La Fiscalía superior vasca ha admitido a trámite y abierto diligencias para investigar una denuncia presentada por el exdirigente de la derecha navarra Jaime Ignacio del Burgo contra la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a la que acusa de tráfico de influencias. Del Burgo ha aportado datos que, según su tesis, vinculan presuntamente a Tapia con el denominado 'caso Davalor', por el cual se analiza si el que fuera homólogo de Tapia en el Ejecutivo navarro, Manuel Ayerdi, que también era presidente del PNV en Navarra, concedió de modo irregular 2,6 millones en ayudas públicas a la empresa Davalor Salud.
La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía de Navarra, según ha recogido 'Diario de Navarra', pero ha sido trasladada a la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al tratarse de un cargo aforado. Por el momento, según fuentes judiciales, el expediente está en una fase muy incipiente, aunque ya se ha acordado la apertura de diligencias. No se trata de una imputación penal, ya que la Fiscalía dispone de seis meses para realizar una preinvestigación que incluso son prorrogables. Después, se estimará si se presenta una denuncia para abrir una causa ordinaria o si se archiva el asunto.
En el inicio de la legislatura actual, el PP preguntó a Tapia por la relación del Gobierno de Iñigo Urkullu con Davalor Salud, que también pidió apoyo a la comunidad autónoma vasca. La respuesta entonces fue que Tapia “trasladó en una de las habituales conversaciones telefónicas con su homónimo navarro” la existencia de dicha solicitud y que se había acordado no intervenir a pesar de que la Spri, el equivalente a SODENA, había recibido una petición a ese respecto.
La Comisión de Ética del Gobierno vasco tiene una larga 'jurisprudencia' ya y estima que la mera denuncia o investigación a un alto cargo no es motivo para plantear su destitución o cese. Es más, el criterio asentado es que solamente en caso de que se abra juicio se acordará una medida de ese calado. Se da la circunstancia de que el Departamento de Tapia acumula en los últimos meses una denuncia de la Fiscalía tras una investigación previa contra la exviceconsejera Amaia Barredo por la autorización del proyecto Valogreene Paper de Bergara, la investigación contra la directora de Puertos, Edurne Egaña, por el litigio de los amarres de Donostia e incluso un tirón de orejas en la memoria del ministerio fiscal por falta de colaboración en la investigación de delitos ambientales.
El conocido como 'caso Davalor' es la causa abierta contra el exconsejero navarro de la coalición Geroa Bai Ayerdi, quien está siendo investigado por el juzgado de Instrucción 2 de Pamplona por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a la luz de la posible concesión irregular de ayudas por valor de 2,6 millones de euros a una empresa que se encontraba en una situación de crisis y que terminó en concurso de acreedores, Davalor Salud. La dimisión de su cargo en el Ejecutivo foral hizo que perdiera su aforamiento y que el asunto se ventile siguiendo los cauces ordinarios.
Estos hechos por los que se le investiga, y por los que tuvo que dimitir como consejero en 2021, se remontan a la legislatura 2015/2019, cuando fue vicepresidente del Ejecutivo liderado por Uxue Barkos y consejero de Desarrollo Económico. Por su cargo, ejercía como presidente del consejo de administración de la entidad parapública Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA). Fue entonces cuando, según UPN, partido que se querelló contra él y del que formó parte Del Burgo, Ayerdi actuó obedeciendo a “una corazonada” y tomó la decisión con un “carácter totalmente personal” de conceder en septiembre de 2015 a la empresa un préstamo de un millón de euros. Se arguye que lo hizo “sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia”. El partido regionalista añade que entre 2015 y 2017 el consejero nacionalista volvió a conceder a Davalor Salud cinco nuevos prestamos hasta sumar un montante total de 2,6 millones de euros.
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