Frente común de los Gobiernos central y vasco para salvar el traspaso a Euskadi de la homologación de títulos extranjeros

Los Gobiernos vasco y central, por un lado, y PNV y PSE-EE, por otro, han activado sendos frentes para salvar la transferencia a Euskadi de la gestión de las homologaciones de títulos universitarios obtenidos fuera de la Unión Europea. El traspaso, acordado políticamente en 2024, fue primero paralizado y luego anulado definitivamente por el Tribunal Supremo y la resolución judicial ha generado un enorme enfado en el Ejecutivo autonómico, que quería contar con esa herramienta para paliar la escasez de facultativos en Osakidetza, principalmente.

En rueda de prensa, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, y el responsable de Ciencia, Universidades e Innovación, la cartera que gestionaba la competencia, Juan Ignacio Pérez Iglesias, han cargado contra el Supremo una vez más. Incluso han deslizado que el alto tribunal se ha entrometido en un asunto de reparto competencial a instancias de particulares -colectivos profesionales de la Comunidad de Madrid- siendo eso materia del Constitucional. Ahora se analiza cómo elevar el asunto a este tribunal, aunque no parece la única vía que se activará para reconducir la situación. Esta misma semana habrá más novedades.

En todo caso, el Gobierno vasco opina que “hay muy buena sintonía” con el Estado y ha recalcado que aquí no hay un conflicto institucional. “Es interés de ambos Gobiernos que esto se pueda solucionar”, ha indicado la parte vasca. Todos los pasos que se den serán “acordados y consensuados”, ha enfatizado Ubarretxena.

La cara y ojos de esta resolución judicial son, en esencia, las 200 personas que solicitaron su convalidación académica en Euskadi en los quince días en que estuvo en vigor la transferencia, el pasado verano. La mitad, aproximadamente, son médicos. Esos expedientes estaba ya paralizados con la suspensión cautelar y ahora quedan en nada. Parecen abocados a tener que reiniciar el proceso ante la ventanilla estatal. “Y allí hay cola. Hay una cola que dura años”, ha remarcado Pérez Iglesias, que aboga por una “solución intermedia” al menos para este grupo. En 'El Correo', por el contrario, la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, ha dicho que se han reforzado los medios.

De hecho, la base de este acuerdo político era abrir una nueva ventanilla para ser más ágiles en la homologación. El Gobierno vasco ha recordado que hay decenas de extracomunitarios -principalmente mujeres americanas- trabajando en el sector de los cuidados siendo “ingenieras, arquitectas o dentistas”. Es una “pérdida de aportación” para la economía en general y para organismos concretos como Osakidetza, en particular.

El consejero Pérez Iglesias, asimismo, ha puesto sobre la mesa la aparente contradicción de que se vete a Euskadi la homologación de títulos universitarios cuando es posible con los no universitarios y, sobre todo, cuando una agencia vasca (por Unibasq) determina la implantación de titulaciones académicas en Euskadi. Asimismo, Ubarretxena ha recalcado que la unicidad del Estado no se quebraba porque Euskadi, simplemente, iba a tramitar las peticiones siguiendo los mismos criterios fijados por el Gobierno central.

Por otro lado, a un nivel más político, PNV y PSE-EE han registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco para defender la transferencia. “Hemos alcanzado un acuerdo político para que Euskadi pueda gestionar la homologación de títulos obtenidos en el extranjero, una competencia que además está incluida en el Estatuto de Gernika. Esta medida iba a agilizar la incorporación de profesionales a sectores que los necesitan, como es el de la Salud. Este inaceptable fallo del Supremo ataca al autogobierno de Euskadi y, lo que es peor, afecta al bienestar de las personas que vivimos en Euskadi”, ha argumentado el portavoz nacionalista, Joseba Díez Antxustegi.

Los socialistas, socios en Euskadi y al frente del Gobierno central, dicen “defender” la “legalidad y constitucionalidad” de la medida. “Abogamos por utilizar todos los mecanismos legales a nuestro alcance para defenderla”, ha dicho Ekain Rico. La anulación del traspaso “causa perjuicios importantes no sólo a los ciudadanos y ciudadanas pendientes de la homologación de sus títulos, que ven como ésta queda en un limbo, sino también al conjunto de la sociedad, en lo que afecta a la atención sanitaria”, ha agregado el dirigente del PSE-EE.