La Fiscalía vasca, encabezada por Carmen Adán, se queja en la memoria correspondiente al ejercicio 2022, que ya es pública y que será presentada en los próximos días, de la falta de colaboración generalizada del área de Medio Ambiente del Gobierno vasco para la investigación de causas penales relacionadas con delitos ambientales como vertidos o irregularidades en la gestión de residuos. Singularmente, se cita un caso concreto de Vitoria en el que “dicha falta de colaboración no sólo ha retrasado la tramitación de las actuaciones sino que ha provocado que la pericial necesaria en el procedimiento se haya tenido que encomendar” en última instancia a la Guardia Civil. “Tampoco existen contactos con la Agencia Vasca del Agua (URA)”, abunda el ministerio público.
Ya hace dos años, con la presentación de la memoria de 2020, la Fiscalía alertó de las “disfunciones” en la labor investigadora de la Ertzaintza en esta materia, mientras destacó la de la Guardia Civil. En 2021 y 2022 esa relación parece más engrasada con la Policía vasca, que en principio es la encargada de todos los delitos salvo aquellos que afectan a un ámbito superior al autonómico o a asuntos como costas o explosivos, pero no así con otros organismos del Gobierno de Iñigo Urkullu. Dentro de las carteras dirigidas por el PNV en el Ejecutivo de coalición con el PSE-EE desde 2020, el área de Medio Ambiente se encuadra dentro del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia y la persona titular en 2022 de esa oficina, con rango de viceconsejera, era Amaia Barredo. Barredo, precisamente, está siendo investigada por un juzgado de Vitoria tras unas diligencias de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la tramitación de la autorización para el proyecto Valogreene Paper de Bergara, en Gipuzkoa. En julio, sin que hubiera informado del caso al partido, cesó como alto cargo del Gobierno vasco y pasó a ser diputada foral en Álava. En una reciente entrevista con 'El Correo' ha indicado que próximamente dará todas las explicaciones sobre el caso en las Juntas Generales, el Parlamento provincial.
El atasco en las investigaciones judiciales sobre delitos ambientales está afectando incluso a la segunda de las piezas por el derrumbe en febrero de 2020 del vertedero de Zaldibar, en las proximidades de la muga entre Bizkaia y Gipuzkoa. Habla la Fiscalía de que este sumario seguido por una sala de Durango presenta “complejidad técnica” por “el volumen alcanzado, la pluralidad de partes personadas y la necesidad de cohonestarlo con las funciones propias al margen de los aspectos medioambientales”. “Su marcha y evolución no son todo lo prontas que sería deseable”, lamenta el ministerio fiscal. En esta causa se analiza si los hechos constituyeron un delito ambiental y si el Gobierno vasco tuvo algún tipo de responsabilidad subsidiaria en lo ocurrido. Hay funcionarios imputados. En aquel momento era el PSE-EE quien dirigía Medio Ambiente, con Iñaki Arriola como consejero. La lentitud de este proceso contrasta con la celeridad de la pieza principal sobre Zaldibar, la relativa a la muerte de los operarios Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze en el alud de residuos. Los responsables de Verter Recycling, la empresa gestora de la planta, admitieron un delito de homicidio prudente. Conocían de antemano que el vertedero, ubicado en una ladera, tenía riesgos para su estabilidad.
Por otro lado, la Fiscalía ha vuelto a poner de manifiesto en la memoria de 2022 las dificultades para combatir la corrupción en Euskadi. “Se mantiene la necesidad de dotar de mayores instrumentos a la investigación de los delitos y, por supuesto, una clara protección de las personas que informen sobre infracciones”, escribe Adán en un mensaje que lleva repitiendo durante los ya seis años al frente de este organismo. De nada le ha servido su "las cosas tienen que empezar a cambiar" dirigido a los políticos en el Parlamento el pasado año.
El ministerio público, en un breve apartado en el que no hace alusiones a casos concretos, señala como una “dificultad” la “prueba de los hechos”. “Sigue resultando obvia la dificultad para detectar comportamientos delictivos en el ámbito de la contratación pública por las mismas razones expuestas en memorias anteriores”, se puede leer en la correspondiente a 2022. Recuerda la Fiscalía que la “corrupción” como tal no existe como delito, sino que es un concepto de uso social o en los medios de comunicación. Las prácticas punibles en este ámbito se enmarcan dentro de los delitos contra la Administración pública, pero ahí se mezclan, por ejemplo, con las desobediencias a la autoridad. De hecho, el control de la pandemia llegó a disparar estas estadísticas.
Sin embargo, sí se ha detectado un “incremento” de las denuncias por “prevaricación”. Dice el equipo de Adán que “en su mayoría se refieren a las adjudicaciones de obras conjuntamente en algunos casos con el aumento del gasto derivado de la ejecución de dichas adjudicaciones” y remarca, en plena polémica por la pugna entre el PNV y EH Bildu por el caso de Bidegi recién archivado y por otros como el de Alonsotegi, que los denunciantes suelen ser “de otras fuerzas políticas” que los presuntos responsables de las irregularidades. La prevaricación, sin embargo, es un delito que no comporta penas de prisión, aunque sí la inhabilitación en el cargo.
No entra en el ámbito de esta memoria la fase final del 'caso De Miguel', el mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi. Llegó en enero de 2023 la sentencia del Tribunal Supremo contra los exdirigentes y excargos del PNV implicados y han ido entrando ya en prisión desde mayo, por este orden, Xabier Sánchez Robles, Koldo Ochandiano y Alfredo de Miguel. Queda pendiente Aitor Tellería. En estos meses, la Fiscalía de Álava, en la persona de Josu Izaguirre, ha recurrido los intentos de las defensas de los encausados para librarse de la cárcel e incluso de las penas económicas.
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