La Fiscalía vasca comunica que investiga cuatro casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia

La Fiscalía Superior del País Vasco, órgano encabezado por Carmen Adán, ha trasladado a la Fiscalía General del Estado que son cuatro los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia católica actualmente en investigación en Euskadi, según explican fuentes judiciales. Se trata de una recopilación de datos paralela a la puesta en marcha de una comisión de investigación coordinada por la Defensoría del Pueblo y que han completado todos los fiscales autonómicos en los últimos días.

Las fuentes consultadas precisan que es una cifra que refleja únicamente una fotografía de la situación concreta actual pero que en ningún caso permite ofrecer una panorámica global del fenómeno. Por un lado, en cada uno de los procedimientos penales en curso puede haber una pluralidad de víctimas. Por otro lado, este dato no recoge ni los casos que se han cerrado satisfactoriamente en el pasado -el que más trascendió fueron los abusos a un estudiante del colegio masculino del Opus Dei en Leioa, Gaztelueta- ni los que no han podido ser investigados por múltiples factores como las prescripciones.

La cifra no es coincidente con los datos aportados esta semana por la Ertzaintza al Parlamento Vasco. La Policía, en una escueta información remitida a la Cámara, asegura estar sobre la pista de cinco denuncias en otros tantos colegios o espacios religiosos católicos solamente de Bizkaia. Se trata de los mismos que a principios de enero la Diócesis de Bilbao explicó que tenía en estudio y que abarcan al período entre 1950 y 1990. Los centros educativos en los que se produjeron esos abusos son el colegio Maristas de Bilbao, la parroquia Cristo Rey, el sanatorio infantil de Santa Marina, el centro educativo Paúles de Barakaldo y la iglesia San Juan Bautista de Bedia. No obstante, la propia Diócesis amplió esa relación a los pocos días. Este obispado tiene habilitado un correo electrónico para recibir posibles denuncias (protecciondemenores@bizkeliza.org) y ha creado una comisión interna para analizarlas.

Ya a principios de 2019 hubo un repunte de las denuncias de abusos a menores por parte de religiosos o asimilados. Era el contexto de la sentencia ejemplarizante por el 'caso Gaztelueta', en el que no solamente se dio por probado que un docente numerario agredió sexualmente a un estudiante sino que el colegio, que recibe fondos públicos, organizó una rueda de prensa y una visita a sus instalaciones para cuestionar a la víctima y defender al profesor tras el juicio y la condena. Después surgieron una treintena de posibles casos en los Salesianos de Deusto, denuncias que se canalizaron en la Ertzaintza, la Guardia Civil y hasta en los Mossos d'Esquadra. “Chemi siempre tenía un niño encima”, se quejaba uno de los denunciantes en una entrevista con este periódico.

También en 2018 la Diócesis de Bilbao denunció ante la Fiscalía de Bizkaia a un presbítero de Uribe Kosta, Egoitz Arruza, por presuntos abusos sexuales a tres chicas, una de ellas menor de edad en el momento en que se produjeron los hechos. Arruza -al igual que las víctimas- era miembro de Euskal Herriko Eskautak y fue apartado de sus funciones con el argumento de tener “comportamientos inadecuados contra la libertad sexual”. En 2017 trascendió otro caso de relevancia y que afectaba al vicario de la Diócesis de Donostia, Juan Kruz Mendizabal, conocido como Kakux. El religioso admitió internamente haber abusado de dos menores y resultó 'condenado' por la propia Iglesia, lo que se tradujo en reclusión o ejercicios espirituales. Al parecer, los hechos se produjeron entre 2001 y 2005. Cuando el caso se hizo público, otras víctimas salieron a la palestra y denunciaron hechos que se remontaban muchos años atrás. De joven, Kakux también había estado destinado en Vitoria. La prescripción de los delitos impidió una condena penal.

En la parroquia de Los Ángeles de Vitoria también se produjo otro caso. Como en el caso de los Salesianos, se remonta a 1983. La víctima dio el paso de denunciar a un fraile dominico en 2010 ante el Obispado alavés. Pero hasta que no saltó a los medios de comunicación en 2014 nada se supo de esa alerta. No se abrió una investigación, se cuestionó la credibilidad de la víctima y se remarcó que, como mucho, el asunto estaría prescrito desde 1995. Muy cerca de allí, en el colegio San Viator, trabajó un religioso que fue detenido en 2010 en Chile acusado de hacer grabaciones pedófilas con menores.