Los funcionarios imputados esgrimen informes de maltrato para justificar que retiraran la custodia a Irune Costumero

El actual diputado foral de Acción Social en Bizkaia por el PNV, Sergio Murillo, ha defendido la “absoluta legalidad” de sus actuaciones cuando era funcionario en el caso de Irune Costumero, a quien se retiró la custodia de su hija en aplicación del denominado síndrome de alienación parental con base en supuestos indicios de maltrato. Él y las otras tres funcionarias procesadas en el juicio que se sigue desde esta semana en Bilbao han enfatizado que se apoyaron en informes y en la normativa vigente para tomar esa polémica decisión que ha soliviantado al movimiento feminista e incluso ha motivado un pronunciamiento de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en apoyo de la madre.

El juicio ha arrancado con un intento de recusación fallido de parte del tribunal y con una declaración dura de Costumero, a quien por momentos le costaba narrar su experiencia. Le ha arropado la abuela de la pequeña. Entre los imputados, quien ejecutó de manera efectiva la separación de la menor fue Maika Urrutxurtu, quien ha negado que actuara con violencia en el momento de los hechos. Los vídeos del momento no están en la causa, según 'El País'. Los acusados no han querido contestar a las preguntas de la defensa letrada de la familia Costumero.

Este lunes ha arrancado el juicio, que tiene lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia y que se prolongará durante los próximos martes y miércoles. Los imputados se han sentado en el banquillo por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, un delito de maltrato y dos delitos de lesiones psíquicas por aplicar el falso síndrome de alienación parental para retirar, sin el permiso del juez, la custodia de la menor, por los que se piden penas de hasta 5 años de prisión y 15 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía no presenta cargos y defenderá la absolución. De hecho, en la primera jornada se ha alineado con las tesis de las defensas de los imputados.

A las puertas del juicio, un grupo de personas convocadas por el Movimiento Feminista de Arratia se ha concentrado con carteles en los que se leía “Yo también soy Costumero” y han aplaudido a la madre a su llegada. Costumero, por su parte, se ha mostrado “algo nerviosa”. “Que se haga justicia y que mi hija vuelva a casa porque no me la tenían que haber arrancado. Que esto pare de una vez y que su señoría me oiga porque soy la voz de mi hija. Ya va siendo hora, son cuatro años de espera”, ha señalado a los medios de comunicación antes de su declaración en el interior.

La directora de Infancia de la Diputación de Bizkaia, Maite Iturrate también se ha dirigido a los medios de comunicación antes de comenzar el juicio para señalar que mantienen un “total respeto” a la Justicia. “Mantenemos un total respeto a la Justicia. Las personas del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia protegen a menores que se encuentran en situaciones de desprotección grave o en desamparo. Las decisiones que se toman en este ámbito son siempre difíciles, se adoptan siempre bajo criterios técnicos y teniendo como principio la normativa vigente. Nuestro objetivo es cuidar a estos menores y siempre lo hacemos con la máxima del interés superior del menor. Adoptamos anualmente miles de resoluciones en este ámbito y siempre lo hacemos con el único objetivo de buscar lo mejor para cada niño, niña y adolescente”, ha apuntado.

Por su parte, la propia Costumero ha insistido en que le arrebataron a su hija “por un síndrome que no existe”, puesto que las razones de la Administración para retirarle la custodia fueron que “la pequeña estaba desprotegida” y que Costumero ejercía sobre ella el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), un concepto que ha sido rechazado por el Consejo General del Poder Judicial, por la Asociación Nacional de Neuropsiquiatría y, prohibido ahora por la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, por carecer de base científica, que consiste en la idea de que un progenitor (generalmente se aplica a la madre) manipula a los menores para que rechacen al otro. Según ha podido saber este periódico, desde la Diputación de Bizkaia por el momento no van a ofrecer más declaraciones de las ya otorgadas por la directora de Infancia, Maite Iturrate.

Irene Montero manda un mensaje de ánimo a Costumero

Con motivo del juicio, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha querido mostrar su apoyo a Irune Costumero y ha asegurado que a esta madre se le debe una reparación. “A Irune Costumero nuestro país le debe reparación por no reconocer su lucha protegiendo a su hija frente a la violencia machista. Urge que nuestra justicia deje de aplicar el falso SAP o derivados, como la relatora de la ONU o el Comité CEDAW nos recuerdan. Irune, no estás sola”, ha escrito en su perfil de Twitter .

Los hechos se remontan a agosto de 2017, cuando, según el auto de cierre de la fase de investigación, se citó a Costumero a fin de que acudiera al Servicio de Infancia para una reunión de las que tenía habitualmente en dicho Servicio y se le indicó que trajera a su hija, que, por aquel entonces, estaba bajo su custodia. Como el auto indica, Costumero acude “engañada” porque al llegar al lugar, le hacen pasar a una sala donde estaban presentes tres miembros de la Ertzaintza, tres miembros de seguridad privada y dos trabajadores del Servicio de Infancia. Mientras esto ocurría, prosigue el auto, una de las acusadas “mediante la fuerza física y en actitud violenta” pretende llevarse a la niña a otra sala, mientras la menor, que por aquel entonces tenía 5 años, “gritaba que la soltaran”. De manera que, la acusada, le arrebata de las manos su hija a Costumero “por la fuerza física y en volandas, estirando con fuerza del brazo de la niña”. El auto señala que los funcionarios ejecutaron una orden interna que daba por concluido el régimen de custodia compartida que había sido previamente dictado por un juez “sin que dicha resolución hubiera sufrido ninguna modificación” y, por lo tanto, “sin respetar el Fallo de una Sentencia judicial firme”.

Como argumento para no respetar la sentencia del juez, los acusados utilizaron un informe realizado por una de las acusadas, en el cual se establecían como causas para dictar la Orden Foral que aplicaron, la existencia de una “alienación marental imputable a la madre” y la “negativa de la hija a relacionarse con su padre”, que según este informe, “no queda claro si es deseo de la menor o deseo de la madre”.

Tras ese suceso, Costumero denunció a los cuatro funcionarios y, después de dos archivos de la causa, el juzgado de instrucción dictó en el auto a instancias de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que apreció indicios de delito basándose en el escrito de la acusación, ejercida por el abogado de la madre. Por su parte, la Audiencia Provincial denunció el proceder de la Diputación e imputó a la jefa del Sección de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner, a la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso, al por aquel entonces director general de Promoción de la autonomía personal, ahora diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y a la trabajadora social que ejecutó la orden, Maika Urrutxurtu.