El dueño del grupo Montai y cuadro del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza, ha llevado a los tribunales al principal grupo de la oposición en Hondarribia, Abotsanitz. Esta plataforma denunció públicamente las decenas y decenas de adjudicaciones 'a dedo' salidas de este municipio gobernado por las nacionalistas a las cuatro mercantiles del grupo, Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Se da la circunstancia de que la interventora municipal ha emitido numerosos informes de reparo alertando al alcalde, Txomin Sagarzazu, de que esas contrataciones están fuera de la ley, pese a lo cual a cada aviso firma un decreto ordenando el pago de las facturas.
El empresario presentó una querella contra los ediles de Abotsanitz por supuestas injurias y calumnias a raíz de una comparecencia de diciembre en la que revelaron “prácticas mafiosas” del grupo Montai. Todo viene derivado de que Elorza había exigido por escrito al Ayuntamiento que se mantuvieran los contratos 'a dedo' a sus empresas. Lo hizo a raíz de que se decidió modificar la adjudicación de Navidad ante las advertencias de la interventora. “La adjudicación del servicio a Montai no es ni caprichosa ni aleatoria. En la contratación pública existe algo que es el principio de continuidad”, argumentaba Elorza, que incluso planteó la subrogación de los trabajadores afectados en caso de que no se le dieran las contrataciones que durante una década ha venido copando en un “70 u 80%”, según sus propios datos.
Este lunes, a las 9.10 horas, se había convocado un acto de conciliación en el juzgado de paz de Hondarribia. A él han acudido cargos de Abotsanitz, pero no Elorza, que ha delegado en sus representantes legales. La pretensión del dueño del grupo Montai era lograr una retractación, pero el portavoz de la plataforma, Igor Enparan, se ha reafirmado en lo manifestado en rueda de prensa y, en un comunicado posterior, su partido ha remarcado que se seguirán denunciando irregularidades. El empresario y político también reclamó mediante un burofax una rectificación a este periódico.
“Hoy hemos tenido que declarar por nuestra labor política. Y no hemos hecho sino reafirmarnos en nuestra denuncia siguiendo los principios de transparencia y buena gestión. Como responsables públicos que somos no podemos retractarnos, por responsabilidad. Es nuestra obligación ante los hondarribitarras. No permitiremos que empresas privadas extorsionen al Ayuntamiento de Hondarribia y seguiremos defendiendo la legalidad”, enfatiza Abotsanitz.
Según Abotsanitz, el grupo Montai “es el mayor beneficiario” de las “irregularidades” en Hondarribia. A tenor de los datos a disposición de este periódico, entre 2009 y 2018 las cuatro firmas de Elorza suman alrededor de 2,3 millones de euro en decenas y decenas de facturas 'a dedo'. Hay documentación que muestra cómo se ha obligado a asociaciones a contratar a estas empresas para desarrollar sus actividades en instalaciones municipales, como es el caso del auditorio Itsas Etxea. Montai ha llegado a girar una facturar por pasarle la ITV a un camión municipal.
Los contratos bajo la lupa de Montai no se quedan en Hondarribia. El grupo gestionó en régimen de exclusividad la carpa itinerante del Instituto de la Memoria (Gogora), dependiente de Presidencia del Gobierno vasco. Son más de 800.000 euros en total con algunas peculiaridades en las adjudicaciones, como la elección de Estali La Karpa como proveedora de la lona cuando era una empresa de nueva creación y sin trabajadores. Estos expedientes y otros del Gobierno vasco están siendo analizados por la Oficina de Control Económico para determinar si se ajustaron o no a la legalidad. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu prometió los resultados para esta semana.