La Fiscalía ve irregularidades “generalizadas” en Hondarribia pero archiva la investigación sobre Montai al no considerarlas un delito

La Fiscalía del País Vasco ha concluido con un archivo las diligencias de investigación abiertas en 2020 en torno a las continuas contrataciones del Ayuntamiento de Hondarribia, gobernado con mayoría absoluta por el PNV, con el grupo de empresas de un cargo de ese partido, el grupo Montai de Aitor Elorza y que tiene cuatro marcas, Montai, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa. La fiscal superior, Carmen Adán, interpreta en un decreto que no se ha acreditado “suficientemente” que las decenas de adjudicaciones sean un “delito” pero sí asegura que el incumplimiento de la normativa de contratación ha sido “práctica generalizada” en la institución.

El caso llegó a la Justicia como consecuencia de varias denuncias públicas de la principal formación de la oposición, Abostanitz, que compareció ante la Fiscalía en enero de 2020. En aquella época, este periódico publicó también que Montai había recibido más contratos de otras ventanillas del Gobierno vasco como el Instituto de la Memoria (Gogora), Presidencia, Juventud, Tknika o Hazi. En muy pocos casos habían sido fruto de un concurso público.

Según Abotsanitz, aunque no haya base para una condena penal en lo relativo al Ayuntamiento, “no significa que no se hayan hecho mal las cosas”. Es “tranquilizador” que no haya corrupción que manche el nombre de Hondarribia pero es denunciable que se actúe “sistemáticamente de manera irregular”. Esta formación entiende que es la confirmación de denuncias anteriores ante el Tribunal de Cuentas o de informes de la interventora municipal y defiende haber puesto en manos de los tribunales las sospechas. “Si no lo hiciéramos, seríamos cómplices de esas prácticas”, sostiene esta formación.

Precisamente a raíz de estas denuncias públicas, la empresa de Elorza llevó a los tribunales a Abotsanitz. “Hoy hemos tenido que declarar por nuestra labor política. Y no hemos hecho sino reafirmarnos en nuestra denuncia siguiendo los principios de transparencia y buena gestión. Como responsables públicos que somos no podemos retractarnos, por responsabilidad. Es nuestra obligación ante los hondarribitarras. No permitiremos que empresas privadas extorsionen al Ayuntamiento de Hondarribia y seguiremos defendiendo la legalidad”, alegó entonces el partido.