El sindicato ESK, que ejerce de acusación popular en la investigación judicial de las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, ha solicitado este lunes la imputación de 30 opositores que presuntamente fueron beneficiarios de las irregularidades, además de dos vocales más de tribunales evaluadores que se sumarían a otros ya investigados. La central apoya también la petición del otro sindicato personado, LAB, de procesar a Jon Darpón, el entonces consejero de Salud, y otros altos cargos de la época, a los que atribuye una “culpa in vigilando” ya que las anomalías no fueron aisladas sino reflejo de un “sistema clientelar instaurado” desde hace años y que fue conocido por las “diferentes direcciones” de la Sanidad vasca.
En detalle, los opositores son cuatro de la categoría de Anestesia, cinco de Angiología, cinco de Digestivo, cinco de Traumatología, cinco de Neurocirugía, dos de Neurofisiología, tres de Urología y tres de Cardiología. Sostienen Patxi Nicolau y Julio Sánchez, portavoz y abogado de ESK, respectivamente, que no es solamente una cuestión de que obtuvieran muy buenas notas en unas pruebas difíciles. Destacan en la estadística “de manera sobresaliente”, sí, pero coinciden entre sí en “aciertos y errores”, utilizan “respuestas que se salen de la bibliografía” y tienen “conexiones de afinidad o amistad” con los miembros de los tribunales que hicieron las preguntas.
ESK entiende que esas personas “no son víctimas” y que o bien “de manera activa” pidieron las preguntas o bien las recibieron sin poner reparos. “Participaban con una posición de ventaja no inocente o casual” en la convocatoria, entiende el sindicato. De hecho, la central defiende que el sistema “clientelar” sería erradicado totalmente si la plantilla se negase a participar en él. Han puesto como ejemplos de “colaboración” a los tres anestesistas “valientes” que decidieron dar el paso de denunciar, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez.
En cuanto a los miembros de los tribunales que quieren procesar han mencionado a un vocal de Anestesia y a otro de Urología. En general, ESK interpreta de manera conservadora que hubo irregularidades en diez exámenes de la OPE de 2018, en concreto en Anestesia, Angiología, Digestivo, Traumatología, Microbiología, Cardiología, Urología, Neurocirugía, Neurofisiología y Cirugía Plástica. Han reconocido que empezaron con un listado de 19 pero que han optado por centrar los esfuerzos en aquellas en las que ven “indicios más que razonables”.
Eso sí, han denunciado que Osakidetza no solamente no ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos sino que ha puesto “constantemente obstáculos” para que no llegara la investigación hasta el final. Nicolau y Sánchez han mencionado una investigación interna que concluyó sin ver pruebas de las filtraciones al omitir los testigos que sí las denunciaban o el retraso en el envío de correos electrónicos solicitados por el juzgado. Además, entienden que la actual consejera, Gotzone Sagardui, debería “salir a la palestra” y “adquirir el compromiso” de que pondrá los medios para que no se vuelva a repetir algo semejante en la próxima OPE, en la que ya está trabajando.
elDiario.es/Euskadi
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