio sí podrían realizarse incluso más allá de esa fecha. ¿Qué es lo que se ha pedido? El sindicato LAB ha solicitado, entre otras diligencias, la revisión de todos los exámenes -en la especialidad de Traumatología un vocal aludía a que los que sacaron la plaza hicieron cuestionarios que eran “fotocopias” entre sí y respecto de la plantilla de corrección- y la imputación de la cúpula de Osakidetza, incluido el entonces consejero, Jon Darpón, y otros altos cargos, por un presunto delito de “asociación ilícita” al haber diseñado la OPE “a medida para que hubiera filtraciones”.

ESK, por su parte, ha anunciado este lunes que quiere citar como imputados a dos vocales más de tribunales y a treinta opositores de diferentes exámenes no solamente por su buena nota sino por su relación de “afinidad” con los autores de las preguntas. Esta central limita a diez las categorías en las que ve indicios más claros de irregularidades. De ellas, en Urología o Microbiología no hay imputaciones hasta el momento.

La gran duda no resuelta es qué se podría hacer si, en declaraciones posteriores a la finalización del plazo de investigación, surgiesen nuevos indicios de delitos o personas implicadas. ¿Sería válida una nueva imputación o la tumbarían los abogados defensores? Para evitar posibles problemas de esa naturaleza, tanto la Fiscalía como LAB han reclamado una prórroga de los plazos de instrucción. ESK no lo ha hecho expresamente pero se adhiere a esta propuesta.