La Fiscalía del Supremo pide que se ratifiquen las condenas de corrupción a los exdirigentes del PNV en el 'caso De Miguel', la mayor trama de Euskadi

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la sala segunda del alto tribunal que ratifique punto por punto las condenas fijadas por la Audiencia Provincial de Álava en el denominado 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV alavés y excargos del Gobierno vasco, según recoge 'El Mundo'. Los fiscales de Álava que llevaron el caso, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, instaron sin éxito en un primer momento a que sus colegas del Supremo respondieran a los recursos de los procesados buscando incluso condenas más elevadas en algunos supuestos, principalmente en lo tocante a la aparente falta de elementos para acreditar que hubo coacciones a la denunciante de la trama, la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi, a pesar de que se considere totalmente probado que el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, le solicitara una comisión de hasta 100.000 euros a cambio de un contrato público.

El ministerio público, en un documento de 538 páginas coherente en tamaño con las voluminosas pruebas documentales acumuladas en esta causa originada en diciembre de 2009 y cuyo juicio se celebró en 2018, rebate la tesis de la defensa de De Miguel, ejercida por el bufete Cuatrecasas y seguida con entusiasmo por otros imputados durante todo el proceso. Pese a las reiteradas afirmaciones de que se manipularon las grabaciones, de que la Ertzaintza se excedió en los registros y hasta de que se “enriquecieron” pruebas para fabricar una condena a personas que no habían hecho nada, la Fiscalía afirma que “no existe ninguna base probatoria que acredite la manipulación de las evidencias”. Esta estrategia se volvió incoherente cuando el propio De Miguel estuvo a punto de declararse culpable a cambio de ver rebajada su condena de cárcel, que fue fijada en 13 años a la espera del dictamen final del Supremo. La maniobra se saldó con el fin de la unidad de acción entre los acusados y la autoinculpación de algunos de ellos, que confesaron la existencia de una trama de cobro de comisiones ilegales en torno a la figura de De Miguel.

La sentencia se conoció en diciembre de 2019, un año después de finalizado el juicio, y la pandemia, la burocracia habitual del Supremo y el volumen del sumario podría retrasar la resolución definitiva hasta 2022, según fuentes cercanas a los acusados, que esperan en libertad con algunas medidas cautelares después de que se rechazara su ingreso inmediato en prisión en aplicación de los mismos criterios que retrasaron la ejecución de la pena en el caso de Iñaki Urdangarin. EN estos años, De Miguel ha seguido trabajando para una sociedad pública autonómica llamada Hazi. Tras varios ascensos y subidas salariales, en 2020 percibía 52.000 euros anuales, un dato que su superior, Asier Arrese, ocultó en el Parlamento Vasco. Precisamente en las últimas semanas ha trascendido la noticia del salto de uno de los tres jueces que componían el tribunal, Jaime Tapia, al Gobierno vasco. De la mano de una consejera del PNV, Beatriz Artolazabal, se encargará de coordinar el nuevo modelo penitenciario de Euskadi que se pondrá en marcha desde abril tras la llegada de la transferencia de Prisiones que ultiman los Ejecutivos central y autonómico.